Mujeres víctimas de violencia de género: Entre el acceso a la justicia y la violencia institucional

Ányela Heredia

Alexandra tiene 32 años y es abogada desde hace diez. Desde niña quiso ayudar a otras personas a solucionar sus problemas, esa fue siempre su motivación cuando escuchaba con atención las historias de vejámenes que contaba su hermana, trabajadora de la Personería en el Municipio de La Unión.

Tras graduarse de derecho, descubrió pronto las trampas que ese oficio puede jugarle a la ética y al deseo profundo de servir a los demás, cuando tuvo que defender los intereses de un empleador, en detrimento de una trabajadora a quien se le negó el derecho a la indemnización por un despido injusto. Ese día supo que, en el derecho, una cosa es hacer bien el trabajo y otra muy distinta es la justicia.

Desde entonces, para Alexandra el litigio ha sido algo que le ha permitido sostenerse a flote económicamente, más no el foco de su qué hacer. Quizás porque ella misma es sobreviviente de violencia sexual en la infancia, su interés principal es la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género y, aún más, generar transformaciones estructurales que contribuyan a prevenir y erradicar esas violencias.

Como ella, existen muchas abogadas feministas que se han dedicado a representar a las víctimas, un papel invisibilizado y muy limitado en todo el proceso de acceso a la justicia, pero sumamente importante. Se trata de velar por que en los procesos jurídicos que involucran las violencias de género se sigan los procedimientos adecuados y se reconozcan los derechos de las afectadas.

De hecho, en varias de sus sentencias, la Corte Constitucional ha evidenciado que el Estado se convierte en un segundo agresor cuando revictimiza a las mujeres, cuando no otorga medidas de protección o cuando las otorga de manera insuficientes y cuando no se llevan a cabo los trámites adecuados, lo que implica una violación al debido proceso.

Todo ese trabajo es necesario porque los funcionarios, tanto hombres como mujeres, están llenos de prejuicios y no están preparados para ejercer su labor con un enfoque de género, es decir, que tenga en cuenta las necesidades y los intereses de las mujeres y, sobre todo, que comprenda cómo opera la violencia de género.

Por ejemplo, cuando un funcionario decide no clasificar la denuncia de un caso de agresión de un hombre hacia su compañera sentimental como violencia de género porque piensa que la mujer lo “provocó”, está desconociendo primero que, en la mayoría de los casos, las agresiones son sistemáticas y desconoce, además, la relación de poder que subyace a dichas agresiones.

Son innumerables los casos en los que las mujeres denuncian agresiones sistemáticas provenientes de sus exparejas y los funcionarios de la Fiscalía las obligan a que sean ellas mismas quienes notifiquen a sus agresores, o a conciliar con ellos; pese a que la ley es muy clara en que no se debe forzar a las mujeres víctimas de violencia de género a confrontarse con sus agresores.

Otro caso reiterado es que, con el objeto de no recargar a la Fiscalía y al sistema penal con tantos casos de violencia de género, se pretende que todos los casos se tramiten en primera instancia ante las comisarías de familia, donde priman los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero no el enfoque de género. Así que con frecuencia se niegan las medidas de protección y atención adecuadas para las mujeres.

El pan de cada día de las abogadas como Alexandra es encontrar obstáculos al acceso a la justicia por parte de las mujeres y la situación es muy frustrante. Muchas de las conquistas del movimiento feminista como la sentencia C-355 de 2006 sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos específicos (violación o incesto, malformación del feto o afectaciones a la salud física y mental de la mujer) se vulneran en todos los ámbitos.

Uno de los casos que lleva Alexandra es el de una mujer que padece una afectación mental y llega al hospital desangrándose después de haberse practicado un aborto inseguro, los médicos y las enfermeras la maltratan verbalmente y la obligan a contar lo que pasó. De inmediato la tildan de asesina y violan el derecho a la confidencialidad publicando el caso en las redes sociales y notifican a la policía judicial. La presión ejercida sobre esta mujer y su familia la llevan a sentirse culpable, y el abogado que realiza la defensa técnica le aconseja que se declare responsable por el cargo de asesinato en la primera audiencia porque así (acorde con el sistema penal acusatorio) podrá recibir una rebaja de hasta el 50% de la pena.

Lo cierto es que, si se hubiese seguido el debido proceso, los médicos no tendrían por qué haber forzado una confesión, la personería tendría que haber analizado el caso primero y no notificar de inmediato a la policía judicial, la policía judicial no tendría por qué haber forzado a la familia a recoger las pruebas y se acabaría reconociendo que esta mujer antes que victimaria es una víctima de violencia sexual. Pero, no solo se le revictimizó en todas las instancias, sino que fue judicializada por asesinato, lo que tiene un impacto social mucho más grave.

Son muchos los casos en los que, por no seguir el debido proceso, las mujeres pasan de ser víctimas a victimarias o las agresiones sistemáticas desembocan en feminicidios. Además, la mayoría de los procesos en contra de los agresores varones quedan impunes porque al no presentarse éstos a las audiencias los procesos quedan detenidos y son archivados después de dos años, eso no solo ocurre en casos de agresión sino también en casos de inasistencia alimentaria, que también es un delito contemplado por el código penal.

Ante tanta impotencia, Alexandra busca refugio en la escritura y, por supuesto, en el activismo, apoyando colectivos de mujeres jóvenes con acciones de formación en cuanto a su sexualidad, el conocimiento y la defensa de sus derechos, y hasta la defensa personal como estrategia de fortalecimiento. A la par sigue trabajando, junto a otras profesionales, en la construcción de otras formas de litigio estratégico que incorporen la atención psicosocial de las víctimas y visibilicen la violencia y revictimización que ejercen las instituciones.

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