Madres comunitarias esperan que esta vez sí se cumplan los acuerdos con el ICBF

Por Angie Heredia

madres comunitarias
Foto: Angie Heredia

Son las ocho de la mañana de un día lluvioso en Medellín y comienzan a llegar los niños recién bañaditos y aún con los ojos “empijamados”. Gladys los recibe con abrazos y los apapucha porque llegan tímidos, algunos con los labios morados y otros tiritando de frío. A las ocho y media ya ha llegado la mayoría y comienza la jornada con el desayuno. No obstante, la jornada de trabajo de Gladys comenzó a las cinco de la mañana, a esa hora se levantó, hizo el aseo de su apartamento y el del Hogar Comunitario, dejó listo el almuerzo (el de su familia y el de los niños por aparte), y revisó que todo estuviera en orden.

Como toda madre comunitaria, Gladys ha dispuesto su hogar al servicio de la educación y el cuidado de los niños, pero una de las cosas que más le indignan es que deba ser calificada por la infraestructura de su casa. “Nos bajan el puntaje -dice- si la casa no está bien pintada o si encuentran grietas en el piso, pero nunca nos dan nada para el mantenimiento. Se ahorran toda la inversión en infraestructura y a nosotras nos bajan el puntaje por cualquier cosita”.

En total son 13 los niños que atiende. Trece es el número mágico, de lo contrario se pierde lo que llaman la cobertura, y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) cierra el hogar. Gladys cuenta que algunas de sus compañeras de la Asociación el Niño Feliz en el barrio Doce de Octubre de Medellín, para alcanzar ese número han tenido que pagar, de su propio bolsillo, un transporte para traer niños desde un barrio de Bello. Explica que desde que el ICBF abrió los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), espacios de mayor cobertura y con atención especializada de sicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas, la demanda de cupos en los hogares comunitarios disminuyó. De 25 hogares que administraba la asociación a la que pertenece, seis han tenido que ser cerrados por falta de cobertura.

Pasada la bienvenida y el tiempo del desayuno, Gladys convoca a los niños a una actividad creativa, otro de los momentos pedagógicos del día. Ella es graduada en licenciatura en educación preescolar, y técnica en atención integral a la primera infancia del SENA; como muchas de sus compañeras, le debe su cualificación a la iniciativa de la misma comunidad que gestionó por la vía de Presupuesto Participativo los cupos para el estudio de las madres comunitarias de toda la comuna.

“Antes, cuando la comunidad (asociaciones de padres usuarios y madres comunitarias) administraba, todo funcionaba mejor, había mucha capacitación y acompañamiento”. Pero desde que el ICBF decidió abrir un banco de oferentes y entregar la administración de los hogares a operadores externos, la situación ha cambiado mucho. “Ya no gestionan nada, y si convocan a jornadas de capacitación, para trescientas o cuatrocientas personas al mismo tiempo; se demoran más firmando el papeleo y entregando el refrigerio, que lo que demora la capacitación”.

Alimentar 13 niños con 1/4 de libra de lentejas

Luego de las actividades lúdicas y creativas, la casa se dispone para el momento del almuerzo, un drama desde principios de este año, pues la minuta disminuyó considerablemente. “Con media libra de lentejas tengo que cocinar dos almuerzos para trece niños -afirma Gladys desconsolada-. Todo disminuyó, y hemos tenido que sacar del mercado de nuestras familias para poder hacer un almuerzo decente”. Pese a que, tal como anunciaron los medios de comunicación con bombos y platillos, la minuta aumentó en una galleta y una fruta, se desmejoró la calidad nutricional porque se disminuyó la proteína al bajar las cantidades de los granos y la carne.

Una siestecita después del almuerzo y luego los niños cantan y se alistan porque sus familiares vendrán a recogerlos a las cuatro de la tarde. Cuando todos se han ido, vuelve Gladys a su rutina: asear el baño, recoger el desorden, repasar la planeación para el día siguiente, en fin. Así termina la jornada diaria de más de 13 horas de trabajo de esta mujer que lleva 16 años trabajando como madre comunitaria, una labor que implica ser a la vez educadora, consejera, enfermera y hasta sicóloga, cuenta Gladys. Apenas desde el 2014 recibe un salario mínimo por su trabajo. De 16 años trabajados, solo durante ocho ha cotizado para la pensión, según ella por desorden y falta de claridad del ICBF.

Sin embargo, el suyo no es el caso más grave. Comenta que dos de sus compañeras tienen más de 70 años, otras son menores, pero llevan más de treinta años trabajando y lo hacen todavía porque no saben si las van a pensionar o no. Algunas se han enfermado y simplemente no las volvieron a contratar, salieron sin ninguna indemnización o garantía de pensión.

La solución que el ICBF les ha venido ofreciendo, desde 2012, es una especie de pensión vitalicia que va entre 220 y 280 mil pesos, pero la mayoría se ha negado a acogerse a ese sistema, pues considera que es prácticamente “una limosna”. Esa y otras situaciones de inestabilidad laboral han sido las causas para protestar reiteradamente: “Todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido protestando, saliendo al paro, ninguna de las garantías que hoy tenemos (como el pago del salario mínimo y la afiliación al sistema integral de seguridad social) ha sido por iniciativa del gobierno o del ICBF”, afirman las madres comunitarias.

Por eso, el pasado 4 de abril, cientos de ellas salieron a protestar una vez más en todo el país, exigiendo el mejoramiento de sus condiciones laborales y la calidad de la alimentación de los niños y las niñas. Después de 11 días de paro llegaron a un acuerdo y Cristina Plazas, actual directora del ICBF, se comprometió a “obligar a las empresas operadoras a que pongan al día los contratos y la seguridad social”, así como a firmar contratos a término indefinido y garantizar la seguridad alimentaria de los niños “con la carga nutricional que se requiere”. De igual forma prometió volver a dar prevalencia a las asociaciones de padres de familia, y hacer a un lado a las “fundaciones corruptas y politizadas que se están robando la alimentación de los menores”.

Son alrededor de 69 mil las madres comunitarias que atienden a casi dos millones de niños en el país y esperan que, esta vez sí se cumplan los acuerdos y se solucione, sobre todo, la situación pensional de sus compañeras mayores de 55 años.

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