La Memoria de Trujillo se resiente por la indiferencia estatal

Por Leidy Marcela Estrada Orozco, John Freddy Caicedo Álvarez y Andrés Felipe Ortiz Ramírez

masacre de trujillo
Foto: silviofilos-unidad-popular.blogspot.com

Cada año diversas organizaciones sociales de diferentes regiones del país realizan una peregrinación a Trujillo, Valle del Cauca, para acompañar en un ejercicio de memoria a familiares y víctimas de los hechos violentos que se perpetraron en ese municipio hace ya 25 años. Este año la peregrinación se realizó el 23 de abril con un elemento adicional: el Estado colombiano debía reconocer su culpa en la masacre y pedir perdón a las víctimas.


Memoria

Las violaciones de los derechos humanos cometidas en Trujillo, conocidas como la Masacre de Trujillo, fueron una serie de crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones sexuales, entre otros, ejecutados entre el año 1986 y 1991. El Estado, los carteles de narcotraficantes y las élites regionales constituyeron una estructura paramilitar que cobró la vida de por lo menos 344 personas, según los datos de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Trujillo, AFAVIT.

El hecho de mayor crudeza real y simbólica fue la desaparición, tortura física y psicológica, asesinato y descuartizamiento del padre Tiberio Fernández Mafla, líder espiritual y comunitario del pueblo, quien, además de denunciar los primeros asesinatos y violaciones de derechos humanos, fue ante todo la cabeza visible de un movimiento cooperativo que tenía grandes avances en diversos renglones de la economía solidaria tanto de la zona rural como de la cabecera municipal.

Pese a las condiciones de terror absoluto, hubo voces que se atrevieron a denunciar y lograron sacar a la luz pública nacional e internacional tanto horror. Según el reporte presentado este año por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las víctimas de la masacre de Trujillo presentaron en 1992 una petición relativa a amenazas, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 28 de octubre de 1988 y el 5 de mayo de 1991. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso fue radicado como 11.007 Masacre de Trujillo y el 24 de diciembre de 1994 se creó la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT).

En febrero de 1995 la CIDH resolvió acoger las recomendaciones hechas en el Informe Final de la CISVT. La séptima recomendación de dicho informe demandó “la obligación del Estado colombiano de reparar a las víctimas individualmente consideradas, así como a la población de Trujillo y a la sociedad colombiana, social y moralmente afectadas por estos hechos, de conformidad con las recomendaciones de este Informe”. El acto del pasado 23 abril tenía ese propósito y por eso la conmemoración fue encabezada por un alto funcionario del Estado y tuvo la participación de autoridades públicas, además de los familiares de las víctimas.

La Peregrinación

Normalmente la peregrinación recorre las calles del pueblo y se dirige posteriormente al Parque Monumento. El recorrido por el parque permite identificar 5 zonas que constituyen un ejercicio de memoria histórica local, nacional y continental. En él encontramos el Sendero Nacional de Memoria, los Osarios con los nombres de las víctimas, el Muro Internacional del Amor, la Ermita del Abrazo, el mausoleo del padre Tiberio Fernández Mafla y la Galería de la Memoria.

Este año la peregrinación se vio modificada por la indolente participación del ministro de justicia, Yesid Reyes, y los funcionarios públicos que lo acompañaban, quienes, lejos de mostrar una convicción de arrepentimiento, parecían preocupados por dar cumplimiento a un trámite legal.

Luego de compartir el desayuno y con la entereza de siempre, las víctimas, las organizaciones sociales y los asistentes se apostaron al inicio del recorrido; las consignas y las pancartas con las fotos de las víctimas daban fe de la esperanza que generaba el acto de petición de perdón por parte del Estado colombiano. La presencia de los medios de comunicación de las élites y las breves entrevistas a algunas de las víctimas sorprendió a algunos e indignó a otros. Sin embargo, esa presencia y esas entrevistas parecían no tener por objetivo visibilizar el proceso de resistencia de los familiares de las víctimas, sino dar protagonismo a los victimarios.

Tras su arribo al Parque Monumento, el ministro y sus acompañantes pasaron de largo a los asistentes que los esperaban y se pusieron a la cabeza de la marcha. Con gran afán avanzaron por el Sendero mirando protocolariamente las imágenes y textos, recorrieron rápidamente los osarios y se ubicaron en la mesa instalada en la planicie del Muro Internacional del Amor. Indignados y atónitos ante tal displicencia, muchos de los peregrinos sacrificaron su ejercicio de memoria y apuraron su caminar para presenciar el acto de arrepentimiento.

Mientras se escuchaban los discursos de los funcionarios públicos, los asistentes manifestaban insatisfacción no solo frente a la forma en que se estaba llevando a cabo el acto, sino porque desde hace años esperan trascender la reparación simbólica y materializar las recomendaciones sugeridas por la CIDH en términos de restitución de tierras, retorno seguro, ejecución de proyectos productivos autónomos y reconstrucción del tejido social.

Así lo manifestó el presidente de AFAVIT, quien en su discurso refirió la negligencia del Estado al no garantizar la seguridad de las víctimas y la no repetición de la violencia; muestra de ello son los dos incendios al parque, la profanación del mausoleo en 2009, el asesinato en 2013 de Alba Mery Chilito, miembro cofundadora de AFAVIT, y la masacre de la vereda Cerro Azul cometida por los Rastrojos en ese mismo año.

Un par de preocupaciones surgen luego de escuchar la intervención del ministro y de su apurada salida antes de finalizar el acto. En primer lugar, inquieta que de las 344 víctimas que reivindica AFAVIT, el ministerio de justicia solo reconoció individualmente a 107 de ellas.

Por otro lado, es claro que hay una apuesta por la burocratización de los actos de petición de perdón que, al ser registrados en los medios de comunicación de las élites, pretenden desenlodar la imagen de un Estado que no ha reparado a sus víctimas y que, además, permite que la violencia contra ellas se perpetúe.

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