Crisis energética: una cuestión de planificación

Por Equipo de Redacción

racionamiento
Foto: elpulzo.com

Por deficiencias en planificación y gestión financiera, el país está experimentando una crisis energética similar a la del año 1992. Con medidas a corto plazo, como campañas impositivas de ahorro de electricidad, el gobierno intenta remediarla.


“Se ha demostrado la robustez del sistema energético colombiano”. Así lo afirmó el pasado 2 de abril Ángela Montoya, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), luego de una reunión realizada entre dirigentes y expertos del sector eléctrico en la Casa de Nariño. Allá decidieron que no sería necesario programar racionamientos para afrontar la recta final del Fenómeno del Niño.

Y así –con una convicción empeñada– resaltó el gobierno esa afirmación en su sitio web, a través del cual se difundió la decisión adoptada por el presidente Juan Manuel Santos. Esto, después de haber analizado los estudios técnicos derivados de la campaña de ahorro de energía eléctrica “Apagar Paga”, que se desarrolló entre el 7 de marzo y el 1 de abril, en la que, con beneficios para unos y penas para otros, se logró disminuir en un 5% el consumo diario de electricidad en Colombia.

Sin embargo, conversaciones con representantes en Antioquia de organizaciones como Conciudadanía y Sintraisagen evidenciaron lo contrario a esa afirmación: el sistema energético colombiano, operado por la compañía privada XM, está en crisis. Y con ello se refirieron a que no se previeron las alteraciones climatológicas, ni la ineptitud en gestiones financieras, que afectan la generación hidráulica y térmica de electricidad en el país.

Origen del problema

Para Nelson Restrepo, coordinador de proyectos de Conciudadanía, la causa de la crisis energética que tuvo al país al borde de un apagón no fue el daño en la central hidroeléctrica de Guatapé ni otros imprevistos. “El Fenómeno del Niño de los años 90 evidenció que Colombia, dependiente de la hidroenergía, era frágil para responder ante la sequía. Entonces lo que está en el fondo del problema es una débil planificación”.

No obstante, el gobierno todavía no lo ha comprendido, según afirma Restrepo. Si lo hiciera, indicó, aprovecharía las épocas de lluvias. “Aquí hay unos picos, por el Fenómeno de la Niña, con una increíble cantidad de agua que podría inundar medio país pero se desaprovecha, aun sabiendo que luego viene un periodo de sequía. Habrá que establecer, a mediano plazo, cómo aprovechar esos picos para crear reservorios de agua”.

Ahora bien, ante una crisis como la actual –que por poco deriva en un apagón– se esperaba que entraran a mediar las termoeléctricas. Pero esas plantas térmicas, que deberían generar el 30% de la energía, “están en manos de fondos internacionales” y no están funcionando plenamente por problemas técnicos y financieros. “Entonces, de repente, el país pasó de ser exportador a depender de las compras de energía a Ecuador”, agregó.

Pero, ¿dónde están los recursos que se han recaudado como “cargo por confiabilidad”, para financiar la operación adecuada de las termoeléctricas cuando el agua escaseara?, ¿dónde están los 7.800 millones de dólares que los usuarios del servicio de electricidad han pagado mensualmente durante los últimos nueve años?, ¿Qué han estado haciendo los funcionarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)?

Sobre esas cuestiones no se conoce nada; todo está en investigación. Lo que asegura Restrepo es que en el país ya debería existir una planificación para la generación de energías renovables. Porque la demanda de electricidad aumenta y esta “tendrá que salir de algún lado”. Y, de hecho, desde mayo de 2014 existe una ley para promover ese tipo de energías, pero tuvieron que pasar casi dos años –hasta el mes pasado– para que el gobierno decidiera incursionar en la Guajira con la meta de empezar a generar energía eólica en 2018.

Todas esas medidas, señaló, ya serían una realidad concreta si el gobierno planificara mejor. “Los empresarios, en cambio, saben cómo va aumentando la demanda energética y van proyectando con cuál central hidroeléctrica atenderla. ¿Por qué el Estado, ya no en clave de negocio sino de continuidad de la prestación del servicio público, no planifica en el largo plazo cómo atender la demanda de energía en contextos de déficit de agua?

Privatización y pérdida de autonomía

Para Óscar Vallejo, presidente de Sintraisagen, por esa falta de planificación el gobierno ha improvisado con una política energética favorecedora de la privatización. “Desde el año 1995, cuando se empezaron las primeras privatizaciones, fue evidente que el sector de la energía iba a sufrir una crisis, porque les posibilitó a los privados comprar activos, es decir, apropiarse de las centrales de generación sin que fuera necesario que construyeran los nuevos proyectos energéticos que requiere el país”, recordó.

También sostuvo que esa forma de improvisación ha relegado la posibilidad de que en Colombia haya una política clara, y a largo plazo, en torno al manejo del sector energético. Esa es, para él, la razón de “esta crisis que nos querían negar y ocultar” y que “solamente está favoreciendo a los dueños de las empresas privadas, sobre todo extranjeras, que son las que hoy en día nos cobran la energía más cara de toda Latinoamérica”.

En ese sentido, Restrepo también advirtió que si el país continúa vendiendo sus empresas generadoras de energía a privados internacionales, terminará por ceder su potestad sobre la prestación de un servicio público: la electricidad, y el control territorial sobre los ecosistemas y fuentes de agua que abastecen los embalses. Y, así las cosas, “en una futura crisis generada por la sequía, que podría ser más o menos en unos 10 o 15 años, la solución a nuestros problemas dependería de un privado extranjero”.

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