Paro Minero en Segovia Remedios: por la dignidad

 

paro minero segovia 1
Foto: Pulzo.com

Por Noé Montaña

Los municipios de Remedios y Segovia han sido de vocación minera. De las profundidades de su suelo se extrae oro desde mediados del siglo XIX. La última compañía extranjera que se asentó allí desde 1927, Frontino Gold, en 1975 se declaró en quiebra y en 1977 firmó un acuerdo concordatario que dejaba la empresa en dación de pago a pensionados y trabajadores. Pero en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la empresa fue declarada en liquidación y Fiduagraria asumió la función. En 2010 entró a operarla la Gran Colombia Gold como dueña del título minero RPP (Registro de Propiedad Privada a Perpetuidad), que abarca 2.900 hectáreas.

Exterminio del sindicato

Por la oposición del sindicato de trabajadores a la venta de la empresa, su presidente, Jhon Jairo Marulanda, fue baleado desde una moto en movimiento cuando entraba a un establecimiento público en el corregimiento la Cruzada, del municipio de Remedios. A raíz de este atentado y de las amenazas a los demás dirigentes, el sindicato se disolvió. En julio de 2012 fueron asesinados en Segovia, por paramilitares, Yamison Amaya y Nelson Cadavid cuando adelantaban una protesta contra la multinacional.

En 2013 se creó el sindicato de trabajadores mineros de Segovia y Remedios- Sintramiser, que llegó a tener 350 operarios sindicalizados, todos de la Gran Colombia Gold; pero un año después de su constitución sus afiliados fueron liquidados e indemnizados. Los trabajadores que quedaron cesantes fueron reenganchados por el contratista particular que desarrolla explotación minera para la Empresa. De esta manera se cerraría el capitulo sindical que se remontaba a los años treinta cuando fue creado el sindicato de la Frontino, Sinfromines, que había sufrido un exterminio semejante en la década de los 80. Varios de sus dirigentes fueron asesinados, entre ellos Gilberto Gallego Copeland, Hugo Zapata, Rafael Guardia Castrillón, Nazareno Rivera García, Hugo Soto, Andrés Posada García, Luis Carlos Olarte, Rafael Tobón….

Persecución legal

Históricamente, en estos dos municipios coexistieron tres modalidades de explotación minera: la gran minería, en cabeza de la empresa; la pequeña y la mediana, siendo estas dos últimas las que más mano de obra demandan. Pero la implementación del Código Minero (2001), las leyes reglamentarias y los decretos presidenciales vinieron a alterar la coexistencia entre las tres modalidades de explotación.

En 2013 los mineros informales tradicionales comenzaron a ser hostigados por la Policía, su producto decomisado y se dieron amparos administrativos a favor de la empresa minera. Estos amparos ocasionaron que algunas minas fueran dinamitadas por la fuerza pública. Sumado a lo anterior, los mineros debían estar inscritos en el Registro Único de Comercialización, en otras palabras, legalizarse, aportando titularidad para poder comercializar el oro de su explotación minera, lo mismo que las plantas de beneficio (entables de procesamiento de mineral), y compradores de oro.

Como la mayoría de las unidades mineras de los dos municipios no poseen títulos por estar en áreas del Registro de Propiedad Privada de la multinacional, y la ley los criminaliza, el pasado 21 de julio los mineros tradicionales entraron en paro indefinido en protesta contra lo que ellos llaman “nueva forma de desplazamiento y despojo laboral”.

Pero las pretensiones de la Gran Colombia Gold, amparada en la legislación minera, va más allá. Como dueña del título, pretende que las unidades mineras no formalizadas (135) que están en su área, se formalicen mediante contrato de explotación 70-30, lo cual es desventajoso para la pequeña y mediana minería. En palabras de los integrantes de la Mesa Minera, es llevarlos a un estado de “servidumbre y esclavitud”.

La militarización de la protesta

El primer choque con la normativa generó varios paros de los mineros tradicionales y ancestrales. Como respuesta, el gobierno nacional envió al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy UNADI) para disolver la protesta, lo cual ocasionó enfrentamientos entre uniformados y manifestantes.

