El drama de las comunidades en el Jarillón del río Cauca

Por José Miguel Marulanda

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Fotos: Mauricio Villegas

En 1985 la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) construyó la represa de Salvajina para regular las aguas del río Cauca. Desde entonces esta misma entidad, junto con las autoridades municipales, canaliza las aguas de los afluentes que bañan a Cali por medio del Jarillón, ubicado en el oriente, el cual es una barrera de tierra que construyó la CVC en los años sesenta para evitar que el río Cauca generara inundaciones en la ciudad. Desde finales de los años 80, cientos de familias pobres y desplazados por la violencia comenzaron a asentarse sobre la franja de 17 kilómetros de largo por 60 metros de ancho que mide esta construcción.

Durante más de 25 años, ante la ausencia de alternativas, las autoridades municipales permitieron que miles de ciudadanos construyeran sus viviendas en este lugar. La dimensión social de esta problemática se refleja en las cifras de la Procuraduría General de la Nación, según la cual allí han vivido cerca de 5.953 familias con más de 1000 unidades productivas.

En la administración del exalcalde Rodrigo Guerrero (2012-2015) se habló de un estudio que decía que el Jarillón tenía seis puntos críticos y que, de no realizarse obras de reforzamiento del lugar, este dique podría romperse y causar una grave tragedia en Cali. Desde entonces las familias asentadas en el lugar comenzaron a vivir un drama que hoy no termina.

Plan Jarillón

El proyecto Plan Jarillón de Cali comenzó en el año 2012, pero fue en 2015 cuando estalló una enorme problemática social, producto de los desalojos que inició la administración municipal en contra de los habitantes, particularmente los del sector Venecia-Las Vegas. El argumento era que iban a realizar las obras para evitar la potencial ruptura del dique que afectaría 10 comunas y que dejaría sin agua potable al 75 por ciento de la población.

Las más de 600 familias que vivían en el sector de Venecia-Las Vegas nunca se negaron a trasladarse del lugar ni se opusieron al reforzamiento de la estructura; lo que le pedían al alcalde de entonces era que se hiciera un reasentamiento de las familias junto con las unidades productivas, para poder continuar con sus vidas de manera digna.

2015, año de violentos desalojos

Durante este año, cientos de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD), agentes de la institución y decenas de retroexcavadoras, participaron en la expulsión de las familias, compuestas por personas de la tercera edad y niños. Esto sin importar si había o no planes de reubicación, tal y como se los habían prometido.

Los ciudadanos que han vivido en el Jarillón siempre han sostenido que las propuestas que les han hecho no son dignas, que en ellas no se les reconoce su patrimonio y mucho menos las unidades productivas que han levantado con sus propias manos.

Cuando se presentó el último desalojo durante la administración Guerrero, ocurrido en junio de 2015, muchas familias se quedaron en la calle e incluso denunciaron que la reubicación prometida era desplazarse a unos pequeños apartamentos, también en el oriente, en donde no podrían trabajar en sus unidades productivas.

Desde entonces no se habían presentado estos operativos policiales, lo que junto a las promesas de no desalojo a la fuerza del alcalde electo, Maurice Armitage, los tranquilizó y motivó a trabajar en Mesas con la nueva administración Municipal.

Se reinicia la embestida con la nueva administración

El 13 de octubre marcó el reinicio de los violentos desalojos. El alcalde Maurice Armitage incumplió su promesa de campaña y les envió al ESMAD, las retroexcavadoras y cientos de trabajadores para sacarlos a la fuerza. Según el mandatario, ya se les habían ofrecido ayudas que llegaban hasta los 48 millones de pesos y explicaba que ello era suficiente para irse. La comunidad ha respondido señalando las irregularidades en el reasentamiento de las familias: que el dinero prometido ha sido poco y que los proyectos de vivienda ofrecidos por la administración son insuficientes, y, sobre todo, que no contemplan el traslado de las unidades productivas.

Las familias lo que han reclamado a las autoridades son planes serios de reubicación, no subsidios ni dineros que, en su opinión, no corresponden a lo que han construido. La gente del lugar ha considerado que la nueva administración los engañó al establecer Mesas de Trabajo que al final terminaron en versiones distintas sobre lo sucedido.

La Alcaldía asegura que todo se ha hecho correctamente y no se le han violado los derechos a nadie. Pero una cosa muy distinta piensan las familias que han visto derrumbar sus viviendas sin tener la menor posibilidad de emigrar a algún lugar digno.

Desalojos y resistencia

Fui testigo de cómo les lanzaban las cosas a la calle a las familias, sin ningún cuidado y respeto, cómo tumbaban los ranchos y las viviendas de concreto, cómo las lágrimas de desconsuelo contrastaban con la frialdad de los funcionarios de la administración municipal.

Como una acción de retaliación por la resistencia de las comunidades del sector de Venecia-Las Vegas, los operarios pagados por la administración municipal se ensañaron contra la propiedad de la dirigente barrial Jakeline Ariza: días enteros se dedicaron a no dejar en pie su casa. Ella aseguró que no se marcharía hasta que el alcalde Maurice Armitage le diera las garantías para irse a otro lugar con sus pertenencias, pero el burgomaestre afirmó, ante las cámaras de Pazífico Noticias, que él no le daba garantías ni a su esposa.

Hoy se ven niños que, junto a sus padres, buscan, día a día, un techo donde vivir; hay familias encadenadas a las puertas de sus casas para evitar que sean demolidas, pero también hay un firme propósito de continuar la resistencia social.

A pesar de los oprobios que han sufrido, la organización comunitaria se ha fortalecido con la solidaridad del sindicalismo valluno y de otros sectores sociales, su espíritu se ha mantenido firme y el deseo de defender su patrimonio está más intacto que nunca. Ahora esperan emprender acciones legales y de movilización social que les permitan una vivienda digna y una supervivencia económica.

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