Desalojos y resistencia en la Nueva Jerusalén

Por Jorge Arboleda Pino

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Fotos: Cortesía comunidad de Nueva Jerusalén

Después de cortarles la posibilidad de habitar en varios lugares del departamento, varias familias logran un asentamiento humano ubicado al noroccidente del barrio París, el cual inicia en la finca el cortado, sector llamado los cosecheros, y llega en sentido sur norte has el sector llamado Torre 11, en límites con el predio del hospital mental de Antioquia. Son en total 60 hectáreas, propiedad del municipio de Medellín, aunque en jurisdicción del municipio de Bello.

El Cortado, es un terreno de aproximadamente 60 hectáreas ubicado sobre la quebrada La Loca, que limita al suroccidente con el barrio parís, al suroriente con el barrio La Maruchenga y al norte con predios del Hospital Mental de Antioquia y algunas fincas particulares, entre ellas La Palma, famosa en el sector y conocida por sus habitantes como “la finca de Don Berna”. Al menos 2.500 personas que viven allí son víctimas permanentes de amenazas, actos de intimidación y agresiones por parte de varios grupos, incluido el Estado.

La situación de El Cortado es alarmante, su riesgo va desde crisis ambiental, zona insalubre, alto riesgo de deslizamiento y hasta peligro inminente de incendio a causa de un tubo de Ecopetrol que pasa por allí y ha sido perforado múltiples veces por parte de los grupos armados para vender su gasolina.

Además, existen las llamadas “frontera invisible” oimg-20170112-wa00091 imaginaria que delimitan el espacio público transitable en medio de las zonas dominadas por un grupo armado al margen de la ley, que se disputa con otros la extensión del territorio bajo su control. Por eso muchos niños y jóvenes se abstienen de ir a la escuela o al colegio.

La población de estos sectores es, en gran medida, desplazada por la violencia de otros territorios. A veces la diversidad de origen genera también conflictos que agudizan la violencia. En tanto, la fuerza pública solo hace presencia para efectuar los desalojos.
La problemática se amplía cuando se observan las rutas o caminos de tránsito, puesto que al lugar se llega a través de transporte público o particular, pero solo hasta el sector de los Sauces, el resto del camino hay que hacerlo por trochas o, en el mejor de los casos, hay sectores que cuentan con escaleras de concreto hechas por la misma gente. El tiempo de traslado a la carretera desde la parte central del sector cosecheros es de aproximadamente 30 minutos, en tiempo de verano.

El sector de Nueva Jerusalén se puede comunicar con el barrio París a través de diversas trochas. Existe una carretera única destapada para ingresar al sector, la cual parte del sector el Cafetal y que llega cada uno de los sectores; en invierno, sin embargo, presenta el mismo inconveniente que las trochas y los carros se quedan atrancados; muchos también se han volcado cuando intentan salir del pantano.

Existe un corte total de los servicios públicos, por parte de las empresas prestadoras de estos servicios, especialmente la falta de agua potable en gran parte de La Nueva Jerusalén. Además, la tubería del alcantarillado está muy sobre puesta y los vehículos que por allí circulan la parten frecuentemente. Entonces las aguas negras bajan por los senderos y caminos como si fuera parte natural del paisaje, creando una preocupante situación de salud pública, sin que el Estado tome cartas en el asunto.

Como si lo anterior fuera poco, el pasado 12 de enero, la fuerza pública llegó al sector, usando fuerza desmedida, según denunciaron los habitantes, para desalojar nuevamente a 170 familias de las 5.000 que allí habitan. La gente resistió, pero con un saldo de diez heridos, entre ellos menores de edad, adultos mayores y mujeres en embarazo.

Las razones que presentó el alcalde encargado del municipio de Bello, con relación al desalojo, fueron las siguientes: la misma comunidad presentó una acción de tutela para que más familias no se asentaran. Por ende, el alcalde dice estar obligado a acatar la sentencia del juez. Antes había enviado un grupo interdisciplinario que realizara el acompañamiento respectivo a estas familias, con el objeto de minimizar los traumatismos que se pudiesen causar. Ahora les ofrece un subsidio de arriendo que ya está disponible en la alcaldía del municipio.

img-20170112-wa00111Sin embargo, los habitantes, después de varios desplazamientos que han tenido que soportar, lo que le piden al Estado es la legalización de sus predios o una reubicación. Si el fundamento es el alto riesgo, entonces la directriz a seguir es la reubicación inmediata en una casa digna y no un auxilio de arrendamiento paupérrimo de $250.000 mensuales por 3 meses. También alegan que el municipio no agotó los recursos antes de ejecutar tal medida policiva, pues en el sector no hizo presencia un grupo de geólogos que presentara un informe de suelos; tampoco se hizo presente la Personería, ni funcionarios de la oficina derechos humanos, entre otros. Todos ellos se dejaron ver solo en el momento del desalojo.

Dicen los habitantes del sector que se sabe de algunos recursos que están destinados para el asentamiento, pero lo único que ha llegado allí y de inmediato es la fuerza arbitraria del ESMAD, el grupo de apoyo de la Policía Nacional, militares del Batallón Pedro Nel Ospina y algunos civiles que hacen inteligencia. También dicen que no permitirán un nuevo desplazamiento, ni que el Estado corte sus sueños de la misma manera que ha cortado la posibilidad de una vida digna en este sector, donde no hay un hospital, una institución educativa estable, entre otras instituciones, pero sí una presencia permanente de la fuerza pública.

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