Colombia, entre el extractivismo y el neocolonialismo

Extractivismo 1
Fotos: Álvaro Lopera

Por Álvaro Lopera

Extractivismo es el término con el que se denomina a una forma de organizar la economía de un país basada en una alta dependencia de la extracción intensiva de bienes comunes, con muy bajo procesamiento (valor agregado) y destinado al mercado externo. Esto requiere de enclaves neocoloniales que llevan a la precarización laboral, ecosistémica y económica. Ningún país del primer mundo basa su economía en esta práctica.

Un debate al rojo vivo

“Todo uso del territorio, para que pueda ser considerado racional o adecuado, debería proyectarse y realizarse solo cuando las mediciones de los beneficios sociales, culturales, económicos, ambientales, etc., sean superiores a los costos y por lo tanto su impacto se pueda considerar positivo para la sociedad”. Este es el encabezado de la carta abierta que el Colectivo de Apoyo a Vía Campesina le envió a Ramiro Bejarano para rechazarle su imprudente artículo denominado “Ambientalistas extremos VII”, publicado en el periódico El Espectador el  22 de julio de 2017.

Ramiro Bejarano se lamenta en su escrito de que “en Colombia, a diciembre de 2014, han tenido lugar 4.496 procesos de consulta previa, mientras que en Chile 32, en Perú 28 y en Bolivia 40”. Y agrega más adelante: “En los últimos meses, a través de las consultas populares municipales, se ha prohibido la explotación petrolera en numerosos territorios, como si la propiedad de los hidrocarburos fuese de los municipios y no del Estado; y como si el manejo de la economía del país no estuviera asignado constitucionalmente al Gobierno Nacional”. Y concluye con un sofisma de tamaño monumental: “¿Qué pasa, entonces, con la democracia, valor supremo de la Carta Política, cuando el resto del país —que no participa de esas consultas— se enfrente a las consecuencias económicas de las decisiones locales? Unos pocos habrán decidido por todos”.

Tras esta sarta de opiniones “patrióticas”, porque la supuesta base de todas ellas es la necesidad de desarrollar el país, como ha insistido el presidente Santos desde que lanzó su locomotora minero-energética, el Colectivo contestó muy apropiadamente: “Todo uso del territorio es local, pero los impactos de ese uso son potencialmente globales. De lo anterior se desprende que la objeción social, económica, política, cultural, ambiental, etc., a un uso territorial determinado, debe partir, desde luego, de las movilizaciones ciudadanas en las localidades en las que se pretenda dicho uso”.

En vista de que las comunidades han ido incrementando su resistencia ante el atropello del capital nacional y transnacional en sus territorios, el gobierno de Santos presentó un proyecto de ley que reforma el derecho a la consulta previa a quienes serían afectados con cualquier tipo de proyecto para despojarlos de decisiones estratégicas. En esto es apoyado por distintos medios como la revista Semana que en su edición del 19 de agosto planteó lo siguiente: “El legítimo derecho de las minorías étnicas a pronunciarse sobre los proyectos, obras e iniciativas que los afecten, a través de mecanismos como las consultas previas, se ha tergiversado y manipulado hasta convertirlo en un verdadero palo en la rueda para el progreso del país y de las propias comunidades”.

La aplanadora energética

El Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES  afirmaba en 2008 que en Colombia el mercado de energía se apoya fundamentalmente en la generación hidroeléctrica, que representaba para entonces el 68% de la capacidad instalada. Los nuevos desarrollos energéticos que contempla el modelo de desarrollo de la locomotora minero-energética pasarían a nutrir la oferta para los proyectos mineros extractivistas y para la exportación de energía eléctrica; los precios asociados a estos desarrollos llevan implícito bajos valores para los grandes consumidores y altos para el consumidor doméstico.

