Editorial No 26: La paz exige la justicia, no su sacrificio

Retirados- Candido Portinari
“Retirados” – Candido Portinari

Según la burguesía más democrática, para alcanzar la paz hay que sacrificar algo de justicia. Para nosotros, los oprimidos, explotados y empobrecidos, en cambio, la verdadera paz no exige el sacrificio de algún grado de justicia sino su realización plena. Entender esta verdad de Perogrullo, sin embargo, implica abordar el análisis desde el punto en que la confrontación armada se presentó ante algunos sectores sociales como única posibilidad para superar la injusticia social existente, que no puede confundirse, como pretende la burguesía, con el encarcelamiento de los insurgentes y opositores políticos.

La élite de este país ha construido el mito de que el conflicto surgió de la nada y que las motivaciones fueron una serie de ambiciones desmedidas y las inclinaciones guerreristas de ciertos grupos que se alzaron en armas contra el establecimiento para lograr por medio de la guerra los privilegios que no eran capaces de alcanzar por medio del trabajo y el ejercicio democrático de la política. Pero ante la realidad acuciante del cierre de los escenarios de participación democrática para los sectores políticos no tradicionales, el empobrecimiento generalizado de las masas que corre paralelo con la concentración de riquezas fabulosas en unos cuantos grupos de empresarios, el desafuero que caracteriza a las fuerzas armadas colombianas que no parecen existir para garantizarle seguridad a los ciudadanos sino para sojuzgarlos, la impunidad que cobija las actividades delictivas y criminales cada vez más desvergonzadas de la élite, hay que ser muy mal intencionado para esgrimir tales argumentos y extremadamente ingenuo para creerlos.

Si reconocemos esta realidad, deberíamos aceptar, en consecuencia, que la paz no puede ser otra cosa que la superación de dichas injusticias. Y se supone que una negociación para la superación de la guerra tiene que contemplar, por parte de la institucionalidad, no solo las estrategias para la reinserción de los excombatientes sino las reformas estructurales que destierren definitivamente la injusticia social que dio origen a la guerra. Desgraciadamente este no ha sido el propósito de ninguna negociación política, en ningún Estado moderno, ante los conflictos armados suscitados por la organización capitalista de la sociedad que hace de la injusticia social su norma y su método de reproducción.

Se dice con frecuencia que la paz es el resultado de la reconciliación entre las partes enfrentadas. Pero la verdad es que en la sociedad sacudida por la lucha de clases la paz no resulta de la buena voluntad de las partes, sino de la correlación de fuerzas existentes en un momento histórico determinado, que puede expresarse en el campo de batalla o en las negociaciones políticas. Esta correlación de fuerzas, por su parte, involucra, más allá de los combatientes directos, a toda la sociedad.

Esa correlación es la que le ha permitido al gobierno de Juan Manuel Santos sostener un discurso favorable a las negociaciones con las FARC mientras convencía a la élite empresarial del país de que no negociaría el modelo económico, mostrándoles que podrían lograr la desmovilización de la insurgencia al mínimo costo posible. Por eso no puede sorprendernos que al tiempo que avanzaban las negociaciones se profundizara también la aplicación del modelo neoliberal, el mismo que agudiza las injusticias por las que la insurgencia se había alzado en armas. El único costo que el presidente le pedía asumir a su clase en este proceso era renunciar a encerrar a los guerrilleros en una cárcel y permitirles la participación en política, al fin de cuentas, decía, poco futuro podrían tener los montaraces en este escenario de lobos ilustrados.

Pero la ultraderecha, en cambio, ha pensado siempre que después de haber diezmado militarmente al enemigo y roto sus vínculos con las comunidades y los movimientos sociales, la única salida “legítima” para el conflicto es la rendición de la insurgencia y su ostracismo o encarcelamiento. Y, a juzgar por las decisiones de las altas Cortes y los intentos del Congreso por despedazar el acuerdo final, este sector se está volviendo hegemónico en la élite colombiana.

Primero se intentó en el Congreso invalidar la vinculación de defensores de derechos humanos a la Comisión de la Verdad, como si lo que allí estuviera en juego no fuera precisamente la reparación simbólica de las víctimas de dichas violaciones. Y ahora la Corte Constitucional se inventa la figura de “los terceros” para sustraer a los verdaderos perpetradores de la guerra (empresarios y políticos) de la obligación de comparecer ante la Justicia Especial para la Paz – JEP, y de paso blindarlos frente a cualquier tipo de sanción social y moral. Quienes han promovido y perpetuado esta guerra en favor de sus intereses de clase se muestran como simples espectadores, involucrados apenas de manera circunstancial en el conflicto, supuestamente obligados por las amenazas de los insurgentes. Cero arrepentimientos, ninguna disposición para la reconciliación, solo prepotencia y soberbia. Lo que sorprende, sin embargo, no es el cinismo y el envilecimiento moral de esta dirigencia, sino el hecho de que la sociedad civil permanezca impávida ante ello, como si nada se jugara en dichas negociaciones.

Pero, más allá del futuro de las FARC y el ELN, que ciertamente debería interesarnos muchísimo, lo que se juega es la posibilidad de una paz verdadera o la perpetuación de una guerra de mediana intensidad contra los pobres. Y el resultado depende de qué tanto se vea obligado el establecimiento a realizar transformaciones profundas en favor de la justicia social, lo cual depende de la presión que sea capaz de ejercer la sociedad civil sobre el establecimiento en función de una paz con justicia social, la única que de verdad puede llamarse así.

Las negociaciones con la insurgencia parece que no han provocado grandes transformaciones en la institucionalidad, pues la correlación de fuerzas no es favorable. Pero si lograran al menos despertar la conciencia en los sectores oprimidos de sociedad civil, abrirían una coyuntura de luchas significativas, más allá de las armas, que asumiría como escenarios no solo las calles sino las instituciones, los centros educativos, los medios de comunicación, etc., para presionar las decisiones políticas que permitan cimentar el camino hacia la justicia. Y es que la justicia social no llegará como resultado de la buena voluntad de la clase capitalista sino por las luchas de los pueblos. Con la desmovilización de la insurgencia no se agotan estas luchas, sino que se trasladan hacia nuevos escenarios y asumen dinámicas más abiertas y vinculantes.

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