Glifosato: ¿de dónde venimos y que está por suceder?

Por Santiago Alarcón

A finales de diciembre del año pasado el gobierno nacional publicó, en la página del Ministerio de Justicia y del Derecho, el borrador de decreto a través del cual pretende crear el marco normativo especial y, supuestamente, autónomo e independiente para el uso del glifosato. Esta normativa, según el gobierno, le daría la capacidad de controlar los riesgos a la salud de las comunidades y el medio ambiente por las actividades de aspersión de cultivos ilícitos, abriendo así la posibilidad del regreso del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG).

Ilustración: tomada de conllaa.com

Con este borrador de decreto, Iván Duque ha traído de nuevo al centro de la discusión pública el debate en torno a las aspersiones con el herbicida glifosato, ya que desde el año 2015, gracias a la resolución 006 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), se había ordenado la suspensión del uso del herbicida. Esta resolución dio un viraje estratégico a la política antidrogas del país como consecuencia de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advertía los peligros para la vida y el medio ambiente que traía consigo el uso del herbicida en la actividad de erradicación, lo cual fue apoyado por el entonces ministro de salud Alejandro Gaviria. Este último anunció la necesidad de dicho cambio de paradigma frente a la lucha antidrogas, dada además la ineficacia real del método, y en torno a la propuesta se creó un cierto consenso institucional, académico, jurídico y social en el país.

Esta situación se vio acompañada del ambiente político para la época. En pleno 2015 nos encontrábamos en la negociación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC – EP en la Habana, Cuba; la firma del acuerdo se convirtió en uno de los momentos más importantes de nuestra historia. En el marco de este acuerdo se gestó un punto especialmente relevante que buscaba dar solución al problema de las drogas de uso ilícito: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Vale la pena aclarar que el término conceptual “cultivos de uso ilícito” y no “cultivos ilícitos” responde a que no todas las plantaciones, por ejemplo de hoja de coca, poseen una vocación “ilícita”; la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-477 de 2012, ya reconoció la hoja como un patrimonio cultural y biológico de los pueblos indígenas.

El PNIS trataba el problema de los cultivos de uso ilícito desde el desarrollo rural y el enfoque territorial, dado que se encuentra además en un capítulo especial de la “Reforma Rural Integral”, promoviendo la sustitución voluntaria y transformando las condiciones territoriales en pro del bienestar de las comunidades que habiten las zonas afectadas. El programa fue pensado en el Acuerdo como una alternativa menos riesgosa que el uso del herbicida, y con miras a lograr la inclusión social y la integración territorial, con el compromiso de las comunidades de sustituir voluntariamente, sin resiembra y sin verse involucrados en labores asociadas con los cultivos o la comercialización de materias primas derivadas de estos.

Junto al PNIS, Colombia había estado aplicando un programa alterno de erradicación manual, una técnica que ha demostrado sus resultados exitosos, como lo evidencia el Observatorio de Drogas de Colombia. En países como Perú, Bolivia y la misma Colombia, su éxito viene acompañado de ventajas: la primera por ser un método alterno al uso de aspersiones, pero además porque permite llevar a cabo dicha actividad en zonas que no pueden ser asperjadas, bien sea por disposición legal como los resguardos indígenas o por ser zonas no detectables por los radares. Además, ha posibilitado la creación de empleo a la población campesina y a los “desmovilizados” que participan en el programa.

Pese a la existencia de programas exitosos alternos al PECIG, que necesitan mayor apoyo y voluntad política para su desarrollo, el actual gobierno dio un vuelco negativo a la política antidrogas. En 2018, Iván Duque inició la labor para el retorno de las actividades de aspersión con glifosato con la solicitud a la Corte Constitucional de citar a una audiencia con el fin de flexibilizar las órdenes de la sentencia T-236 de 2017, dado que, al decir del gobierno, los riesgos del glifosato no son reales.

Dicha sentencia fue el resultado de una tutela interpuesta por el personero de Nóvita–Chocó por las afectaciones a esta comunidad causadas por las actividades de aspersión aérea, decidiendo la obligatoriedad de la consulta previa como requisito para llevar a cabo tales actividades. Y es que – cosa que se replicó en la Sentencia T-300 de 2018- la Corporación había concluido que de manera provisional podían encontrarse argumentos que permitían afirmar la toxicidad del herbicida glifosato que podría causar cáncer u otras afectaciones, dependiendo de su nivel de exposición a células humanas, y por esto el Tribunal encontró procedente hacer uso del principio de precaución en materia ambiental.

Pese a la audiencia pública llevada a cabo en marzo del año pasado, la Corte no aceptó directamente la petición del presidente, pero sí aclaró la providencia, abriendo la posibilidad de continuar con el PECIG, o sea con las peligrosas aspersiones con glifosato, brindando así mismo mayor capacidad discrecional al CNE y reconceptualizando el entendimiento del principio de precaución.

Hoy, con la puesta en común del borrador del decreto –fue publicado en internet- que pretende regular las aspersiones y con la cual cumpliría algunas órdenes de la sentencia, no queda claro cómo el gobierno abordará los temas presupuestales y logísticos que aún quedan por resolver. Alarma la obstinada idea de continuar apostando al programa de aspersión dejando de lado otras alternativas, más integrales y menos riesgosas.

El decreto no garantiza necesariamente el regreso del programa de aspersión. En nuestro trabajo de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, nos preocupa, además de los problemas de salud generados por la aspersión de glifosato, el acatamiento de la segunda orden referente a los procesos de consulta con comunidades que puedan verse o se hayan visto afectadas, como la de Nóvita. El gobierno debe cumplir con esta obligación, así como con las demás órdenes impartidas por la Corte.

En últimas, el pueblo colombiano debe pronunciarse en contra de semejante despropósito.

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