¿Para qué una nueva operación Orión en Medellín?

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Foto: Mario Zamudi

Por Rubén Darío Zapata

Las cifras de asesinatos en Medellín han venido creciendo durante los tres últimos años, como resultado de las disputas por el control del territorio y de los negocios legales e ilegales entre estructuras herederas del paramilitarismo y que muchos han optado por llamar Bandas Criminales-Bacrim. En lo que va corrido del 2017, la cifra ha superado los 300 muertos, 55 de ellos caídos en una escala de terror que dominó el mes de julio. Ante esta realidad y ante la proximidad de la visita del papa Francisco, algunos concejales de Cambio Radical y del Centro Democrático lanzaron la propuesta de una intervención militar en Belén Altavista, uno de los epicentros del conflicto, de la envergadura y con el modus operandí de la Operación Orión, que se desarrolló en la comuna trece en octubre de 2002. Aunque la propuesta fue rechazada por el alcalde, ha generado una acalorada controversia y obliga a preguntarse qué es lo que pasa en Medellín y qué hay detrás de la apelación a una nueva operación Orión.

Estrategia de cogobernabilidad

La pregunta obligada es cómo se mantienen operando estas estructuras armadas durante tanto tiempo en la ciudad, a pesar de lo evidente y ruidoso de su accionar y de toda la inversión que realiza la administración y el país en materia de seguridad. Según Max Yuri Neira, investigador social reconocido en la ciudad, una posible explicación para esto tiene que ver con el aprendizaje de estas organizaciones después de lo ocurrido con el Cartel de Medellín. Desde entonces ellas saben que no hay que enfrentar al Estado, que ni siquiera el Cartel, siendo tan poderoso, pudo ganar la confrontación contra el Estado. Entonces han preferido mantener su accionar delincuencial sin confrontar el poder establecido, y ello les ha permitido medrar en los territorios con cierta tranquilidad.

Pero la pregunta no sería tanto por qué estas bandas no enfrentan al Estado, sino por qué el Estado no las enfrenta, siendo este uno de sus deberes constitucionales para garantizar la paz y la tranquilidad en los territorios. “Es que estas estructuras armadas -responde Max- además vinieron al mundo con la complicidad de altos funcionarios del mismo Estado, sobre todo de la Policía y la Fiscalía, que en principio fueron un soporte del cártel y que luego establecieron una estrecha alianza con los Pepes, para derrotarlo. Por otro lado, son estas bandas las que mantienen el orden social (tal como ellas lo conciben) en los barrios y en el centro de la ciudad”.

Para Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE, la persistencia de estas estructuras ilegales tiene que ver sobre todo con el predominio de una doctrina militar contrainsurgente, que le ha permitido a sectores de la fuerza pública y de la élite política y económica acudir a estructuras ilegales como una forma de control social y político. “Y ese no es un problema de Medellín sino de Colombia -explica Adriana-. Por eso hoy tenemos un grupo como las Autodefensas Gaitanistas, que se mueve en una zona como el Urabá, con un fuerte control militar a través de la brigada XVII, y que sin embargo actúan con total impunidad. Y no solo allá sino que se desplazan a otros pueblos, a otros departamentos y tienen incidencia en muchos ámbitos”.

En lo que respecta a Medellín, tanto Adriana como Max insisten en algo que parece ya vox populi, aunque toda administración se niega a reconocer: “que durante los últimos 3 lustros los gobernantes de esta ciudad y este departamento se han hecho pasito con estas estructuras, en la medida en que bajan los índices de homicidio. Solamente actúan cuando hay problemas entre ellas y estos índices empiezan a subir. Pero es una actuación que no rompe esa estrategia de cogobierno que sigue existiendo en la ciudad”.

¿Qué pasa con el fortalecimiento de la seguridad?

