La impunidad sigue reinando en los crímenes contra líderes sociales

Las cifras oficiales hablan de 238 líderes asesinados entre 2016 y 2018. En contraste, organizaciones independientes como INDEPAZ exponen la escalofriante cantidad de 566 muertos para el mismo período. Se habla del problema como si fuera nuevo, el gobierno se niega a reconocer su papel, y sus actuaciones, fuera de no frenar el baño de sangre, mantienen la mayoría de los casos en impunidad.

Por Jonathan Cardona Rojas

Fortalecer el empoderamiento en los territorios, implementar compromisos del acuerdo de paz, denunciar la corrupción y los atropellos del Estado y algunas empresas, buscar la restitución de tierras que fueron robadas en el marco del conflicto, proteger el medio ambiente y aprovechar espacios formales de participación política —como las Juntas de Acción Comunal— son solo algunos de los objetivos de los líderes, según su campo de acción. Todos actúan como defensores o reclamantes de sus derechos y los de las comunidades, algo que especialmente en Colombia los convierte en objetivo de una feroz violencia.

Sistematicidad histórica

Este tipo de asesinatos son sistemáticos y de vieja data. Para aproximarse a la antigüedad de este problema, basta recordar el genocidio que en las décadas de los ochenta y noventa arrasó con miles de integrantes de partidos políticos y organizaciones sociales. El Estado negaba su responsabilidad en los hechos mientras fortalecía amplias estructuras paramilitares aliadas con el Ejército. Esta implicación criminal del Estado se puede observar claramente en funcionarios públicos como Álvaro Uribe Vélez, quien como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 y con el apoyo de terratenientes y otros actores, creó las “Convivir”, grupos paramilitares avalados legalmente. Más tarde, en su periodo presidencial y durante casi todo el de Santos (2002 – 2017), 610 defensores fueron asesinados y otros 4.300 sufrieron ataques, según informe de Somos Defensores.

En promedio, durante esos quince años, se atacó a un líder cada cinco horas y uno fue asesinado cada nueve días. Esta masiva ofensiva sigue aumentando dramáticamente hasta hoy. El reporte de INDEPAZ muestra que 566 líderes fueron asesinados desde inicios de 2016 hasta principios de enero de 2019, en promedio un líder ha sido asesinado cada dos días. El Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba, Putumayo y Meta son los departamentos con más defensores muertos, pero los departamentos afectados son al menos 28.

Entre la estigmatización y la negación

La estigmatización efectuada por algunos partidos políticos y los sucesivos gobiernos ha tomado diversas formas. Solo por su actividad política, sin evidencias, algunos líderes han sido capturados y perseguidos judicialmente, como se vio en el caso de siete defensores ambientales en Castilla La Nueva, Meta.

La impunidad abunda, pues las investigaciones solo han podido identificar los autores materiales en menos de la mitad de los casos y son escasos los avances en la determinación de los autores intelectuales. En cuanto al tema de la protección y la asignación de esquemas de seguridad el panorama no es mejor, pues la reciente huelga de la Unidad Nacional de Protección -que exige, entre otras cosas, recursos suficientes- indica la desfinaciación que padece la entidad. A esto se suma que la cabeza de un líder social puede costar tan poco como 300 mil pesos, 100 dólares, según afirmó el Alto Comisionado para la Paz de las Naciones Unidas al presentar su último informe.

Durante el gobierno Santos la negación de la sistematicidad fue constante. Más aún, Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa en el segundo mandato del mencionado expresidente, no solo la negaba, sino que quiso reducir las razones de estas muertes a “líos de faldas”. Su sucesor en el cargo, Guillermo Botero, se sumó a esa posición y a la postre profundizó la estigmatización de los líderes y participantes de manifestaciones sociales al relacionarlos con grupos criminales, sugiriendo a su vez la necesidad de “regular” la movilización popular.

Esta banalización del problema, aunada a la negligencia y el fracaso de los intentos del Estado por frenar la masacre de quienes trabajan por sus comunidades y sus territorios, se manifiesta una vez más en el actual gobierno. Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en medio del escándalo que lo rodea y atornillado en el cargo pese a la gravedad de las denuncias, manifestaciones y pruebas en su contra, finalmente reconoció hace poco que el asesinato de líderes sociales sí es sistemático, al tiempo que insistió en rechazar que el Estado tuviera algo que ver en ello.

Ante esto, el gobierno propuso recientemente el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO). La iniciativa no ha dado resultados y no es probable que pueda darlos, considerando que se designó como director del Plan al general Alfonso Barrero, que comandó la Brigada XVI en tiempos en que sus efectivos asesinaban civiles inocentes para presentarlos luego como guerrilleros muertos en combate. El militar fue retirado de la comandancia de las Fuerzas Militares tras revelarse cómo le aconsejaba a un coronel —condenado por falsos positivos— que crearan una “mafia” para obstruir la justicia; y luego, como candidato del Centro Democrático a la Gobernación del Valle del Cauca, recibió recursos de implicados en denuncias por lavado de activos.

El subregistro de los casos también es una forma de negación. En el informe “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo”, realizado por ocho organizaciones sociales, se demuestra que Medicina Legal evita registrar muchos casos y que la Fiscalía está desviando algunas investigaciones, atribuyendo las causas de los asesinatos a intentos de robo, accidentes u otras causas. Se señala, además, que 14 casos son responsabilidad de la fuerza pública. En otros casos, los militares se confabulan para asesinar inocentes, como se demostró en la reciente condena contra tres exmilitares por la denominada “Operación Dragón”. En la operación participaron militares activos y en retiro con el objetivo de asesinar líderes, entre los que se incluían el hoy congresista Alexánder López Maya, la presidenta de la Asociación Para la Investigación y Acción Social (Nomadesc), la líder Berenice Celeita y toda la junta directiva del Sindicato de las Empresas Públicas de Cali (Sintraemcali). El presidente de este sindicato, Ricardo Muñoz, fue atacado en su casa días después de la condena y la junta sigue siendo amenazada constantemente.

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