Los proyectos mineros a cielo abierto son grandes consumidores de energía, como por ejemplo Cerromatoso, el cual demanda cerca de 200 Mwh (megavatios hora), que es lo mismo que la mitad de lo que produciría a plena marcha la central hidroeléctrica de El Quimbo. Algo parecido se tenía pensado para la Colosa, el proyecto de la Anglo Gold Ashanti, que fue rechazado por la comunidad en la consulta popular del 26 de marzo de este año, el cual consumiría 140Mwh (megavatios hora).

La construcción y puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, perteneciente al capital transnacional Emgesa (Enel y Endesa) –generadora de 400 Mwh a plena capacidad– en tierras de una comunidad rural y agrícola por excelencia, con aguas del río Magdalena, inundó –de acuerdo con las investigaciones del profesor Miller Dussán– 8.586 hectáreas, 5.300 en producción, de 6 Municipios del Huila, de las cuales el 95% hacían parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía y del Macizo Colombiano. Contaba con 300.000 habitantes, de los cuales, según Emgesa, 1.537 serían desplazados (al final fueron 30.000), la mayoría vinculados a 8 empresas comunitarias en plena producción agropecuaria de cacao, sorgo, maíz, arroz, por un valor de $50.000 millones de pesos (USD$ 17 millones) anuales.

Tenía en su haber 842 hectáreas de bosque ripario (bosque en las márgenes de los ríos que presentan características fisiológicas que los hacen resistentes a los períodos de inundación) y tropical seco. También poblaciones de peces que son básicos para la seguridad alimentaria, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en serio peligro: la pacaraná, el mono nocturno de manos grises y la nutria neotropical. Los prolegómenos de la construcción del embalse fueron antidemocráticos, pues ya en el gobierno de Álvaro Uribe esa zona, sin siquiera tener aprobada una licencia ambiental para la futura construcción, había sido declarada de “interés público”.

La construcción de la represa se hizo, no solo a pesar de la oposición de la población local, sino que en la ejecución de ésta se aprobó todo lo que el capital transnacional quiso que se ratificara, violando muchos aspectos de la licencia ambiental, a sabiendas que el daño ecológico y económico era inconmensurable. Y sabiendo que Emgesa no respetó siquiera el patrimonio cultural y arqueológico que subyacía en la región.

Hidroituango, otra hidroeléctrica que ha dado mucho que hablar, tendrá una altura de 220 metros y una longitud de embalse de 79 kilómetros; producirá 2400 Mwh, y será la primera del país en generación. EPM – Empresas Públicas de Medellín)será su puntal. Si El Quimbo fue toda una muestra de cómo el capital transnacional hace lo que le viene en gana, Hidroituango, con capital nacional, se ubica en la cúspide de la violación de múltiples derechos de las poblaciones afectadas por este tipo de proyectos energéticos.

Se cuentan innumerables casos de violación de derechos humanos en el marco de esta megaobra, tales como 17 masacres cometidas por paramilitares, una de ellas, la de Orobajo, muy recordada porque allí asesinaron al cacique nutabe Don Virgilio, quien era la memoria de la comunidad; el mal manejo del censo de la población para las “compensaciones” económicas, lo cual busca evitar pagos justos por labores ancestrales de pesca o de minería artesanal en el río Cauca, o por tenencia de tierra en los alrededores. La abogada Alexandra Zuluaga en su tesis “Megaproyectos y violación de Derechos Humanos de las mujeres: el caso de los territorios que  se resisten al modelo de desarrollo extractivo en Colombia: Hidroituango y las comunidades del cañón del Rio Cauca”, demostró que no solo se violarán los derechos ambientales de las comunidades, inundando 3800 hectáreas de uno de los últimos bosques secos tropicales mejor conservados del país, sino que el cuerpo de las mujeres fue tomado como un territorio para que los actores involucrados hicieran de las suyas. Estas han sufrido múltiples acosos, violaciones sexuales y amenazas en el marco de la construcción de la central, la mayoría de las veces por liderar la oposición al proyecto.