Otra pregunta que surge aquí es cómo se ha logrado legitimar el discurso de la seguridad, invocando todo el tiempo la necesidad de mayor inversión para garantizarla, al mismo tiempo que se paraliza la acción contra la delincuencia organizada. Según Max, lo de la seguridad, no solo en Medellín sino en el mundo, hoy no pasa de ser un discurso para justificar otras necesidades del poder. “Lo que hay detrás no es la intención de brindarle seguridad a la ciudadanía sino de mantener el control social, por eso el asunto de las cámaras por toda la ciudad y las interceptaciones telefónicas y a toda la vida privada”.

Es aquí donde justamente estas estructuras armadas resultan tan funcionales al establecimiento. “Y es que siempre creímos en la incompatibilidad entre delincuencia e instituciones, asumiendo que a mayor presencia de estas disminuiría la delincuencia y la ilegalidad. Pero lo que estamos comprobando es que pueden cohabitar y fortalecerse mutuamente, que la ilegalidad y la legalidad se hermanan en una institucionalidad que se impone como propósito el control social, por encima incluso del respeto a los derechos humanos”.

¿Que hay detrás de la propuesta de una nueva operación Orión?

“Yo creo -dice Adriana Arboleda- que en el fondo lo que hay es un sofisma de distracción. De entrada es bien dicente que quienes hagan la propuesta sean integrantes de Cambio Radical y del Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe Vélez, quien autorizó y ordenó la operación Orión”. Según Adriana, estos sectores acuden a la típica estrategia de acabar con la violencia mediante la militarización de los territorios y cargándole a las comunidades todo el peso.

A juicio de esta investigadora y defensora de los derechos humanos, lo que quieren quienes han realizado la propuesta es mostrar que tienen un gran compromiso con la persecución de la criminalidad y en aras de la pacificación, porque hoy eso da réditos políticos. “El uribismo está empeñado en generar miedo, en mostrar que el país está en un caos absoluto, y que por tanto tiene que haber un compromiso con la seguridad, porque siempre han asimilado seguridad con militarización. Como la idea que ellos siguen vendiendo es que la operación Orión fue exitosa, un milagro de paz como ellos dicen, quieren vender la idea con esta propuesta de su compromiso con la paz”. Ello constituye, además, según Adriana, una afrenta a las víctimas de la operación Orión, que se planeó con la alianza entre sectores del establecimiento y estructuras paramilitares, y dejo cientos de desaparecidos y miles de violaciones a los derechos humanos.

Persistencia de un proyecto contrainsurgente

En Medellín, las milicias insurgentes fueron derrotadas con una alianza muy fuerte entre la fuerza pública y los paramilitares. Por eso, explica Max, hasta ahora estas estructuras criminales, aunque con un fuerte pasado paramilitar, se han dedicado sobre todo al control de los negocios, del microtráfico de drogas y de armas. Pero mantienen una herencia paramilitar que se expresa en algo así como un gen contrainsurgente, por eso le sirven para combatir todo lo que parezca sospechoso de revolucionario y ponga en cuestión su proyecto económico y político. “Solo que hoy no no lo hacen desde los asesinatos y la violencia evidente, sino desde la amenaza y todo el control de la vida cotidiana en los barrios. Así, el proyecto contrainsurgente se mantiene, pero sin perjudicar a la institución con las grandes cifras de asesinatos o desaparecidos”.

No pude negarse, según Max, que la gran cifra de asesinatos en la ciudad en el último tiempo involucra más a combatientes de las bandas que a líderes sociales o a militantes de o excombatientes de la insurgencia. “Pero su demostración de fuerza, su posicionamiento en el territorio y su disputa por el poder local sí son una serie amenazas para el proceso de paz, pues recuerdan lo que les pasó a la UP, ¡A Luchar! y al Frente Popular cuando empezaron a avanzar en la conquista del poder local a partir de la misma legalidad”.

Esto recuerda que en 2015 se hizo ver en los medios de comunicación un grupo paramilitar, comandado por alias Pantera, al frente de más de 2000 hombres equipados con armas sofisticadas y preparados para una guerra larga. Según Pantera, estaban patrocinados por sectores importantes de la fuerza pública, grandes empresarios y reconocidos políticos, con la misión de impedir la entrada de los desmovilizados de las FARC a la ciudad. Aunque esto no trascendió en los medios, según Adriana Arboleda es un hecho que estos grupos no quieren presencia de reincorporados de las FARC y de ninguna insurgencia en los territorios. “No ha pasado nada es porque las FARC tampoco ha llegado a las ciudades”.

