Por María Paulina González Alzate

Imagen: @Alvaro_chindoy

Mientras 811 colegios están colapsados y cerca de 3.100 más están agrietados desde el terremoto del 10 de agosto, la ministra de Educación, Viviane Morales tiene otras prioridades que no son reconstruir los colegios. Anunció que encontró en los colegios la llamada “ideología de género” y prometió erradicarla. El problema es elemental: esa categoría no existe ni en la pedagogía, ni existe en ningún manual de convivencia, ni en ningún PEI, ni en ningún sistema institucional. Lo que sí existe —y lo que la ministra confunde, o finge confundir— es el enfoque de género, que es la forma de garantizar el respeto por las orientaciones sexuales de las y los estudiantes, por su identidad, y de tratar de mitigar los estereotipos, la discriminación y las violencias basadas en género. Llamar “ideologización” a la prevención del abuso y del bullying es una forma de desconocer los conceptos y las prácticas más saludables en un aula.

Hay algo que la ministra debería saber, en vez de estar saliendo en la prensa a hablar de cosas que no sabe: que hay una precarización laboral en los colegios privados, una crisis de autoridad que está haciendo que los maestros dejen de ser una figura relevante en la sociedad, más de 40 niñas y niños por aula, y, por último, una crisis de salud mental en los maestros. ¿Cómo explicarle a la ministra que hay situaciones más importantes que atender en la educación en Colombia?

En medio de todo, siempre he dicho que en ese cargo debería estar una persona que conozca las verdaderas necesidades de la educación, ¿Cómo puede dar solución a eso alguien que no haya vivido o al menos conozca en profundidad lo que vive un maestro en la ruralidad?

En campaña, Abelardo habló de que hay que sacar a Marx de la educación para meter a Dios, algo que debería inquietar a quienes valoran la educación pública como un espacio laico y plural. Revisando los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), no hay ni una sola línea que diga que se enseña a Marx en los colegios de Colombia. El “marxismo en las aulas” es una forma de decirnos que se combate lo que no existe, porque es más fácil que resolver lo que sí existe.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país dejó a cientos de miles de niñas y niños sin un lugar físico donde aprender. La destrucción no fue solo obra de la naturaleza, sino de décadas de desigualdad en la infraestructura educativa, de escuelas construidas sin criterios técnicos en los municipios más pobres del país. En eso es en lo que debería concentrarse la ministra, no en un enemigo ideológico.

Tristemente, frente a la emergencia, la respuesta del ministerio ha sido salir en ruedas de prensa a hablar de restaurar valores y principios, mientras miles de estudiantes no están recibiendo clases porque tampoco tienen luz ni dispositivos.

Mientras el país no sale del luto por las víctimas del terremoto, el ministerio sigue mostrando cuál es su prioridad de agenda, que por lo visto no es reconstruir lo público sino entregarlo. Su primer decreto —el que prepara la ministra— habla de abrirle la puerta a la privatización de la educación a favor de la iglesia, para que ella misma la administre. Esta experiencia ya la vivimos en el sector salud: aunque sigan con el nombre de “público”, en el manejo real el dinero y las decisiones quedan en manos de terceros que responden a una lógica de rentabilidad y no de derecho fundamental. El mismo Petro lo dijo: es el mismo modelo de intermediación que empobreció la salud, ahora aplicado a las aulas.

Esto no es una privatización cualquiera: el decreto habilita a las iglesias y grupos religiosos para administrar colegios oficiales. Creo que hay que recordarle a la ministra que Colombia es un Estado laico desde 1991. Ese principio no es negociable, y mucho menos a través de un decreto administrativo que evita el debate en el Congreso. Todo esto no solo preocupa a los estudiantes, sino también a las y los maestros, ya que quedarían con contratos bajo el régimen laboral privado, sin escalafón docente, sin la estabilidad de empleado público ni las garantías de décadas de lucha sindical que se han construido. Esto no va a fortalecer nada, va a precarizar a quienes de verdad sostienen la educación todos los días en el aula.

No se puede pasar por alto: la educación pública, laica y gratuita no es un favor del Estado, es un derecho conquistado que no se negocia en un borrador. Los estudiantes, las y los maestros y las familias tenemos el derecho —y ahora la obligación— de exigir que la reconstrucción del país después del terremoto se haga levantando las escuelas públicas, con maestras y maestros dignamente contratados, y no cediendo el control de la educación de nuestras niñas y niños a la iglesia, que por décadas no solo ha adoctrinado, sino que también ha abusado sexualmente de menores de edad.

La historia de este país nos ha enseñado que los derechos son conquistas que se han dado en las calles. Que sepa el ministerio que, si esto avanza, se encontrará con un pueblo movilizado: se llenarán las calles de estudiantes, maestras y maestros, sindicatos y colectivos, ya que esto no debería estar dentro del debate técnico, sino que es la defensa de un derecho que nos pertenece y que no vamos a entregar sin pelear primero por él.

La educación gratuita y de calidad se defiende