Campaña Paramilitar contra la Paz

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Ilustración tomada de: http://www.sul21.com.br

Por Ruben Darío Zapata Yepes

Este año ha comenzado con el proceso de desmovilización de la guerrilla de las FARC, a lo cual debe seguir la implementación de los acuerdos alcanzados en 4 años de negociaciones y tras el fracaso del plebiscito para refrendarlo. Al tiempo, se han iniciado las negociaciones públicas entre el gobierno y el ELN. Todo podría augurar un buen panorama para la paz en Colombia, pero dicha esperanza se ensombrece tras una ola de asesinatos de líderes sociales, a manos de grupos paramilitares, que se desplegó desde el momento mismo en que se dieron los acercamientos entre las guerrillas y el gobierno de Santos. Eso revive el recuerdo del exterminio de la Unión Patriótica a finales de los años ochenta y principio de los noventa, cuando fueron asesinados más de 6.000 militantes de este partido.

Según Otto Higuita, vocero del Movimiento Marcha Patriótica en Antioquia, entre las cosas que más preocupan frente a este fenómeno es la falta de unanimidad por parte de los voceros e instituciones directamente responsables de la protección de la vida. El ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, por ejemplo, ha negado que exista el paramilitarismo; además, junto con el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, han negado la sistematicidad de los crímenes. “Eso genera desconcierto e incertidumbre, porque sus lecturas le quitan contundencia y eficacia a las denuncias. Además, produce efecto en las fiscalías, la procuraduría y todas las instituciones del Estado en las regiones que deberían emprender las investigaciones”.

Según las cifras de Marcha Patriótica, hasta 2016 iban 117 miembros de la organización asesinados, desde el momento de la creación del movimiento en 2012. Y en lo que va corrido del año la cifra supera los 130. Esos asesinatos tienen una característica: son líderes que han hecho parte como fundadores de las asociaciones campesinas ligadas con Marcha. “Está el caso, por ejemplo, de William Castillo, asesinado el 7 de Marzo del 2016 en el Bagre, fundador de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco- Aheramigua. Él desempeñaba una labor muy importante en esta zona, no solamente en el impulso de los acuerdos sino en su implementación”.

Amenazas a la implementación de los acuerdos

Un caso más reciente es el de José Gilmer Cartagena, de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas. Era un líder campesino que venía impulsando todo el punto cuatro de los acuerdos y el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Lo desaparecieron el 10 de enero entre Saisa y Carepa, después de salir de una reunión de la Asociación. “El suyo -dice Higuita- fue el típico asesinato de un líder político: con amenaza, persecución, desaparición, tortura… Es la forma de enviar un mensaje bastante terrorífico hacia la comunidad y las asociaciones campesinas”.

Al entierro de José Gilmer asistió una multitud, entre la que se encontraban amigos y compañeros de la asociación campesina, de Marcha Patriótica y de otras organizaciones. De regreso hacia sus lugares de origen, en el sur de Córdoba, el bus en el que viajaban fue parado por un retén paramilitar. Allí recibieron la advertencia de que ellos (los paramilitares) continuarían con la campaña de asesinatos contra quienes estuvieran involucrados en el asunto de la implementación de los acuerdos, especialmente en la restitución de tierras.

El 24 de enero, fue asesinado en el municipio de Montelíbano, Córdoba, el dirigente de Marcha Patriótica, Hernán Agames, junto a tres personas más que lo acompañaban. Y ese mismo día, en horas de la tarde, circuló en el departamento del Valle del Cauca un panfleto firmado por las Águilas Negras, las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Gaitanistas, amenazando de muerte a los defensores de los acuerdos con las FARC, a las víctimas del conflicto y a integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, muchos de ellos con nombres propios. Ya a finales del año pasado habían empezado a circular en dicho departamento amenazas de este tipo contra los promotores de las movilización en favor de los acuerdos después de la victoria del No en el plebiscito del 2
de octubre. En uno de esos comunicados se señalaba directamente a Marcha Patriótica como brazo político de las FARC y al Congreso de los Pueblos y la Mesa Social para la Paz como influenciadas ideológicamente por el ELN.

Según han manifestado diversos voceros de Marcha Patriótica, hay en este momento un avance de las estructuras paramilitares para copar territorios abandonados por las FARC en el proceso de concentración en las zonas de transición. Además, como afirma Otto Higuita, la estrategia pone seriamente en riesgo la implementación de los acuerdos en las regiones.

Ya han hecho una serie de amenazas y están ubicando a las organizaciones campesinas que
van a ser, en parte, las responsables de la implementación en los territorios. Gilber y estos
otros líderes campesinos asesinados eran muy activos en esas tareas”. Son las comunidades las que están asumiendo la implementación de los acuerdos en sus territorios, y, al mismo tiempo, son las que han vivido el conflicto de una manera más directa.

Lo que encontramos aquí, según Higuita, es un mensaje político clave y gravado en estas muertes: acabar con las organizaciones que soportan la construcción de estos movimientos sociales y políticos que están renaciendo en el país. Eso es justamente lo que hicieron con la Unión Patriótica en su momento y con el Frente Popular y el movimiento A Luchar.

Contra la apertura democrática

Y es que en la medida en que avanzan los diálogos y los acuerdos, las asociaciones y los movimientos sociales van asumiendo el reto. En esa medida parecen arreciar también las amenazas y los asesinatos de líderes sociales. Y eso configura, según Higuita, una estrategia de contención a través del terrorismo, miedo, desplazamiento, y el exterminio de los líderes en las zonas.

“Entre los acuerdos logrados en función de una apertura democrática –explica Otto– están las 16 curules o inscripciones especiales y territoriales de paz, destinadas precisamente a las zonas más golpeadas por el conflicto armado y social. Por eso, al eliminar a estos líderes, que serían los que tendrían las características para encabezar algunas de estas representaciones en estos espacios, también le quitan eficacia al acuerdo”.