No hay que olvidar, sin embargo, advierte Adriana, que cuando algunos de los primeros presos políticos liberados como resultado de los acuerdo llegaron a esta ciudad, inmediatamente hubo amenazas, incluso se realizó un atentado contra uno de ellos. “En la medida en que empiecen a llegar y se instalen, con toda seguridad serían objeto de agresión. Esto se explica por los intereses sociales y políticos, además de los económicos, que los hace renuentes a permitir la llegada de personas o grupos que pongan en cuestión esos intereses”.

Por lo demás, en Medellín sigue habiendo un movimiento social muy fuerte, que ha avanzado independiente de las negociaciones en la Habana, con su propia agenda de lucha, aunque ha buscado aprovechar las oportunidades que se abrieron con el acuerdo. En la medida en que los dirigentes sociales se han metido con los intereses de estas estructuras han sufrido agresiones. “Algunos de los líderes comunitarios que han sido asesinados en los últimos años son personas que denunciaban el control del presupuesto participativo o cuestionaban el control territorial por parte de estas estructuras o proponían alternativas al modelo de desarrollo en esos territorios. El número de personas amenazadas hoy en Medellín es muy grande y muchas de ellas pertenecen a organizaciones comunitarias que han cuestionado el control que estas estructuras tienen sobre las comunidades”.

¿Hacia dónde mirar?

Parece, entonces, que no existe voluntad política por parte de la élite para combatir estas estructuras. Ante eso, no puede obviarse la pregunta de cómo superar esta realidad que hoy azota a los barrios de Medellín y amenaza a todo el proceso de paz. “Lo que nosotros hemos insistido desde el nodo de la coordinación Colombia-Europa -dice Adriana- es que la estrategia de combate que tiene la institucionalidad contra estas estructuras no surte ningún efecto, porque se basa en perseguir a los bajos mandos, a los que tienen un control muy local. Pero no es una estrategia global de inteligencia para el desmantelamiento de las estructuras criminales. Lo que nosotros le hemos dicho al Gobierno nacional, a la Fiscalía, a los mismos miembros de la Policía y el Ejército es que si no existe una voluntad de acabar con la estrategia de militarización y paramilitarización de los territorios, las acciones que se hagan en lo local no sirven. Usted mata o encarcela a un gatillero y a los dos días le tienen remplazo”.

Según Adriana, hay que atacar y desmantelar la estructura, la política, la estrategia. Pero eso es lo que no se está haciendo ni en Medellín ni en el ámbito nacional. “Hay que avanzar primero hacia el desmonte total de las estructuras paramilitares, tal como se estableció en los acuerdos de la Habana. Y, segundo, discutir y transformar la doctrina militar contrainsurgente, que fue lo que el gobierno no quiso pactar, a pesar de que el desmonte de las estructuras paramilitares depende del desmonte de la doctrina militar existente. Si eso no se transforma, por más personas que se detengan en los barrios, por más personas que sean dadas de baja, la estrategia de control y de agresión se va a mantener”.

Ante la falta de voluntad institucional solo queda, según Max, la presión de la sociedad civil, que lleve incluso al establecimiento de gobiernos dispuestos a una trasformación de las estructuras de poder. “Por desgracia, hoy las formas de expresión y organización de la sociedad civil son muy débiles. Y el Polo Democrático, que en el ámbito de la participación formal sería el llamado a recoger estas banderas, está despedazado por los personalismos tan fuertes que se disputan su dirección y la falta de disposición para un real proyecto de unidad alternativa”. Según este investigador, ese es el trabajo en que deberían concentrarse las organizaciones de la sociedad civil en el mediano plazo, pos de las grandes transformaciones democrática que una estable y duradera exige.

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