La Salud Laboral es también un Derecho Fundamental

Por Hernán Gaviria Quintero

salud y seguridad laboral 2
Foto: diequinsa.com

A propósito del Día Mundial de la Salud, celebrado el pasado 7 de abril, deben quedar algunas reflexiones a los trabajadores. Definida la enfermedad laboral como “aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar” (Ley 1562 de 2012), el gobierno expidió la llamada Tabla de Enfermedades Laborales – Decreto 1477 de 2014 -, partiendo de los agentes de riesgo según la actividad u ocupación. Eso conlleva la obligación de los patronos a identificar, controlar y advertir sobre dichos riesgos.


Cada actividad, ocupación o industria comporta su riesgo, bien sea de tipo físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial, y varios, o algunos de ellos, ponen en riesgo la salud hasta desencadenar una o varias enfermedades. Hoy ese listado de enfermedades no son parte de capricho alguno, sino de las recomendaciones de la Comisión de la Comunidad Europea del año 2003.

La presencia o evidencia de un solo factor de riesgo se constituye en una causalidad de una enfermedad y es obligación mantener periódicamente actualizados dichos listados, mediciones o advertencias, bajo la responsabilidad de presentarlos en cualquier controversia o reclamación. La ausencia de tales pruebas o evidencias conllevaría a decisiones judiciales en contra del empleador, y no como ocurre ahora que dicha omisión sirve para golpear al trabajador y negarle su justa reclamación.

Estas serían consideraciones válidas en caso de controversias ante la justicia laboral o en los procesos de reclamación sobre el dictamen de origen y calificación de la enfermedad ante organismos como las EPS (Empresas Promotoras de Salud) o ante ARLs (Administradoras de Riesgos Laborales) o Fondos de Pensiones.

Pero debe ser de particular interés, en relación con la defensa del derecho fundamental a la salud, acogida por la Ley Estatutaria de Salud –Ley 1751 de 2015 – lo que se derive del riesgo en el trabajo. Como control y complemento de dicha ley, la Corte Constitucional acogió la sentencia C-313 de 2014, donde categóricamente estableció qué condiciones de trabajo no seguras y sanas violan ese derecho.

Esto es una alusión directa y una forma de acoger la Observación No.14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU: “(…) la salud no ha de ser comprendida de manera exclusiva como la facultad de goce de un determinado conjunto de condiciones biológicas que permita la existencia humana, pues esta garantía abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano”. Estas son consideraciones del artículo noveno de dicha Ley Estatutaria donde fueron incorporados los llamados “determinantes sociales de la salud”.

De esta manera se enfatiza la responsabilidad objetiva del empleador frente al riesgo, y queda claro que la no garantía de las condiciones de trabajo seguras y sanas, es decir, la no detección temprana y el control del riesgo en los sitios de trabajo, será violatorio del derecho fundamental a la salud. Como tal, se podrá buscar su protección a través del amparo constitucional como lo es la acción de tutela. Además, es una violación a los derechos humanos tal como lo aceptó la Corte en la sentencia aludida al acoger definiciones de teóricos como Carlos Lema Añón, quien advirtió que “no es muy difícil ver las intensas relaciones que existen entre la salud de las personas, la estructura socioeconómica, la justicia social y los derechos humanos”.

Los trabajadores y sus organizaciones sindicales deben convertir en una bandera de lucha política la salud ocupacional, en procura de aumentar el control sobre las propias condiciones de trabajo, entre ellas el riesgo al que se exponen, muchas veces impuesto por el patrono en contra de la voluntad del trabajador. Muchísima literatura hay al respecto, por ejemplo, en http://www.istas.net/Saludlaboral puede leerse que “la salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado [donde los trabajadores] puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad”.

La Ley de Riesgos Laborales obliga a la adopción de un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo –SGSST– como parte de un proceso que permita anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos y las afectaciones a la salud del trabajador. Esta tarea debe ser puesta en marcha por todas las empresas, grandes, medianas o pequeñas, y el plazo para ello ha sido prorrogado hasta enero del próximo año.

Ojalá la iniciativa la tomaran los trabajadores y dejaran de ser simples espectadores, como hasta hoy lo han sido, en los planes de salud ocupacional. Reclamar condiciones de trabajo seguras, sanas y un ambiente sano, es no solo defender la salud como derecho fundamental, sino que hace parte del compendio de los derechos humanos y de la justicia social. Hay que reiterar que su protección se puede invocar a través de la acción de tutela, como mecanismo más ágil que las reclamaciones ante la justicia laboral o ante la indolencia o sordera del llamado “control y queja” que debería ejercer el Ministerio de Trabajo o las Direcciones Territoriales, muchas veces cómplices de los atropellos que soportan los trabajadores. Muestra de ello son las bajas tasas de reconocimiento de la enfermedad laboral; por ejemplo, de 23.900 enfermedades derivadas del trabajo que se demandaron en el 2004 solo se reconocieron 2.497. Peor aún, en sectores como la construcción, de gran accidentabilidad y enfermedad, según la Federación de Aseguradoras Colombianas-Fasecolda, en el año 2015 solo se afectaron 27 obreros por cada 100.000.

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