Pese a las gestiones realizadas por la Mesa Minera ante autoridades del orden nacional y departamental, sus peticiones no fueron tenidas en cuenta. En el paro de septiembre de 2016 se firmaron unos compromisos con el gobierno departamental y se creó la “Mesa de Soluciones” a la problemática minera, la cual no solucionó nada. En vista de ello, la Mesa Minera llamó a un paro minero pacífico, a partir del 21 de julio pasado.

Al cabo de diez días de paro pacífico, el 31 de julio el gobierno nacional ordenó a su fuerza de choque (UNADI), que se encontraba cerca de las poblaciones mineras, entrar a “apaciguar” la protesta de las comunidades ancestrales y tradicionales.

Los choques entre la Unidad Nacional Antidisturbios y los manifestantes ha dejó tres manifestantes muertos: Alexis Acevedo, de 42 años; Brandon Ochoa Estrada, de 18 años; Hernán Tobón, de 18 años y más de cincuenta heridos y treinta detenidos que han sido reseñados.

La comunidad denunció, con evidencias fotográficas que han circulado por las redes, que la fuerza oficial usó desproporciona e ilegítimamente sus recursos. De hecho, los manifestantes muertos cayeron víctimas de armas de fuego, lo mismo que los heridos. Los gases lacrimógenos, las bombas aturdidoras y las detonaciones de todo tipo han sembrado el miedo y el pánico entre los pobladores. Las instituciones educativas, un hospital y las viviendas sirvieron de trincheras a las unidades oficiales, que se resguardaron allí durante los enfrentamientos. Algunos moradores tuvieron que desocupar sus viviendas por temor a lo que pueda suceder a sus familias y sus vidas.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, entidades encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos, se limitaron durante las tres primeras semanas de paro, según denunciaron los manifestantes, a verificar lo sucedido y volver a salir del territorio.

Las negociaciones empantanadas

Transcurridos más de 40 días de paro, la crisis humanitaria por desabastecimiento de alimentos y medicinas se agravaba cada día. Las cocinas comunitarias de paro (35 en total) no daban abasto para alimentar a la población más necesitada y a los manifestantes. El gobierno nacional, departamental y la Gran Colombia Gold se sentaron a negociar con los manifestantes, después de 34 días de paro. Sobre la mayoría de los puntos exigidos en el pliego de peticiones presentado por la Mesa Minera, se logró acuerdo en los primeros días. Pero otros, los más neurálgicos a juicio de la Mesa Minera, fueron sometidos por el gobierno al compromiso del levantamiento de la protesta: “Si no hay un levantamiento del paro no procede ningún punto, en eso quiero ser claro”, dijo el Ministro de Minas, poniendo, según él, la pelota en la cancha de los mineros.

De los 16 puntos del pliego petitorio presentado por la Mesa Minera, algunos eran de competencia de la multinacional Gran Colombia Gold, otros del gobierno departamental y nacional. Entre esos puntos se destacaban: Diferenciación efectiva entre minería ilegal y criminal de la realizada por los Mineros Ancestrales y Tradicionales. Caracterización de toda la cadena productiva de la minería ancestral y tradicional de los municipios de Remedios y Segovia. Definición del periodo de transición de 18 meses para pasar de la informalidad a la formalidad, con acompañamiento técnico y económico para temas laborales, mineros y ambientales y el establecimiento de una zona industrial para el traslado de las plantas de beneficio. También se pedía un plan de  alternativas empresariales con apoyo técnico y económico para los mineros que no quisieran seguir en dicha actividad. Para una transformación profunda de las condiciones de la minería, se pedía una reforma al código de minas –Ley 685 de 2001 y la suspensión del proyecto de ley 169 (que establece condiciones para controlar la explotación ilícita en yacimientos mineros), hasta que no se formalice efectivamente la cadena productiva de minería Ancestral y Tradicional.

Dada la desconfianza que, por experiencia, han desarrollado los movimientos sociales en Colombia, sobre la palabra del gobierno, los mineros exigieron sujetar los acuerdos a un decreto nacional. Y este fue justamente el punto que más empantanó las negociaciones. Pues, según el viceministro de Minas, “… es una disposición de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior, no terminar un paro con una resolución o un decreto. Firmamos con mucho gusto un acta, pero no hay resolución ni decreto”.

