Movilización por caso de líderes sociales ante la CPI

El pasado cinco de abril un grupo de víctimas y organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos se dio cita en la ciudad de la Haya, en los Países Bajos, frente a las instalaciones de la Corte Penal Internacional. El objetivo: pedir a la Fiscalía de dicha institución que inicie una investigación de oficio por crimen de lesa humanidad en el caso del asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia.

Por Anyela Heredia

Fotos: Cortesia Alexander Morea

Por las apacibles calles de La Haya, una pequeña ciudad de aproximadamente 515 mil habitantes en Holanda, conocida por albergar la sede de la Corte Penal Internacional, desfila un corro de colombianos vestidos de negro, algunos con sombreros vueltiaos y con máscaras blancas que reflejan la tristeza, y el desasosiego que les genera saber que en su añorada Colombia continúa el asesinato sistemático y selectivo de líderes y lideresas sociales en total impunidad. Arrastran una larga tela negra en la que consignaron los nombres de esos hombres y mujeres asesinados, víctimas que, de este lado del charco, como decimos vulgarmente, se convierten rápidamente en cifras ignoradas por el gobierno y las autoridades judiciales, pues a sus ojos no existe razón alguna para vincular los crímenes con móviles políticos y conexos entre sí. 

566 se estima que es el número de asesinados entre enero de 2016 y enero de 2019, y la cifra aumenta constantemente, según reportaba Indepaz a principios de este año.

Los manifestantes vienen de diversas regiones de Europa y conforman asociaciones y grupos solidarios que durante años se han encargado de denunciar y sensibilizar a los ciudadanos y autoridades europeas sobre la difícil situación de derechos humanos que vive nuestro país. Muchos de ellos son colombianos exiliados y tuvieron que irse con sus familias por las amenazas que pesaban sobre ellos, otros son estudiantes o migrantes trabajadores, y muchos ciudadanos europeos sensibles, a quienes une un espíritu de solidaridad internacionalista.

El quinto caso

Alexander Morea, impulsor de esta iniciativa por lo que él llama “la promoción del quinto caso” nos explica el recorrido del proceso: “La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en cabeza de la gambiana Fatou Besouda, ha reconocido ya cuatro casos que deben ser investigados, a saber: el primero es el desplazamiento forzado, el segundo la violencia sexual o de género en el marco del conflicto armado, el tercero la promoción del paramilitarismo y, por último, las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas. Por tanto, el caso que nos atañe, que es el exterminio o asesinato sistemático de líderes sociales, sería el quinto caso investigado”.

En junio de 2018 inició la convocatoria con miras a radicar los primeros documentos sobre el caso en agosto del mismo año. Al poco tiempo de estar tocando puertas, Alexander recibió una comunicación directa y amenazante del mismísimo Álvaro Uribe Vélez instándolo a desistir del proceso. Pero, ¿a parte de sus implicaciones directas con el cuarto caso, por qué al expresidente le preocupa tanto este último?  se pregunta Alexander, preocupado, además, por su seguridad y la de su familia a raíz de una serie de amenazas que ha recibido, documentado y denunciado debidamente ante autoridades y medios de comunicación.

No obstante, la ola de amenazas en contra de Alexander atrajo la atención de muchas más organizaciones que llevan casos de violaciones de derechos humanos en Colombia y de otros compatriotas indignados con la situación y dispuestos a movilizarse. Acordaron radicar las primeras evidencias sobre el caso el 7 de agosto y hacer una movilización con representación de las víctimas para entregar muchos más testimonios y evidencias en abril de este año.

Cuenta Alexander Morea que la movilización estuvo precedida de “una visita protocolaria de 43 víctimas directas que firmaron un documento solicitando a la fiscalía 9 puntos en relación con su responsabilidad en la investigación de este caso en particular”. La documentación incluye un dossier sobre dos casos específicos de crímenes de lesa humanidad cometidos contra líderes sociales y que tienen una relación directa con crímenes o negocios ambientales y se han mantenido en la impunidad: el caso de San Carlos y el de Hidrohituango en Antioquia.

Además, un grupo de ochenta organizaciones de oposición firmó un comunicado que entregaron a la CPI los senadores Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino.

Las reacciones esperadas y no esperadas

Precisamente un día antes de la movilización en la Haya, una delegación gubernamental encabezada por Francisco Barbosa, Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, y la Vicecanciller Adriana Mejía se entrevistó con el vicefiscal de la CPI, James Stewart, para desvirtuar las denuncias en Europa, presentando lo que consideraba avances en términos de protección a líderes sociales y reiteró que los asesinatos son casos aislados.

Por otro lado, afirma Morea, ese mismo cinco de abril, Donal Trump le retiró la visa de entrada a los Estados Unidos a la fiscal Bensouda, quién habría solicitado en varias ocasiones entrar a ese país para entrevistarse con los ex jefes paramilitares extraditados. Este hecho, por supuesto, afecta e incluso puede congelar los procesos de la CPI en relación con Colombia.

El Consejo de Seguridad de la ONU también se pronunció respecto a la situación judicial de los responsables de asesinatos de líderes sociales, pues solo en ocho de los casos se han identificado responsables directos.

En cuanto al proceso iniciado con la radicación de la documentación del caso ante la Fiscalía de la CPI, se espera que a diciembre de este año haya un pronunciamiento de la misma en donde se reconozca el “quinto caso” como un nuevo capítulo sobre Colombia. De igual manera, explica Morea, “depende de lo que ocurra de aquí en adelante en Colombia. Si los militares no son acogidos por la JEP, los numerosos casos de asesinatos de líderes sociales ocurridos después de 2016 deberán ser reconocidos como crímenes de lesa humanidad y se remitirían a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que es la que determina cuáles casos pasan a ser investigados y cuáles no. Quedan el optimismo, la satisfacción de haber abierto un espacio para que las víctimas fueran escuchadas y la consolidación de una gran plataforma de colectivos y organizaciones que seguirán fortaleciendo el lobby y el litigio penal para sacar esta iniciativa adelante.

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