Educar es un acto político

Por José Abelardo Díaz Jaramillo

Luego del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil en octubre de 2018, Miguel Nagib, líder del Movimiento Escuela sin Partido, presentó en el parlamento de ese país un proyecto de ley denominado “Escuela sin Partido”, en el que se censura el ejercicio de la docencia en las escuelas públicas y privadas. El propósito es, supuestamente, “combatir el marxismo” y la “sexualización” promovida por los profesores. El proyecto contempla que en cada aula se ubique un cartel en el que se consignen los “deberes” del docente, como el de “no cooptar a los alumnos para ninguna corriente política, ideológica o partidaria” y promueve la eliminación de las clases sobre identidad de género y la prohibición del uso de las expresiones “género” y “orientación sexual”. Quienes han secundado tal esperpento, han planteado incluso la necesidad de revisar las críticas a la dictadura militar (1964-1985) que aparecen consignadas en los libros de texto de historia; también han logrado que el creacionismo –doctrina que sostiene que el universo y la vida son una creación divina– haga parte de la Base Nacional Común Curricular.

Algo similar a lo que ocurre en Brasil se está gestando en Colombia, en donde un sector de la derecha –la más fundamentalista– promueve la “Cohesión Social”, un estado social en el que sus miembros –los colombianos–, extasiados por las bondades de sus élites gobernantes, desechan concepciones basadas en planteamientos como “lucha de clases”, “explotación”, “conflicto armado” y “derechos humanos”, y conviven unos con otros buscando siempre la “solidaridad” y el “entendimiento entre clases”.

La manifestación más reciente de este propósito –uniformar las mentes a como dé lugar– es el proyecto de ley presentado por el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, que establece sanciones a los profesores de escuelas y colegios que realicen “proselitismo a favor de alguna ideología”. Alegando querer “proteger a nuestros niños”, el proyecto estipula un conjunto de sanciones para los profesores que “incurran” en el “adoctrinamiento”, como la suspensión del cargo, multas económicas e inhabilitación de por vida. Con evidente demagogia, señala el representante Rodríguez que no se debe tolerar que los docentes, “valiéndose de su posición dominante, se valgan de castigos físicos, maltrato psicológico y se presten para obligar al estudiantado a asumir sus ideologías, a través de coacciones como las de afectar sus calificaciones”. Y les prohíbe “manipular alumnos o padres de familia para obtener apoyos en sus ideologías políticas y aprovecharse de su condición de docente o directivo para coaccionar a los alumnos a adoptar su ideología, candidato o programa político”.

El proyecto en realidad apunta a tres objetivos: en primer lugar, a castrar la posibilidad de que los niños y jóvenes puedan construir formas de pensamiento que les permita interpretar los hechos sociales y naturales de manera fundamentada. So pretexto de “combatir la ideologización de los niños”, ataca el pluralismo de ideas, niega la libertad de cátedra e impide formar individuos con sentido crítico. Con un analfabetismo político propio de alguien que pareciese no haber pasado nunca por un aula, el representante olvida que, todo acto educativo es por esencia, como lo señalaba Paulo Freire, un acto político.

En segundo lugar, el proyecto busca neutralizar a los profesores al estigmatizarlos dentro del aula. Promueve la idea de que los profesores son, potencialmente, una amenaza para los alumnos, por lo que deben ser vigilados, y que, ante cualquier indicio de “política” en el aula, se deben encender las alarmas. Finalmente, el proyecto busca debilitar a Fecode, uno de los gremios sindicales más fuertes y activos del país. No es desconocido que los profesores se han convertido para el CD en una piedra en el zapato, por el tipo de labor que desempeñan y por su lucha en defensa de la educación pública como un derecho social con calidad. Hay que recordar los trinos de los senadores Fernando Araujo y Álvaro Uribe Vélez en el marco de una jornada nacional de protesta convocada por Fecode, en los que acusaron al gremio de profesores de “adoctrinar” a jóvenes. En meses pasados, el exmandatario acusó a docentes de la Universidad de Caldas de enseñar a los jóvenes a insultar y de “retorcerles el cerebro” con ideas de izquierda.

Hechos como los mencionados evocan momentos del pasado que se creían ya superados, como la Regeneración de finales del siglo XIX. En 1885, un sector del conservatismo, en alianza con liberales, se hizo al poder, imponiendo un modelo de sociedad que tuvo entre sus prioridades concebir individuos respetuosos del orden social y político. Los regeneracionistas se apoyaron en la Iglesia Católica (1886), a la que entregaron el manejo de la educación y la orientación cultural del país, lo que dio origen a prácticas como la censura y la prohibición de literatura considerada hereje y peligrosa (el famoso Index librorum prohibitorum). Más que ciudadanos, a la Iglesia Católica le interesó formar buenos cristianos, algo que no incomodó a los gobernantes de turno (los mismos que consagraron el país al Sagrado Corazón de Jesús). Ese estado de cosas permaneció hasta bien entrado el siglo XX, y explica por qué las distintas generaciones estudiantiles en las primeras tres décadas de ese siglo reivindicaron denodadamente la modernización del sistema educativo del país.

A mediados de siglo, en el gobierno de Laureano Gómez, se desechó la reforma educativa liberal que había impulsado Alfonso López Pumarejo en su primer gobierno (1934 – 1938), en particular la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Esta reforma despertó la ira del conservatismo político y religioso que se opuso a su aplicación con beligerancia, aduciendo que había originado un tipo de estudiante dedicado menos a las labores académicas que a la agitación política. También la emprendieron contra la universidad pública, al señalar que se había convertido en un fortín de individuos de orientación socialista, y que se había puesto en riesgo la religiosidad del colombiano, al separar a la Iglesia Católica del manejo de la enseñanza pública.

Los momentos del ayer y los del presente parecen tener, como ocurre en este caso, puntos de encuentro.

Foto: Tomado de revistatramas.com

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