Cinco retos de la Justicia Transicional en Colombia

Leonardo Rúa

Ilustración: Morphart

La Figura de la Justicia Transicional se ha empleado a lo largo de la historia de las postguerras o los postconflictos del mundo como una herramienta para abordar los delitos cometidos durante el desarrollo de estos, aquellos denominados por el Estatuto de Roma como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se trata de un mecanismo para lograr que estas situaciones violatorias del Derecho Internacional Humantario y de los Derechos Humanos no queden en la impunidad y pueda resarcirse y repararse a las víctimas por los daños sufridos; es, en últimas, un esfuerzo por lograr los objetivos de convivencia pacífica, un instrumento que cree las condiciones necesarias para la construcción de una paz estable y duradera.

Se parte del análisis de las condiciones de inestabilidad política, económica y social a las que se ven sometidos los pueblos que han sufrido una guerra o un conflicto armado interno y el inaceptable drama humano que sufren las víctimas de estas situaciones. Por ello, se ha intentado, desde diferentes iniciativas, crear un marco legal internacional que se ocupe de las reglas de la guerra, una suerte de humanización, a través de tratados y normas que deben suscribir los Estados, pero que abarca incluso a aquellos que no se circunscriben a ellos en la medida en que de allí se desprendan actos que vulneren la dignidad de la humanidad misma y la de los seres vivientes con los que cohabita.

El Derecho Internacional Humanitario propone diferentes mecanismos y disposiciones para que, aún en medio del conflicto, existan reglas. Es la declaración universal de los Derechos Humanos el punto de partida de la jurisdicción internacional para crear su normatividad y crear la figura de la Justicia Transicional como un sistema para propiciar el cambio de una situación de inestabilidad determinada a una de estabilidad, de un estado de cosas indeseadas a uno de cosas deseables. Podría entenderse el concepto de transición como ese período de tiempo que existe entre el fin de la guerra o conflicto armado interno y la consecución de la paz, o al menos una aproximación a ese estado de cosas.

Las situaciones de post guerra o post conflicto sugieren diferentes medidas a implementar, que van de la mano de las condiciones particulares de los conflictos y las necesidades de los países que lo sufren, en función de restablecer los derechos de las víctimas. De hecho, se han implementado medidas como tribunales de juzgamiento, encargados de juicios de la responsabilidad penal de altos mandos, comisiones de la verdad, de reparación económica, comités de búsqueda de personas, que no solo han mostrado resultados, sino que, además, han develado que no puede ponerse límites a su existencia y operatividad, en tanto que se hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

Dificultades frecuentes

La implementación de estas medidas tras acuerdos o negociaciones de paz entre bandos que pretenden poner fin al conflicto se ha encontrado con múltiples tropiezos. Los primeros acuerdos que llevaron a la creación del Tribunal de Nuremberg, para juzgar a los dirigentes nazis tras la Segunda Guerra Mundial, no fue ajeno a ello. Gestados en las contradicciones políticas de grupos conservadores que vieron siempre en ellos un ataque a sus intereses de dominación o supremacía, consideradas como medidas de corte liberal que ponían en riesgo el ejercicio de su poder y su idea de Estado, no alcanzaron su objetivo pese a las pocas condenas logradas.

Ningún proceso de paz en el mundo ha contado con las condiciones perfectas para su implementación. Ninguno ha alcanzado el ideal de una “paz estable y duradera”. Francia jamás fue condenada por su apoyo al nazismo, y en el caso de España aún hoy se debate lo conveniente o no de la ley de punto final que quiso borrar de la memoria colectiva los crímenes del franquismo. Sin embargo, cada proceso ha aportado elementos en la construcción de la idea de una Justicia Transicional que se enmarca cada vez más en un concepto de integralidad, que hoy en Colombia entra a jugar una posición de garante en el marco de la solución negociada al conflicto con la insurgencia de las Farc.

