La reforma tributaria: el regalo de navidad de Duque a los empresarios

Carlos Gustavo Rengifo Arias

En el mes de diciembre se aprobó una nueva reforma tributaria (reencauche de la ley de financiamiento que se cayó en el 2018), con el grandilocuente nombre de Ley del Crecimiento Económico, el Empleo, la Inversión, el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Progresividad, Equidad y Eficiencia del Sistema Tributario. No le importó al presidente que esto significara romper una de sus promesas en campaña: “menos impuestos, más salario mínimo”, tampoco el importante descontento que viene manifestando la ciudadanía respecto a distintos aspectos, entre ellos la inequidad, y mucho menos que cerca de 139 personas, entre académicos, investigadores y políticos, le recomendaran, a través de una carta pública, no aprobar la nueva reforma, por regresiva e inequitativa.

Ilustración de Luz Ángela Brito

Características de la nueva reforma.

En las últimas décadas, al menos desde la retórica de los gobiernos, el déficit fiscal ha sido una de las preocupaciones persistentes, y para resolverlo han intentado aumentar los ingresos fiscales, entre otras cosas, a través de la modificación de los impuestos. Ahora parece que la nueva reforma tributaria, aunque fue motivada inicialmente por la necesidad financiar el gasto público, tiene como objetivo central disminuir el desempleo, que ha venido creciendo en los últimos años.

Para alcanzar este objetivo, las medidas aprobadas en la nueva reforma significaron un importante beneficio tributario para los empresarios (que alcanza los 9 billones de pesos). Las medidas aprobadas, fueron, en general, las siguientes: descuento del IVA por la compra de maquinaria y equipo, reducción del ICA (Impuesto de Industria y Comercio), que puede hacerse como un descuento tributario por el 50%, o como un gasto deducible por el 100%, beneficios tributarios por brindar empleo a jóvenes, disminución en la tarifa general de impuesto a la renta (el que grava la utilidad de las personas, empresas, u otras entidades legales, que bajaría del 33% al 30% en el 2022) y un componente social: devolución del IVA a los más pobres, tres días sin IVA al año y reducción del aporte en salud para los pensionados. El gobierno espera que al reducirle el impuesto de renta a los empresarios estimulará la inversión y el crecimiento económico, lo cual tendría como consecuencia un doble efecto: las empresas aumentarían sus utilidades, pudiendo aportar más al fisco nacional, y estimulará la demanda de trabajo.

¿Crecimiento económico? ¿Empleo? ¿Equidad?

Pero estrategias de este tipo ya se han realizado en gobiernos anteriores y no han logrado el objetivo de disminuir el desempleo, pero sí han incrementado la desigualdad. Por ejemplo, en el 2003, el entonces presidente Uribe creó una exención en el impuesto de renta para las empresas que reinvirtieran sus utilidades en activos productivos hasta el 2007; ya en el 2004 su reforma tributaria (retirada) proponía gravar más bienes y servicios con el IVA, así como aumentar la tarifa general de este impuesto de 16 a 17 por ciento. También propuso comenzar a cobrar impuestos sobre las pensiones superiores a 2.500.000 pesos y, a partir de 2008, reducir la tarifa del impuesto de renta de 35 a 32 por ciento.

En la época del presidente Santos se creó la Ley 1429 de 2010, que buscaba brindar estímulos a la contratación de jóvenes de bajos recursos y fomentar la formalización mediante el descuento tributario de los parafiscales. En 2012 el congreso aprobó la ley 1607, que sería la base de la segunda reforma tributaria en el gobierno Santos y modificaba el Estatuto con el objetivo de aliviar los excesivos costos laborales de las empresas y reducir los beneficios tributarios a las personas naturales. Ninguna de esas medidas hasta el momento ha generado más empleo. De hecho, la informalidad para el mes de noviembre se ubicó, según el DANE, en un 47,2% para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, mientras que la tasa de desempleo a nivel nacional durante 2019 fue de 10,5%, un 0,8% más que lo registrado en el 2018 (9,7%).

Por otro lado, suponiendo que hubiera un aumento de inversión y, por tanto, del crecimiento, no necesariamente esto se traduce en más empleo, pues ya es común en el marco de la economía capitalista que haya crecimiento sin que haya más demanda de trabajo. Esto es así porque los empresarios pueden dar más importancia a la compra de equipos, máquinas, hardware y software, y/o fusionar tareas de distintos empleados en una sola unidad productiva o nivel jerárquico, de tal manera que sus costos laborales disminuyan, lo que se traduce en una demanda de trabajo cada vez menor.

Pero otra de las debilidades es que la nueva reforma es inequitativa, ya que hace recaer la carga tributaria sobre ingresos medios y disminuye para los ingresos altos; así lo demuestran en un medio digital Edna Bonilla Sebá y Jorge Iván González, ambos académicos de la Universidad Nacional. En dicho texto, los académicos muestran como la tarifa de impuesto a la renta no es progresiva sino regresiva ya que, por ejemplo, si una persona natural o jurídica devenga unos ingresos de 3.334.203 millones de pesos, pagará 19% en impuesto de renta, pero si devenga 5.252.033 deberá pagar una tarifa de 28%, y si el ingreso sube a 12.165.725 paga una tarifa de 33%. Aquí lo interesante es observar que entre el primer ingreso y el segundo hay una variación en la tasa de 7%, mientras que entre el segundo tipo de ingreso y el último hay 5%. Pero la variación en la tasa se hace mucho menor para ingresos de 25.726.058 millones de pesos (tarifa de 35%), 56.288.733 (37%) y 91.984.750 (39%), cuya diferencia es apenas del 2%, es decir, entre más ingresos se obtengan la variación en la tarifa del impuesto será menor. Por último, según OXFAM (2018), Colombia es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región, en donde el 1% más rico de la población concentra el 20% del ingreso, y es este pequeño grupo el que recibirá los beneficios de la nueva reforma tributaria.

Evidentemente, esta reforma tributaria es no solo regresiva, inequitativa e ineficiente, sino también clasista, ya que no garantiza el aumento del empleo, pero sí beneficia los intereses de los empresarios, a los que la situación del empleo y la calidad del mismo poco les importa.

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