Editorial No. 48: Contra la barbarie estatal

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Tras la derrota del fascismo en Europa a mediados de los años 40 del siglo pasado, un filósofo alemán aseguró que no era posible escribir más poesía ni hacer filosofía después de Auschwitz. La barbarie desplegada por el fascismo y después por las grandes potencias en la Segunda Guerra Mundial había sido tan enorme que incluso dedicarse a las labores propias del espíritu, como si nada hubiera pasado, parecía complicidad con dicha barbarie. Algo de exageración, sin embargo, había en tal afirmación: olvidaba que, a pesar de lo singular que pudieran haber sido los campos de concentración nazis, el horror provocado no era del todo nuevo y lo habían practicado durante siglos los europeos en tierras de América, donde exterminaron a millones de nativos, esclavizaron a millones de negros para garantizar el despegue del capitalismo industrial en el viejo continente. Desde entonces, la ha sido la fuerza que sostiene al capitalismo, por más que éste se presente a sí mismo como una fuerza civilizatoria.

En Colombia, esto ha alcanzado niveles dramáticos a partir de una doctrina militar que asume a todo ciudadano como enemigo potencial del régimen. El Ejército ha dejado de ser un guardián de la soberanía nacional para convertirse en una fuerza letal contra las fuerzas de oposición, mientras la Policía ha asumido la práctica de un cuerpo represor que acosa a la ciudadanía en su cotidianidad y genera un estado de miedo que mengua en los sectores populares las posibilidades de rebeldía y lucha por la libertad y la justicia.

Un rasgo que evidencia patéticamente la forma en que hemos naturalizado la barbarie que los poderosos practican sistemáticamente contra las mayorías es la indiferencia ante el sufrimiento generalizado de los pobres y oprimidos a causa de las prácticas institucionales: indiferencia frente al incremento imparable de los feminicidios, frente a los paseos de la muerte promovidos por el negocio de la salud, frente al asesinato sistemático de líderes sociales y al exterminio de los exguerrilleros desmovilizados, indiferencia frente al tratamiento de guerra que el gobierno le da a la protesta social, entre muchas otras. Se destaca sobre todo la indiferencia frente al asesinato de niños y jóvenes por parte de la fuerza pública o las organizaciones paramilitares aliadas.

Hace poco el bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero dejó más de 10 niños asesinados y el ministro de defensa no solo ocultó esa información al país, sino que en primera instancia trató de justificarlo alegando que se trataba de niños guerrilleros. Intentaba entonces justificar lo injustificable: primero, porque nada probaba que aquellos niños fueran realmente guerrilleros, y si lo eran que fueran por conciencia propia. Segundo, porque el bombardeo en sí mismo, aunque se trate de un campamento guerrillero, es una práctica bárbara, pues trata de eliminar de entrada al contrincante en vez de someterlo a la ley como es deber en un estado social de derecho donde no existe la pena de muerte. El caso es que no hubo ninguna movilización en el país que rechazara tales hechos y exigiera una transformación radical en las prácticas contrainsurgentes de la Fuerza Pública; antes bien, como en otros bombardeos, hubo celebración de amplios sectores de la sociedad por el supuesto éxito militar del Ejército, lo que prueba hasta dónde la barbarie anida ya de forma natural en el seno de nuestra sociedad.

No es, por lo demás, la primera vez que el Ejército asesina a un grupo de niños y luego la institucionalidad usa todos sus mecanismos para justificar el asesinato o en todo caso minimizar la responsabilidad del Estado. El 15 de agosto de 2000, el Ejército asesinó a 15 niños que disfrutaban de un paseo escolar en una vereda de Pueblo Rico, Antioquia; el argumento que esgrimió después fue que los había confundido con un frente de las FARC. Y tampoco entonces hubo ninguna movilización nacional reclamándole al Estado por estos hechos que hasta hoy permanecen impunes.

En 2005 un grupo de paramilitares, apoyado por la Brigada XVII del Ejército, entró a la vereda La Resbalosa de Apartadó y asesinó a varios líderes sociales y a dos niños, uno de 2 años y el otro de 6 meses; y lo hizo de manera alevosa, picándolos en pedacitos, con el argumento de que así evitaba que crecieran dos guerrilleros más. El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se encogió de hombros y dijo que algo estarían haciendo esas personas cuando fueron asesinadas de esa manera. Y así se quedó la cosa; no hubo movilizaciones nacionales que clamaran justicia por tales hechos. Es la misma indiferencia que se expresa hoy frente a las atrocidades cometidas de manera sistemática, a los ojos de todo el mundo, por el Esmad, y frente a la negativa del presidente de clausurar una fuerza que se ha especializado en atropellar a los manifestantes (hasta llegar incluso a asesinarlos) con total impunidad.

Y es que las desigualdades sociales sobre las que se funda el capitalismo son ya una manifestación de la barbarie, pues condenan al hambre y a la miseria, al sufrimiento y a la infelicidad, a miles de millones de personas, en una sociedad donde las fuerzas productivas posibilitan la abundancia y mejores condiciones de salud y bienestar para todos. Para sostener tal orden de cosas no hay más remedido que profundizar y diversificar la barbarie. Por eso el discurso de la paz en el capitalismo es solo eso: un discurso fundado en la doble moral, donde el Estado tilda de terroristas hasta los actos más inocentes de la protesta social, como pintar las paredes de los centros comerciales o bloquear una vía para reclamar sus derechos, y se llena de argumentos para darle un tratamiento de guerra a la protesta y desplegar sus estrategias de terrorismo desmadrado.

Por supuesto, ninguna forma de violencia contra los otros es justificable. Pero la sociedad solo podrá salir de la barbarie cuando se atreva a explorar las causas originales y objetivas de la violencia y entienda la necesidad de ponerles fin desde la raíz. De este modo se hace evidente de que el socialismo, solo en la medida en que se funda en el bien común, es quien puede garantizar una convivencia pacífica. Entre tanto, es urgente una movilización permanente que obligue al Estado a atender las demandas de los sectores oprimidos y a renunciar a la violencia contra el pueblo como estrategia para mantener los privilegios de la clase poderosa. Eso incluye una transformación radical de la doctrina militar y, por supuesto, la eliminación del Esmad que irrumpe en las manifestaciones de los sectores populares como si fuera un campo de guerra. Este es el primer paso para que la lucha política se desarrolle por medios distintos a la violencia y para realizar una verdadera transición de la barbarie a la civilización.

Pintura Armonía, de Saraqui
Armonía, por Saraqui

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