Latinoamérica ha vivido varios procesos, de disímiles características, en tanto se trata de conflicto armado interno o ruptura de los sistemas democráticos por regímenes autoritarios o totalitarios. Han sido experiencias dolorosas en donde, a fuerza de insistencia, se han logrado establecer procesos para su reconstrucción: Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Nicaragua, El Salvador, son ejemplo de ello: reconstrucciones sociales ensayadas tras el cambio hacia la democracia o la convivencia pacífica, ninguna de ellas concluida. Aún hoy, varias décadas después, se esperan verdades, se busca a los desaparecidos y se espera un juicio a los torturadores.

Se hace mucho más difícil implementar un modelo de Justicia Transicional en países con situaciones de gran inestabilidad económica, de democracias débiles, en sociedades que sufren terribles desigualdades, en países acosados por otras situaciones de violencia interna, los cuales reclaman medias de cambio estructural. La construcción de un buen proceso debe contener unas bases lo suficientemente sólidas sobre las cuales edificar las condiciones necesarias que den sostenibilidad y durabilidad a la convivencia pacífica, y esas bases pasan por la condición fundamental de la voluntad política de sus dirigentes, por el respeto hacia las posiciones políticas contrarias, por la creación de condiciones y ambientes en los que se pueda compartir y construir en medio de las diferentes visiones o cosmogonías, procesos que lleven a lograr el cometido final de la paz.

Retos de la justicia transicional en Colombia

Primer Reto: Conservar la memoria histórica del Conflicto, es dar voz e identidad a las víctimas

Los colombianos y colombianas adolecemos de una pérdida de memoria tal, que nos hace suponer que el conflicto es en otro país y no en el nuestro. Ello, a pesar de que el Estado colombiano ha experimentado sucesivos intentos de acuerdos de paz a lo largo del conflicto armado con diferentes fuerzas insurgentes y no obstante lo reciente del último acuerdo suscrito entre gobierno y las Farc, que ha permitido la dejación de las armas, de un lado, y la participación política de sus excombatientes, del otro. No hemos alcanzado un grado de madurez social y política suficiente para entender la relevancia de este acuerdo y el efecto que tendrá para las próximas generaciones, a pesar de que hemos sufrido medio siglo de conflicto armado.

Esto sugiere que el sistema de Justicia Transicional debe enfrentar grandes retos de cara a su implementación, no solo frente al gobierno sino también, y, sobre todo, frente a la sociedad colombiana, tan ensimismada en su cotidianidad, con un avanzado estado de desmemoria, la más de las veces perdida premeditadamente, mezclada con una fuerte dosis de indiferencia, lo cual resulta en un poderoso coctel, o más bien chirrinchi, que adormecería hasta al más despierto de los mortales. Por eso no puede completarse un buen proceso de Justicia Transicional sin la voz de las víctimas, historias y vivencias que no pueden callarse porque son, sin lugar a dudas, parte fundamental de los elementos restaurativos que asumirán las comunidades y sustento legítimo para la aplicación de los componentes de verdad, justicia y reparación. Pero más importante que ello serán las lecciones que deberán aprender las próximas generaciones para exigir el derecho a la no repetición de los hechos victimizantes.

Segundo reto: ¿Está la sociedad colombiana preparada para la Paz?

La pertinencia de la pregunta se evidencia en el resultado negativo que tuvo el ejercicio del plebiscito para la paz, por medio del cual el gobierno pretendió llenar de legitimidad popular los acuerdos suscritos con la guerrilla de las Farc. Ejercicio que, está claro, nadie comprendió. Ni el presidente de la República sus decisiones como jefe de Estado, ni los colombianos las consecuencias de la apatía en los ejercicios democráticos de participación, al no acudir a las urnas. No entendemos las causas del conflicto que se ha negociado, ni las consecuencias de darle continuidad a una guerra sin sentido.