Al desplazamiento, amenaza y asesinato de barequeros, paleros, areneros y humildes pobladores iniciado en 1995 con la arremetida paramilitar, todo ello denunciado y documentado por el movimiento Ríos Vivos, se suma la destrucción de la biodiversidad y de la forma de vida de miles de habitantes de los 12 municipios impactados por la megaobra. En declaraciones que Tatiana Roa, directora de Censat Agua Viva, hizo para El Espectador el 19 de febrero de 2014, afirmó: “Así como ha ocurrido con otras represas en el país, en Urrá (Córdoba) o el río Ranchería (La Guajira), los peces comerciales como el bocachico, desaparecerán de un área extensa porque se interrumpirá su migración natural. La construcción de los muros implicará la destrucción de extensiones de bosque y se desplazará a muchas especies animales. Las inundaciones producirán grandes cantidades de metano, producto de la descomposición de toda la materia viva que quedará debajo del agua. Además, la cultura de los barequeros de ese cañón es muy poco conocida en el país y se va a perder con las inundaciones”.

Por su parte, la Comisión Mundial de Represas, en su informe ‘Represas y Desarrollo’ afirma que “estas desplazan más que las guerras. Cientos de miles de personas son desalojadas de sus tierras ancestrales. En el mundo entre 40 y 80 millones de personas fueron desplazadas por represas hasta el año 2000”.

El extractivismo, una hidra de mil cabezas

La explotación intensiva de la tierra pasa por el monocultivo y el agotamiento de los nutrientes. La palma de aceite es una muestra de destrucción sistemática de la biodiversidad y de la riqueza natural, al explotar el recurso con una planta no nativa traída del África en 1932. La tierra termina sin acuíferos y los arroyos sedimentados, y al final, después de cerca de 30 años de explotación de la planta, el territorio queda abandonado, pues “es más costoso limpiarlo de raíces que ponerlo de nuevo a producir”, comenta la doctora Lilliam Gómez.

Colombia ya cuenta con cerca de 600.000 hectáreas sembradas de esta palma y es el primer país de América en producir el aceite (y cuarto en el mundo). En 2014 se producían 1.160.000 toneladas, usadas para la producción de agrodiesel vía vehicular, limitando con ello el sembrado de alimentos en el país. El resultado ecológico y social final, después de muchos años de implementación de esta planta en el país, es de 124 municipios con dicho cultivo en los departamentos del Chocó, Cesar, Meta, Magdalena, Bolívar, Casanare, Nariño, Caquetá, Santander, con las secuelas de muerte, desolación, conflicto por el uso de la tierra, cambio en los hábitos culturales y agrícolas —afectación de la economía campesina—; destrucción de bosques, amenaza a los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura; pérdida de la biodiversidad, deterioro de suelos, sobredemanda de agua, uniformidad en el paisaje, concentración de la propiedad de tierras, por tanto, desplazamientos de campesinos y de comunidades étnicas, aumento del precio de la tierra y, por supuesto, desplazamiento de la fauna y la flora.

Y ahora entra el fracking (explotación de gas o petróleo a profundidades de 3, 4 o 5 Km, por métodos mecánicos y químicos) por la puerta grande en Colombia, a pesar de haber sido prohibido en muchos países de Europa, aplicando el principio de precaución, Y viene con toda por el Valle del Magdalena Medio. El gobierno no tiene un estudio juicioso de la geología nacional e ignora que estamos ahítos de fallas geológicas a lo ancho y largo de este, el gobierno, aún así anunció a mediados de septiembre pasado que ya se dieron las primeras licencias ambientales para la exploración de petróleo y gas, y todo con el sambenito del crecimiento de las reservas petrolíferas hasta 6.000 o 7.000 millones de barriles. Esto es una amenaza para los territorios y acuíferos de Huila, Tolima, Meta, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Sucre y Córdoba.

Son los primeros pasos de la confianza inversionista en “tiempos de paz”; son los aprovechamientos de un país “pacificado” que no había podido explotar intensivamente sus recursos por el embeleco de la guerra.

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