Por Aníbal Pineda Canabal

En la foto: Mural de Kimi Pernía Domicó, líder de la resistencia embera ligada a la oposición al proyecto hidroeléctrico de Urrá.

Todavía se puede ver, en la Facultad de Ciencias de la Salud del campus central de la Universidad de Córdoba, en un patio hermoseado de mangos del Sinú “olorosos, genuinos, amables y tiernos”, un mural estropeado por la humedad y el tiempo: el mural representa a un hombre de tez marrón y cabellos largos, tocado de una pañoleta multicolor. El hombre parece estar gritando algo, pero la pintura descascarada borra del mural su cuello y su barbilla. Quien ve de lejos la pintura diría que de la boca del hombre sale un mapa. El hombre es Kimi Pernía Domicó, líder de la resistencia embera ligada a la oposición al proyecto hidroeléctrico de Urrá, que desvió el curso del Sinú en enero de 1996 y entró en operación en 2000.

A finales de 1994, cuando ya era inminente la construcción de la represa, Kimi organizó con su comunidad una despedida simbólica del río: a bordo de pequeñas balsas, más de 600 personas, miembros de la nación embera, recorrieron el río hasta el mar. Se oponían a sumergir sus tierras ancestrales y dejaban claro que no participarían del sueño fatuo de la dominación económica de la naturaleza, aunque este sueño se vistiera con el oropel del progreso. Junto a la efigie de Kimi en la pared desgastada se lee su lamento: do wabura dai bia ozhirada (adiós, río, que tanto bien nos hiciste).

En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX los valles del Sinú y San Jorge vieron llegar al capitalismo industrial y monopolista. Los primeros capitales extranjeros buscaron la explotación de la riqueza maderera y minera: franceses (como los que hoy explotan los yacimientos de gas descubiertos en el municipio de Pueblo Nuevo) y belgas establecieron la Compañía Francesa del Sinú, mientras que los estadounidenses establecieron la Geo D. Emery Co. Sin embargo, hasta principios del siglo XIX, un bosque milenario se extendía por todo el Caribe occidental: tigres, caimanes, guartinajas, carpinchos, armadillos y árboles seculares, carretos, caobas, cedros, guayacanes o dividivis poblaban las orillas de sus ríos, desbordados casi siempre durante la estación de lluvias. La explotación maderera no duró demasiado tiempo. A golpe de hacha, los hatos ganaderos se fueron abriendo paso y prosperaron gracias a la introducción de razas cebuinas y europeas y de nuevos pastos africanos, que permitieron el aumento poblacional de los bovinos y su explotación extensiva.

Esta entrada del capitalismo industrial al territorio tuvo como consecuencia que el río perdiera sus selvas y que en la región entera se modificara el bioma. El bosque seco y el húmedo dieron paso entonces a una nueva sabana donde pululaban las reses. Sobre la selva arrasada, la ganadería intensiva (celebrada, por cierto, cada junio en las fiestas departamentales) reconfiguró la geografía del agua y profundizó el latifundio por el acaparamiento de baldíos. La concentración de la tierra alcanzó hacia finales del siglo XX cifras vergonzosas: 4% de la población era dueña de más del 80% del departamento. Injusta repartición que la reforma agraria de López Pumarejo de 1936 no había siquiera enfrentado: el agronegocio antes completó el despojo del campesinado local. Los grandes beneficios económicos obtenidos en las grandes haciendas que fueron surgiendo —Marta Magdalena, Berástegui, Campanito, Pasatiempo, Morrocoquiel y muchas otras hasta El Ubérrimo— nunca se tradujo directamente en la elevación del nivel de vida de las mayorías, es decir, de los jornaleros y sus familias.

Con el crecimiento demográfico y la aparición de la empresa capitalista agraria, con la llegada de la electrificación y, en general, con los avances tecnológicos del siglo XX, las necesidades energéticas y alimentarias aumentaron. Así, lo que alguna vez fue un elemento natural con el que había que convivir, se convirtió de pronto en un estorbo: era el río que se negaba a dejar de inundar su valle, como lo había hecho desde la prehistoria. La comunidad ecológica que quedó tras la desaparición de la selva debía ser, a diferencia de esta última, una naturaleza disciplinada, un jardín de plantas a la medida de nuestra especie.

Por todos lados se levantaron entonces diques o terraplenes, se desecaron caños y pantanos, se cercaron ciénagas y sobre el hogar de las hicoteas empezaron a piafar los potros y a retozar las vacas. Y lo que no había logrado la presión demográfica, lo aceleró la llegada del conflicto armado: la violencia paramilitar profundizó la estrategia de desecamiento de humedales y de extensión de la frontera agrícola y ganadera. La hidroeléctrica de Urrá, la única del Caribe, productora de 930 GWh/año, fue entonces como el colofón de una obra “civilizadora” empezada por lo menos 150 años antes. Al prometer contener las aguas río arriba, en los meses de más alta precipitación, se vendió como la solución al problema de las inundaciones.

Con la nueva dinámica económica, creció también la resistencia y prosperó una tradición roja, liberal, feminista, libertaria y ecologista: El Boche y Juana Julia Guzmán, los rebeldes anarquistas de Loma Grande y el italiano Vicente Adamo, el Centro Socialista de Montería, la Sociedad de Obreros y Artesanos y la Sociedad de Redención de la Mujer, el movimiento estudiantil y las asociaciones comunales en favor de la vivienda popular: todos ellos y muchos más escribieron la historia reciente de la rebeldía sinuana. Pero contra el puño alzado y contra la población civil indefensa, la respuesta paramilitar fue el control territorial y 22 masacres cometidas en la zona. También Kimi Pernía Domicó fue castigado por la osadía de oponerse al progreso: desaparecido en 2001, fue asesinado por orden de Carlos Castaño y arrojado al Sinú que defendió.

En febrero pasado, un frente frío trajo copiosas lluvias del invierno septentrional e inundó los valles de Córdoba dejando a más de doscientos mil damnificados que no terminan de recuperarse del todo. La tragedia dejó expuestas las contradicciones de un modelo de desarrollo que niega la espontaneidad de la vida y persigue el sueño insensato de una naturaleza domesticada y capturada por las lógicas de la eficiencia económica. Como no toda la sociedad parece haber entendido la lección, el 29 de mayo pasado, en un conversatorio organizado por los estudiantes de derecho de la Universidad de Córdoba, un grupo interdisciplinar de académicos pidió que el Sinú fuera reconocido por la JEP, como ya es el caso del Atrato, el Magdalena y el Cauca, como sujeto de derechos y de reparación. A la facción consciente de los sectores populares queda aún la tarea de reinventar la lucha por una nueva forma de relacionamiento con su propio territorio.