Como en todos los procesos anteriores intentados en el mundo, los enemigos de una salida pacífica y negociada están al orden del día y en nuestro país, curiosamente, los mayores opositores son aquellos que se han lucrado siempre de la guerra sin tocar el campo de batalla. El reto entonces consiste en visibiliazar a mayor escala la importancia de este mecanismo de Justicia Transicional complementándolo con procesos serios de difusión que lleven también y sobre todo a entender la urgencia de des-escalar los odios vivos aún en nuestra sociedad, para entendernos en convicencia pacífica.

Tercer Reto. Los procesos pedagógicos en la cadena de formación académica

Se hace necesario incrementar procesos pedagógicos que expliquen las características del conflicto armado en Colombia, de la figura de la Justicia Transicional, su aplicación y los aportes que desde la realidad del conflicto en Colombia se han hecho a ella, así como la importancia de la mirada que la comunidad internacional tiene puesta en sus resultados. Esa pedagogía debe implementarse desde la educación básica vocacional con líneas de énfasis durante la secundaria y la formación técnica o profesional, los cual constituirían el primer gran aporte a las garantías de no repetición.

Cuarto Reto: Entender la negociación como mecanismo alternativo de solución de conflictos

Es imprescindible que se entienda que los acuerdos firmados entre la exguerrilla de las Farc y el gobierno nacional no son otra cosa que el resultado de una negociaciónque se llevó a cabo durante cuatro años, que constituye una forma legítima de resolución y terminación de los conflictos, que ha sacado a más de 10.000 personas del conflicto armado y que obedece al mandato constitucional según el cual la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es importante comprender también que esta negociación no se hubiese llevado a buen recaudo sin el reconocimiento por parte del gobierno colombiano de la época de la existencia de un Conflicto Armado Interno, y, por supuesto, sin la posterior voluntad de quienes apostaron decididamente por esta salida.

La figura de Justicia Trancisional en Colombia se desprende de la aplicación del punto 5to del acuerdo final –Víctimas del Conflicto- que con tal fin crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición -SIVJRGNR- , cuyos principios fundamentales son: la garantía de los derechos de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad, generando efectivamente mecanismos organizados de tal manera que permitan responder a los supra principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, fundamentales para llevar a buen término la implementación de los acuerdos de la mano de los derechos de las víctimas.

El sistema tiene varios componentes que, en su aplicación conjunta, resultan ser novedosos a la luz del Derecho Internacional, pues recoge todos los elementos probados en otras situaciones de postguerra o postconflicto en el mundo: un componente de Justicia, un componente de Verdad, un componente de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, un componente de garantías de no repetición, atravesados transversalmente por mecanismos de verificación del cumplimiento. La novedad frente a los modelos de Justicia Transicional en el mundo es su inclusión, como mecanismo de carácter transitorio, en el ordenamiento normativo de la Constitución Política de Colombia meidante el Acto legislativo 01 de 2017, y el posicionamiento como sistema integrado a la estructura del Estado como ente independiente del sistema judicial ordinario, cosa que no hubiese sido posible sin el previo proceso de negociación.

El quinto Reto. Las perspectivas

No perder de vista que el de las Farc no es el único conflicto armado interno que enfrenta el Estado. Se han quedado por fuera de este acuerdo otros grupos alzados en armas, con otros conflictos; estos grupos seguramente vienen monitoreando el cumplimiento de este acuerdo, antes de tomar la decisión de integrarse a la vida en sociedad con entera confianza en lo pactado o fajarse otro medio siglo, quizás, tratando de lograr sus objetivos por otras vías.

A dos años de existencia y pese a los tropiezos, incumplimientos y objeciones que ha tenido el acuerdo de paz firmado inicialmente en La Habana, el SIVJRGNR ha tenido, a la luz comparativa de la opinión pública y la jurisprudencia internacional, grandes aportes; pese a que, para los que hemos sido víctimas y testigos del conflicto armado aún resultan insuficientes, aunque sabemos que nos queda aún un largo camino por recorrer en su implementación y mucho por defender.

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