A los campesinos de Jericó solo les quedan las vías de hecho

Desesperados por no ver en concreto los resultados de sus esfuerzos y decisiones políticas e inquietos por el inminente avance del proyecto Quebradona en su territorio, el pasado 24 de enero un grupo de campesinos se tomó las instalaciones de la empresa minera AngloGold Ashanti en Palocabildo-Jericó

En efecto y tras muchas movilizaciones en las que la población ha manifestado su sentir en contra de la minería, el Concejo municipal de Jericó aprobó un acuerdo el 20 de noviembre de 2018 que luego sería ratificado por el alcalde Jorge Pérez Hernández. El acuerdo prohíbe todo tipo de actividad minera (exploración, explotación etc.) con el fin de proteger el patrimonio ecológico y cultural del municipio.

No obstante, pese a que los impulsores del acuerdo esperaban que las actividades del proyecto Quebradona fueran suspendidas de inmediato, estas continuaron y a sus ojos “el alcalde no estaba haciendo cumplir el acuerdo”.

El día 24 de enero un grupo de campesinos del corregimiento de Palocabildo y sus veredas aledañas decidió tomarse las instalaciones de la empresa en la finca La Mancha y parar la maquinaria. “En vista de que veíamos que todo seguía como si nada, decidimos adoptar medidas de hecho y presionar para que se suspendan todas las actividades mineras en nuestro territorio; estamos dispuestos a asumir las consecuencias y no nos moveremos de aquí hasta que no aparezca el alcalde y muestre su voluntad de hacer cumplir el acuerdo”, afirmó uno de los líderes de la protesta.

Dos días permanecieron en el predio hasta que, por orden del alcalde, fueron desalojados el día 26. Pero gracias a su presión, al lunes siguiente, 28 de enero, el alcalde comunicó mediante un Acta su decisión de suspender las actividades de la empresa Quebradona Colombia S.A., filial de la AngloGold Ashanti y calificó la medida como preventiva y provisional a fin de que la empresa cumpla con el acuerdo.

En un comunicado en respuesta a la decisión del alcalde, la AngloGold sostiene que no comparte la medida de la administración, pues ella, asegura, no desarrolla actividades de exploración en los predios de la finca La Mancha. Pero los campesinos atestiguan que lleva casi 10 años haciendo exploración en el territorio y existen serios indicios de que se trata de uno de los proyectos mineros más grandes de la zona para la explotación subterránea de cobre; de hecho, así lo manifestó su presidente Felipe Márquez en entrevista con el periódico El Colombiano el año pasado.

El campesinado vs. la Gobernación y el Consejo de Estado

Aún con todos los esfuerzos que las comunidades del Suroeste han emprendido para materializar su voluntad en contra de la minería en sus territorios, ahora el mayor obstáculo son las leyes del departamento. Ya son 11 los municipios que han firmado acuerdos en contra de la minería con el apoyo de sus gobiernos locales. Pero la Gobernación de Antioquia demandó los acuerdos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y este declaró seis de ellos inconstitucionales.

El 4 de octubre el Consejo de Estado emitió un fallo en relación con el acuerdo de Urrao contra la minería y dijo que en primer lugar el subsuelo no es de la nación sino del Estado y que por ello la potestad de los alcaldes y concejos municipales es legítima para emitir dicho tipo de acuerdos. Eso obligaría al Tribunal Administrativo de Antioquia a respetarlos.

En el caso de Jericó, todavía se espera el pronunciamiento del Tribunal, pero se tiene la esperanza de que cualquier decisión sea consecuente con el fallo del Consejo de Estado, dado que el modelo para proferir los acuerdos en la mayoría de los municipios es el mismo que se utilizó en Urrao.

Entre tanto las comunidades permanecen vigilantes frente a las acciones de las empresas, documentando todos sus movimientos en los territorios, monitoreando la calidad del agua e inventariando la fauna y la flora que se afectarían con los megaproyectos y generando alternativas económicas que protejan el agua y la biodiversidad. O como afirman los integrantes del COA (Cinturón Occidental Ambiental) en donde se reúnen organizaciones sociales de la región, “el pueblo seguirá movilizándose en contra de la muerte, representada en los megaproyectos mineros y a favor de la vida, la solidaridad y la permanencia de la vida campesina, indígena y la biodiversidad”. Para ellos el Suroeste es un territorio sagrado para la vida.

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