Con firma de acuerdos finalizó Paro Nacional

Por Equipo de Redacción

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Foto: Congreso de los Pueblos

Luego de quince días de actividades en vías y puntos de concentración, miembros del equipo negociador de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular anunciaron este domingo la firma de acuerdos para finalizar el Paro Nacional e iniciar la negociación con el Gobierno de los puntos contenidos en el Pliego Único Nacional.


Representantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Gobierno Nacional firmaron ayer diez actas específicas y una general de acuerdos temáticos y sectoriales en Santander de Quilichao. De ese modo concluyó el Paro Nacional (Minga) que había iniciado el pasado 30 de mayo con la participación de campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros sectores populares.

Luego de tres días de negociaciones con algunos ministros y otros funcionarios se lograron acuerdos –que frenan las vías de hecho– relacionados con los siguientes puntos del Pliego Único Nacional:

  • Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial

En la Comisión de Territorialidad Campesina, en el eje de Tierras, Territorios y Ordenamiento Territorial, el acta 005 señala que el Gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. Del mismo modo, indica que el gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas (…) con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”.

Finalmente, señala que “el ministerio de agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional”, lo cual significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano.

  • Política minero-energética

En materia minero-energética, se acordó “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética”, para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria. Por otro lado, se convino la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia. Además, se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.

  • Apuestas de paz y derechos humanos

En cuestión de paz, el Gobierno se comprometió a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas. En segundo lugar, se pactó construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz. Y, en tercer lugar, se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial. La  Cumbre Agraria, por su parte, dejó constancia de que continuará exigiendo un reconocimiento similar para las guardias cimarrona y campesina

También se concertó el inicio de la  construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el Gobierno. En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, se quedó en crear una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; y se realizará una audiencia pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares donde se presente la agenda de país desde el movimiento social.

  • Movilización social

El Gobierno se comprometió a “brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país”, y a revisar procedimientos relacionados con los manifestantes judicializados y protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes.

En el acuerdo también se estableció que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades (…) movilizadas en el territorio nacional”.

Y en el acta 002 se señala que “el Gobierno Nacional se compromete a la creación de una comisión de alto nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”.

Al respecto, Jimmy Moreno, vocero de la Cumbre, precisó que para “muchos de los puntos que quedaron en esas actas de acuerdo evidentemente hay necesidad de construir unos mecanismos de seguimiento y evaluación; unos mecanismos que nos permitan tener un balance en tiempo real de cómo vienen avanzando estos acuerdos por parte del Gobierno Nacional”.

Para definir esos mecanismos, añadió, las partes en negociación programaron una reunión con el presidente Juan Manuel Santos para el 22 de junio. Igualmente, agendaron la instalación el próximo viernes 17 de junio de una mesa temática de negociación, con la participación de los ministros o viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda, así como el Departamento Nacional de Planeación para dialogar sobre el Pliego Único Nacional de relación campo-ciudad.

Frente a ello, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que “el trabajo que se pueda hacer con las comunidades indígenas y campesinas nos permitirá garantizar una paz estable y duradera acabando con la desigualdad. Falta aún mucho por hacer. Queremos avanzar de manera decidida pero a la vez seria y responsable con acuerdos que se puedan cumplir”.

Balance realmente positivo

Moreno aseguró que el balance del Paro (Minga) es positivo por al menos dos aspectos: se alcanzó reconocimiento y legitimidad de la protesta social de los mingueros por parte del Gobierno Nacional, y se sostuvo la unidad del proceso de la Cumbre, algo fundamental para la construcción de la agenda de un movimiento social y popular ligado a la ruralidad.

En ese sentido, agregó que “la Cumbre se posiciona nuevamente como un sujeto social y político que le habla al país, que plantea unos debates centrales frente al modelo, que demuestra las problemáticas de lo que es la realidad de los sectores campesinos, afros, indígenas y populares. Pero también coloca sus problemáticas, sus propuestas, sus pliegos en clave de paz”.

Eso, comentó, es un antecedente importante para generar un debate nacional en el cual los sectores sociales y populares presenten, igual que el Gobierno, su “visión de la paz con justicia social. Asimismo para demostrar que la Cumbre, como actor social y político, tiene voces y propuestas que la legitiman para participar en las decisiones legislativas que se adoptan en el Congreso de la República.

Entre tanto, Marylen Serna, integrante de la mesa negociadora de la Cumbre, advirtió que los mingueros continuarán en asamblea permanente y a la espera de avances en la negociación, porque la “hora cero de una nueva movilización la pone el Gobierno en la medida en que incumpla los acuerdos”.

“Ha habido muchas actividades durante estos días y hay actividades durante esta semana; nosotros solicitamos a las organizaciones y las comunidades que mantengan esas actividades, que mantengan esa movilización porque necesitamos que el Gobierno entienda que hay una inconformidad por el incumplimiento de los acuerdos –alcanzados en la movilización de 2013–”, sostuvo.

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