Imposición de la aspersión con glifosato en medio país

fumigaciones-putumayo
Fotos : Opinióncaribe.com y el tiempo.com

Por Álvaro Lopera

En enero 25 del presente año, la presidente del Consejo Seccional de Plaguicidas, Lilliam Gómez, recibió una comunicación del Brigadier General de la Policía (E), Luis Méndez, la cual había sido enviada en enero 10. En ella se le hacía saber que “la Policía Nacional, en uso de atribuciones legales, empezaría a asperjar con glifosato cultivos de “uso ilícito” en Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Cesar, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Guaviare, Meta y Vichada”.

Esto prendió las alarmas y nos recordó que hace tres años, al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se le frenó un intento de asperjar este mismo herbicida contra este tipo de cultivos desde helicópteros, propuesta que por cierto el Consejo había calificado de incompetente. Un derecho de petición fue el misil que lo detuvo. Urgía hacer algo en vista de las actuales circunstancias y sabiendo que en La Habana acababa de firmarse un acuerdo de paz, que, entre otros puntos, estableció la erradicación manual con la correspondiente aprobación de las comunidades.

Lilliam Gómez, en uso de sus atribuciones, convocó al comité técnico del Consejo para actuar rápidamente e impedir que estas aspersiones se hicieran por todo el país sin oposición alguna. El tiempo jugaba en contra, pues le habían informado que ya se habían iniciado.

El glifosato, de nuevo en la escena

En 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social, basándose en un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsó la paralización de la aspersión aérea de ese herbicida, en tanto se había publicado una investigación científica que concluía que ese producto era probablemente cancerígeno. También se pronunció favorablemente para el uso agrícola terrestre, tal como consta en la Resolución 1564 de diciembre 12 de 2016 y no para asperjar el territorio con el objetivo de erradicar cultivos de coca. A lo anterior se suma el principio de precaución presente en la ley 99 de 1993 y que tiene rango constitucional, conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Y hay suficiente material científico que demuestra la peligrosidad de dicho agrotóxico.

Aspersión con bomba de espalda1

Desde el momento de la suspensión de dichas aspersiones, y en el marco de las negociaciones de La Habana, el gobierno inició con grandes debilidades presupuestarias un programa de erradicación manual, hasta que se conoció un comunicado que Donald Trump le había enviado al secretario de Estado, el cual fue publicado en el portal de la BBC el 14 de septiembre.

En resumen, dice que “el extraordinario aumento de los cultivos de coca y producción de cocaína en los últimos tres años, incluidos los cultivos récord de los últimos 12 meses, demuestran que Colombia no ha cumplido con los compromisos”, y termina asegurando que “dejará la opción abierta de designar a Colombia como país fracasado en la lucha contra el narcotráfico si no muestra un “progreso significativo” en la reducción de cultivos de coca y producción de cocaína”.

Glifosato (1)

De acuerdo con un reporte de la DEA (agencia estadounidense dedicada a la lucha antinarcóticos) que sirvió para ese pronunciamiento, en 2016, el 92% de la cocaína incautada en el territorio continental de EE.UU. era colombiana; tras una caída del 53% en los cultivos de coca en Colombia entre 2007 y 2012, se registró un incremento de 134% entre 2013 y 2016.

Tras las alarmas, la acción

El comité técnico del Consejo Seccional de Plaguicidas avanzó hasta la elaboración de un Derecho de Petición que le fue enviado al Presidente de la República, al Contralor General, al Procurador General, al Brigadier General, al Ministro del Posconflicto, y al Ministro de Salud y Protección Social, llevándolo previamente a la sesión de comienzos de febrero del Consejo Seccional, donde fue aprobado por los integrantes de éste, salvo por los industriales: ANDI y ASINFAR, y la representante de la Facultad de Toxicología de la Universidad de Antioquia.

En definitiva, se pide que no se aplique la Resolución 001 de enero 11 de 2017 emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes “por la cual se autoriza la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato PECAT”, basándose en los hallazgos que se encontraron en la base de la resolución. Estos son, entre otros:

  1. El plan de manejo ambiental para 2018 es una adaptación, sin estudios, de un plan aprobado inicialmente en 2001 para aspersiones aéreas. Con un desconocimiento total del territorio nacional, de sus zonas de vida y de las ciencias de los suelos, se aplicaría –sin aprobación de las comunidades– con bombas estacionarias y con equipos teledirigidos a una altura de 150 centímetros, violando la misma ficha técnica, que habla de “aplicar a 40 centímetros del suelo”. A lo anterior se suma que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, aprobó en un día hábil, el 12 de diciembre de 2016, la solicitud de la modificación de dicho plan que había sido presentada el 9 de diciembre por la Policía Nacional.
  2. El herbicida con base en el ingrediente activo grado técnico glifosato, cuya formulación comercial es CUSPIDE 480 SL, solo tiene licencia para ser aplicado en cultivos de arroz, maíz y pastos.
  3. El Derecho de Petición, agrega: “Es incomprensible cómo se pudo pasar de una dosis de aplicación que variaba de acuerdo al estado de sucesión del cultivo entre 2,5 – 3 litros/hectárea, a 10.4, máxime que en entrevista realizada por los diarios El Espectador y El Tiempo, el Mayor General José Ángel Mendoza Guzmán declaró que la dosis fue sugerida por el gobierno americano en el Plan Colombia”. Y continúa: “con el exceso no se matan más plantas de coca, pero sí se genera una destrucción total de la naturaleza”.
  4. Todos los informes de la ONU indican que las aspersiones con glifosato a los cultivos de uso ilícito no han sido efectivas para su erradicación.

La propuesta definitiva del Consejo Seccional, la cual se ve refrendada en la Carta Abierta que se envió a las redes sociales, es “que se realice la destrucción manual de cultivos de coca, de cuya producción se hace uso ilícito, acompañada de la sustitución de cultivos”.

Más democracia, en últimas.

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