Todo el cuestionamiento a la política pública frente a la minería era lo que el gobierno se negaba a tratar de fondo: frente a la reforma al Código de Minas, el ministro simplemente se comprometía con la promoción “de un gran ‘Diálogo Regional’ para construir políticas públicas acorde al desarrollo de la minería tradicional y artesanal”, sin que fuera su propósito explícito, la reforma. En relación con el Proyecto de Ley 169 de 2016, el viceministro insistió en que no se iba a retirar por nada del mundo, aunque ofrecía “la posibilidad de abrir un espacio de audiencia pública para el tema de Segovia y Remedios en el Congreso de la República, para que se planteen propuestas y aportes”.

Esta actitud, según denunciaron algunos miembros de la Mesa Minera, escondía la estrategia del gobierno para manejar sus tiempos, esperando agotar la resistencia de las comunidades, llevarlas al desespero por falta de abastecimiento y obligar a los negociadores de la protesta a acoger lo que les pusieran en la mesa.

Final con sabor agridulce

El 02 de septiembre, después de 45 días de paro, se firmó un  preacuerdo entre el gobierno  y  los delegados de la Mesa Minera, con el cual se levantó la protesta. Para la Mesa Minera fue un acuerdo histórico en cuanto hubo un reconocimiento de la ancestralidad minera mediante un decreto departamental (el gobierno nacional se sostuvo en su posición de no hacerlo). Según la Mesa Minera, este reconocimiento se puede replicar en otras regiones del país que tengan la tradición.

Al mismo tiempo, se sostuvo la idea de los contratos y subcontratos de formalización de los entables mineros, reconociéndole a la multinacional los derechos sobre los títulos mineros y la potestad para negociar hasta por 15 años con cada una de las unidades mineras que venían operando. La contraprestación quedó igual 60-40 (no 70-30 como pedía la empresa), sujeta a la cantidad de producción anual; cada contrato y subcontrato de formalización negociará la contraprestación de acuerdo al tonelaje de producción anual. La pequeña minería, aquella que produce hasta 15 mil toneladas al año,  tendrá que pagar una contraprestación a la multinacional del 10%.

El preacuerdo establecido el laudo arbitral, integrado por las Secretarías de Minas en el orden municipal y departamental, las Alcaldías, la Mesa Minera, e integrantes de la comunidad. Además, se van a construir 4 plantas de beneficio en las afueras del área urbana, con todos los requisitos ambientales, y el gobierno se comprometió con recursos y asistencia técnica para los pequeños entables.

La preocupación más importante para la comunidad ahora es que este preacuerdo quedó amarrado al tiempo. El período de transición (formalización) es de 11 meses, pues el gobierno nacional no quiso extender el tiempo para no comprometer al que viene. Por lo demás, la Mesa no trató el tema del Registro de Comercialización Minera (RUCOM), que rompe la cadena productiva, ya que restringe la comercialización, afectando especialmente al minero que vive del diario, los denominados chatarrer@s y las mujeres y hombres que trabajan en los entables (plantas de beneficio) lavando la mina. También a los pequeños compradores de oro que revendían a los compradores de mayores recursos. Con esto quedó desprotegida la cadena de comercialización.

En el 2018 las plantas de beneficio (entables) desaparecerán y tendrán que acogerse al nuevo régimen ambiental, por lo que el mercurio no va más. El pequeño minero tendrá que asociarse para explotar una unidad minera a fin de responder por la cota de producción. El minero formalizado en el área de su explotación no puede afectar trabajos de desarrollo minero de la empresa; es decir si se encuentran, el formalizado debe suspender la actividad. Tampoco está contemplado en el preacuerdo el tema de garantías ni de esclarecimiento de las muertes que sucedieron durante la protesta ni el tema de los detenidos. Así las cosas, el inconformismo puede crecer en los próximos días, dado que la parte del león sigue en las fauces de la fiera, y nuevas manifestaciones pueden sacudir estos pueblos tan aporreados ya por el conflicto.

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