Cuando el agua es un negocio la protesta social es una necesidad

Un proceso de resistencia por el servicio del agua en Villavicencio

El Acueducto Municipal de Villavicencio ha sido noticia en múltiples ocasiones en los últimos años, y no precisamente por aspectos positivos en la gestión pública, sino por el contrario, por presuntos hechos de corrupción, por el constante daño en el suministro de agua, por el abandono a los gestores comunitarios del agua y por los constantes plantones que la comunidad ha venido realizando ante el desabastecimiento del servicio en la ciudad.

movilización
Fotos por Diego Díaz Jaramillo

Lina Marcela Álvarez

Desde hace más de ocho años, la capital del Meta se ha visto afectada por constantes suspensiones en el suministro de agua por daños en el acueducto municipal, lo que ha llevado a las diferentes administraciones a celebrar contratos con privados para intentar reparar aparentes daños en la línea de aducción del acueducto de Villavicencio. Sin embargo, en su momento la Contraloría General de la República advirtió que procesos de contratación relacionados con el acueducto podrían ser un detrimento patrimonial por inconsistencias en su planeación, ejecución y seguimiento, ya que transcurridos seis años después de la contratación, la obra se encontraba abandonada por el contratista, quien no cumplió con los doce meses que le fueron estipulados para entregar la obra.

Esta auditoría entregada en el año 2017, fue emitida después que el concejal de la ciudad, Juan Felipe Harman del Polo Democrático Alternativo, denunciara durante más de un año esa y otras inconsistencias en contratación que aparentemente buscaban solventar el problema del agua sin éxito. Y es que no estaban enfocadas en una reparación real en la línea de aducción, sino que se hacían de manera coyuntural y por contratación directa. Algunos grupos de la ciudad señalaron al concejal de extremista y lo acusaron de perseguir sin argumentos la administración del alcalde Wilmar Barbosa, todo con el propósito de minimizar sus denuncias, pero estas lograron despertar el interés de la ciudadanía.

Además, en ese mismo año la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio fue multada por Superservicios con $1000 millones por no tener un plan acorde a sus obligaciones y poner en peligro al 70% de los habitantes de la ciudad. En ese entonces y hasta la actualidad, los acueductos comunitarios han sido de gran ayuda para solventar las constantes crisis que afronta la EAAV con el suministro de agua, especialmente en época de lluvia.

Por todo lo anterior y por otras irregularidades que se han continuado presentando con el servicio del agua, la comunidad ha realizado cacerolazos por el agua (2017), plantones, y el más reciente “Quematón por el servicio de agua”, como forma de protesta pacífica y para evidenciar más de 8 meses sin el servicio de agua y que los planes de contingencia no han servido para suplir las necesidades en todos los barrios de la ciudad. “Podemos durar entre 4 a 6 días sin agua -afirma Alejandra Mayorga, lideresa social y quien ha participado activamente en esta serie de acciones sociales-. Los recibos llegan aún más caros que teniendo el suministro y la respuesta de la Administración a cargo del Gerente de la EAAV, y del Alcalde Wilmar Barbosa es que ‘todo está bien’”.

“Estamos mamados de pagar y pagar recibos costosos sin un servicio de agua digno, no queremos pagar ni un peso más por unas cuantas gotas y mucho aire que llega por las tuberías”, fue uno de los argumentos de las y los asistentes a la quematón convocada por organizaciones sociales de Villavicencio. Esta actividad fue, según sus organizadores, un acto simbólico que buscaba generar la reflexión. Porque mientras contar con un buen y constante servicio de agua en Villavicencio, “es casi como ganarse la lotería”, los recibos de cobro sí están llegando puntuales. Por eso al grito de “¡Queremos agua carajo!” fueron quemados los recibos simbólicos que crearon frente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Hace algunas semanas, durante la rendición de cuentas de la Administración Municipal, se dio un parte de seguridad porque, supuestamente, el suministro de agua se estaba cubriendo y los colapsos en su mayoría estaban siendo subsanados. Sn embargo, en barrios vulnerables como Guatiquía, para la misma época la población estaba haciendo cierres momentáneos en la vía para expresar su angustia ante la falta de servicio que los acosaba durante días.

Ante esto, Gustavo Basto, líder social de la ciudad, manifestó que aunque la institucionalidad “ha creado un plan de contingencia para suministrar el servicio a los aproximados 125 mil usuarios, éste ha sido un fiasco, pues a todos los barrios no llegan los carro tanques, y las facturas se están incrementando sin aparente justificación”. Esto ha generado un inconformismo en la comunidad y ha provocado que este “colectivo de ciudadanos indignados” se esté movilizando.

Además, Basto señaló que están en el proceso de llevar a cabo una Audiencia Pública por los malos manejos en los recursos que ha caracterizado a la administración de Wilmar Barbosa y por la falta de un servicio básico que debería ser un derecho para todo, pero es considerado por la Administración municipal y sus como una simple oportunidad de negocio.

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