Por Juan José Uribe Bedoya

Imagen de Eulogia Merle, tomada de El País

Cada vez el horizonte de un posible fin al Conflicto armado parece más lejano en la discusión política, en especial en aquellos compromisos que deberían asumir los actores responsables de la implementación integral de lo acordado en el Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre 2016 entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Sería bueno recordarle al gobierno entrante que dicho Acuerdo cuenta con un procedimiento especial de cumplimiento legislativo y una seguridad jurídica en la Constitución Política de Colombia, a través del Acto legislativo 01 de 2016 y el Acto legislativo 02 de 2017. Esto lo convierte en una política de Estado de obligatorio cumplimiento para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Ahora bien, las normas legislativas de obligatorio cumplimiento para la implementación del acuerdo, así como de metas e indicadores que permiten hacer seguimiento a sus avances, los cuales reflejan un avance general del 57,9% en los 27 pilares y 593 indicadores que conforman el Plan Marco de Implementación, según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto; no parecen hacer parte del compromiso político del nuevo. Lo que debería traer a la discusión pública el compromiso del Gobierno con la implementación de estrategias encaminadas a la construcción de paz y la transformación de los territorios comprometidos en el Acuerdo de paz.

Esta cuestión enmarca la premisa que encabeza este artículo y remite a una publicación de El Colombiano de 1987, de la Socióloga María Teresa Uribe de Hincapié, en la que advertía sobre la deslegitimación, en el escenario político, social, económico y cultural, de los procesos de paz, tal como había ocurrido con los Acuerdos de la Uribe entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Este ciclo parece repetirse mediante una forma de gobierno con principios autoritarios como lo es la del presidente Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado la intención de desmantelar instituciones vinculadas con la implementación del Acuerdo Final y de retornar a las políticas de desconocimiento, por medio de estrategias reaccionarias frente a un conflicto inacabado y con tendencias al recrudecimiento armado en los territorios en los cuales la paz nació muerta.

La búsqueda del desmantelamiento institucional como la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, representaría un debilitamiento de la capacidad del gobierno para coordinar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo. También implicaría reducir el acompañamiento en los procesos comunitarios y a las acciones territoriales que se llevan a cabo en municipios y departamentos marcados por condiciones históricas de vulneración social. Un ejemplo de ello son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, cuya implementación ha sido paupérrima durante los últimos gobiernos. El futuro de la paz, si bien no puede ser demolida de manera express, como sueñan los enemigos agazapados de la paz, sí puede ser erosionado mediante la desfinanciación institucional y desarticulación de las capacidades administrativas.

Por ello, es necesario hacer énfasis en los impactos de la no implementación de acciones contundentes asociados al Acuerdo Final. Este ha atravesado discusiones técnicas, pero, sobre todo, profundas disputas políticas, como se evidencia en la incapacidad del gobierno de Iván Duque para avanzar decididamente en su implementación y en la distancia entre el discurso y la práctica del gobierno de Gustavo Petro frente a la finalización del Conflicto Armado.

El índice de incidencia del Conflicto Armado – IICA, establece un valor para caracterizar la situación del conflicto armado en departamentos y municipios. Para el 2023, este indicador señalaba que 81 municipios permanecían con una incidencia “Muy alta” y otros 85 presentaban una incidencia “alta”, asunto que permite concluir que, pese a las acciones territoriales, la tendencia del conflicto continúa siendo persistente en el territorio nacional.

A esto se le suman los informes y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDEPAZ), que advierten sobre el incremento de las violaciones de derechos humanos mediante hechos victimizantes como los desplazamientos forzados -15.960 entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026-, las dinámicas de confinamiento -64.787 entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026-, las masacres -80 hasta el 2 de agosto de 2026-, los asesinatos de líderes y lideresas sociales

-88 hasta el 2 de agosto de 2026-, y los asesinatos de firmantes del Acuerdo -6 hasta el 3 de agosto de 2026 -. De igual forma, se tiene presente que existen otras formas de vulneraciones que se han convertido en parte del panorama político y suelen regresar a la discusión pública durante los tiempos electorales, para, después, convertirse nuevamente en un réquiem solo para aquellos que tienen la intención de escuchar.

Es por esto y otro sinfín de razones que el presidente debería aprender a escuchar lo bueno, lo malo y lo mejorable del Acuerdo de Paz, en lugar de continuar haciendo parte de aquellos enemigos agazapados de la paz o de instaurar un nuevo frente de guerra: el cultural.

A pesar de ello, el panorama prevé el retorno de aquellas prácticas de exterminio y guerra frontal contra los grupos al margen de la ley, sin considerar de fondo las secuelas de violencia, muerte, éxodos territoriales y militarización de la vida civil. Frente a este nuevo modelo de país que será menester descifrar en sus formas, intenciones y propuestas, queda una población que trabaja incansablemente por transformar los territorios que hacen parte del escenario político mientras dura la necesidad electoral. Después, esos mismos territorios vuelven a quedar atrapados en la figura administrativa de un país al margen, o mejor dicho, fragmentado por la violencia.

Y entonces surge nuevamente la pregunta que atraviesa nuestra historia reciente:

¿Hasta cuándo?