La intención parece apuntar hacia la eliminación de todo líder campesino que tenga ascendencia en las organizaciones políticas. “Así se va quedando huérfano de líderes el movimiento social en el campo y se elimina la posibilidad de curules para las organizaciones que defienden sus territorios”.

Todo esto ocurre ante la total indiferencia del gobierno y prácticamente de todas las instancias del Estado. Seguramente se van a generar unos mecanismos concretos de protección para las delegaciones que están encabezando los diálogos. “Pero el problema no se resuelve allí. Subsiste y se agrava en las bases campesinas, en los movimientos sociales y políticos donde radica la posibilidad efectiva de implementación de los acuerdos”.

Respuestas a la coyuntura

Hasta ahora el movimiento social ha venido enfrentado la realidad de exterminio de la manera en que históricamente se ha hecho: con denuncias, comunicados a la comunidad nacional e internacional, movilizaciones, etc. Además de la interlocución con las instituciones para exigir mecanismos efectivos de protección a la vida de los activistas y líderes sociales. Con todas esas actividades se intenta emitir una alerta hacia la sociedad civil para que sea proactiva y asuma su responsabilidad en la defensa e implementación de los acuerdos. Pues al final estos tienen que ver con cambios y transformaciones que afectan a la sociedad en su conjunto.

“Nosotros decimos -insiste Higuita- que si la sociedad colombiana no acompaña y no se apropia de estos acuerdos, no solamente es posible que se repita una situación como la masacre de la UP sino que vivamos un retroceso grave en términos de derechos humanos y participación política, aparte de la agudización de las desigualdades sociales y económicas.

Por eso la idea es que mayores sectores de la sociedad civil se involucren en la defensa e implementación de los acuerdos, no solo los que se firmaron entre el gobierno y las Farc sino también los que surjan de las negociaciones con el ELN. Así el proceso trascenderá la simple negociación entre el gobierno y las insurgencias y podrá convertirse en un verdadero acuerdo nacional en favor de la paz con justicia social”.

Esta intención puede asumirse como el despertar de la conciencia de la sociedad civil sobre
la importancia del actual momento histórico. El movimiento social, sin embargo, reconoce que se trata de un proceso a largo plazo, enfrentado a una campaña de asesinatos que destroza a corto plazo la organización social y las esperanzas que anidan en ella. De hecho, los resultados del plebiscito del 2 de octubre muestran el estado de esa conciencia, manipulada durante décadas por la derecha y la ultraderecha desde la mediatización vulgar de la realidad política. Eso obliga a la pregunta sobre las condiciones en las que hoy se intenta despertar la conciencia, una lucha desarrollada en el escenario donde la élite de este país ha logrado mayores éxitos en los últimos años.

Según Higuita, sin embargo, hay que partir de la idea de que la sociedad civil no es un ente abstracto, unificado en torno a algo. La política también es dinámica, y eso indica que el actual estado de cosas no tiene porque porqué mantenerse necesariamente. Y aunque la transformación de la conciencia es un proceso de largo plazo, no hay que olvidar que lo que se tramita hoy es el fin del conflicto armado, pero el conflicto social y política político sigue vivo. “El movimiento social y las organizaciones del campo democrático tienen que seguir tramitando las luchas sociales, políticas, culturales e ideológicas en términos de las luchas históricas. Para ello tiene que ser consciente de las condiciones en que esa lucha se desarrolla hoy, sin volverle la espalda a los objetivos concretos”.

La implementación de los acuerdos en la agenda política

Hace poco despegó la campaña por la presidencia para 2018 en algunos partidos políticos. En el caso de la Alianza Verde, partido al que Higuita considera en el espectro de las luchas democráticas, sus líderes Claudia López y Navarro Wolf han puesto en el centro de su campaña una Alianza Nacional contra la Corrupción. Este es un asunto que preocupa a Marcha Patriótica y a otros movimientos en favor de la paz como resultado de los acuerdos negociados. Según los análisis de Marcha Patriótica, al movimiento social se le plantea la siguiente pregunta: ¿Qué va a estar en el centro de la agenda política del país y en los programas de gobierno? ¿La lucha anticorrupción o la implementación de los acuerdos?

“Para Marcha Patriótica la prioridad es la implementación de los acuerdos. Esto sería lo que permitiría materializar avances concretos hacia la paz (restitución de tierras, gran inversión en el campo, el reconocimiento de las comunidades, el tema de las víctimas, la apertura democrática, etc.). Si se impone un programa de gobierno con una agenda centrada en la lucha anticorrupción, ¿en dónde queda la implementación de los acuerdos?”.

De hecho, en los acuerdos mismos está implícita la lucha contra la corrupción, en propuestas de gobiernos para la transición o gobiernos para el cambio. Aquí lo que se reconoce es que la corrupción es un fenómeno connatural a un sistema que promueve el enriquecimiento privado en contra del bienestar general, que impulsa el egoísmo y la competencia en vez de la solidaridad.

“Nos parece irresponsable –concluye el vocero de Marcha Patriótica–, desde el punto de vista ético, decir que ya hay que ‘chuliar’ el tema del fin del conflicto, como si fuera un problema superado cuando están asesinando líderes campesinos y de otros procesos y movimientos. Por eso la lucha por defender la vida se convierte en una tarea fundamental, porque sin vida no hay nada y eso volvería trizas los acuerdos, porque desconoce la oposición y pasa por encima de la vida del contrario. Por eso creemos que hay que promover alianzas democráticas que pongan la paz como prioridad y se comprometan con la implementación de los acuerdos para lograr transformaciones que realmente mejoren la vida de la mayoría de colombianos”.

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