Amazonía y dividendos ambientales para la paz

Por Diana Granados

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Foto: Diana Granados

Una de las discusiones que ha emergido con bastante visibilidad a lo largo del proceso actual de los acuerdos de paz es la dimensión ambiental, tanto desde la perspectiva de las afectaciones que se vivieron por cuenta del conflicto armado como por las políticas asociadas a la economía, contenidas en los acuerdos de paz, que podrían acrecentar o desactivar los problemas ambientales. No obstante, la discusión es más profunda y tiene que ver con las disputas sobre el modelo de desarrollo y, de manera específica, con dos variables clave: la tendencia a una economía extractivista de los bienes de la naturaleza y la escasa participación decisoria de las comunidades sobre los destinos de sus territorios y todo lo que hay en ellos.

El presidente Santos ha reiterado en diversas intervenciones la importancia de “los dividendos ambientales” que traerá el proceso de paz. Subyace a este planteamiento el argumento de que la naturaleza ha sido víctima de la violencia. Uno de los programas clave que se piensa impulsar en el posconflicto es la “Visión Amazonía 2020”, que de manera general se centra en la disminución de la deforestación de la selva. Alemania, Noruega y el Reino Unido son tres de los países que colaboran con esta estrategia.

De esta manera, el gobierno está intentando situar este tipo de programas como una respuesta para enfrentar los efectos destructivos del “conflicto armado” sobre el medio ambiente. De hecho, el DNP (Departamento Nacional de Planeación) presentó en el primer trimestre de 2016 un informe que calcula en 7,1 billones de pesos por año los recursos que el país ahorraría por cuenta de la disminución de la deforestación y contaminación por petróleo y mercurio, en un posible escenario de paz. Es decir, esta cifra se corresponde con los “dividendos” ambientales que no son más que los “costos evitados” o que se evitarán por disminución del conflicto armado.

El antropólogo Juan Álvaro Echeverry explica que este tipo de programas se conectan con el mecanismo REDD+ –Reducción de emisiones por deforestación y degradación– que en gran medida se articula con los mercados de “servicios ambientales”.

Plantea también Echeverry que hasta ahora la información para los pueblos indígenas habitantes de la Amazonía es limitada y subsisten, además, serias tensiones entre estos y el ordenamiento ambiental gubernamental, por la superposición de tierras de resguardo con la delimitación de Parques Naturales, como el caso del Chiribiquete en Caquetá. Su propuesta es que dichos programas deben contar con una visión más crítica, que no reduzca la “selva a un repositorio de carbono” para el mercado internacional. También plantea la necesidad de que, en el marco de esta discusión, se tenga en cuenta la participación activa y decisoria de las comunidades que se verán afectadas por los mismos.

Un informe de la ONU y la Cooperación Alemana de 2014 sobre una paz sostenible en Colombia señala, entre otros aspectos, la debilidad de la institucionalidad ambiental en la mayoría de los municipios priorizados por Naciones Unidas para la fase de posconflicto. Igualmente, varias de estas zonas son de una alta relevancia ambiental, de hecho el 90% de los municipios priorizados cuenta con “alguna figura de protección o de regulación de su uso (del territorio y sus recursos)”.

No es de extrañar que la inmensa región de la Amazonía sea objeto de interés en el marco de la discusión sobre un modelo de “desarrollo económico sostenible”, pues la amplia zona que la compone constituye el bosque tropical más grande del mundo y, según datos oficiales, alberga al menos el 10% de la biodiversidad que se conoce en el planeta.

Aunque el análisis del gobierno señala los daños ambientales que generó el conflicto, deja un enorme vacío al no incorporar las consecuencias del propio modelo de desarrollo sobre la naturaleza. Sería importante revisar los impactos de la extracción de petróleo y minerales y sus consecuencias multidimensionales más allá de las rentas a las empresas multinacionales. Esta es una arista del análisis sobre la cual debería ahondarse para no situar las políticas ambientales del postconflicto como salvavidas al daño ambiental causado por el conflicto armado, pues en el planteamiento del gobierno estas parecieran estar diseñadas respondiendo a las lógicas del propio modelo económico.

Es posible que el gobierno esté interesado en la protección ambiental, pero lo que importa es repensar las intencionalidades de dicha protección y su relación directa con la visión de posicionar a Colombia en el mercado internacional, especialmente en las dinámicas de los llamados mercados verdes. Además, se vuelve absolutamente imprescindible repensar en todo este paquete político que conecta paz con economía y sostenibilidad ambiental, el derecho a la participación social. De hecho, el interés que pareciera impulsar el plan Visión Amazonía 2020 se centra en la protección o detención de la deforestación, pero poco se refiere a la participación y pervivencia de los pueblos indígenas que allí habitan.

El gobierno, además de los dividendos ambientales de la paz, también se ha referido a un sector que, considera, será beneficiado enormemente: el turismo. Quien conoce Leticia, sabe que en cada calle, al menos de la parte céntrica de la ciudad, hay una agencia de turismo. Habría que evaluar los impactos de este rubro sobre la economía de la región. Lo que sí es cierto, y se puede comprobar, es que en gran medida muchos de estos circuitos están conectados con una expropiación simbólica y económica de algunos territorios de la selva. Y, por supuesto, sería clave, como lo sugiere Echeverry, revisar los niveles de participación del programa Visión Amazonía y su relación con todo el desarrollo del turismo en la región. Proteger la Amazonía también implica proteger a sus habitantes y proveer circuitos y mercados económicos que garanticen su pervivencia en los territorios de los que son dueños legítimos. A propósito: ¿Alguien sabe de quién es la Isla de los Micos, situada a escasos kilómetros de Leticia? y ¿Alguien sabe qué hace el hotel Decameron allí, mientras los turistas pagan propinas a algunos indígenas para hacerse la foto con sus trajes tradicionales en una esquinita de la isla?

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