Editorial No 55: De la desobediencia al poder popular

Portada Edición No 55: “Grito de los Excluidos” de Pavel Egüez

Poco eco ha encontrado en el movimiento social el llamado del senador Gustavo Petro a la desobediencia civil contra el gobierno de Iván Duque, gobierno espurio porque buena parte de sus votos fueron comprados con dinero del narcotráfico. Ni siquiera en su propio partido, la Colombia Humana, la propuesta del excandidato presidencial ha provocado una movilización en consecuencia. Esto, sin embargo, no evidencia que la propuesta sea desacertada, sino que el movimiento social no parece estar hoy en capacidad de incorporarla a su ideario político.

Ni caso tiene discutir las objeciones esgrimidas por el Centro Democrático; realmente no son objeciones sino reacciones mecánicas a cualquier cuestionamiento que se le haga al gobierno y al mentor que lo precede. La desfachatez de las posturas que generalmente asumen los integrantes de este partido no solo evidencia su ignorancia y ruina moral, sino ante todo su autoconciencia del poder mafioso que, como buenos gamonales, han acumulado en más de 30 años de terror sembrado en todo el territorio nacional y de la impermeabilización paramilitar del ejercicio despótico de la política. Ante este poder los argumentos resultan simplemente accesorios y la exigencia de coherencia moral y política termina en todo caso siendo incoherente.

Por eso a nadie debe sorprender que este partido se oponga casi por inercia al llamado a la desobediencia civil frente a un gobierno no solo ilegítimo, sino sobre todo inepto y despótico. Aunque unos años atrás, enarbolando una bandera abiertamente guerrerista, le declaraba la desobediencia civil al gobierno de Santos, un hijo bastardo de su propia camada, por pretender sacar adelante un proceso de paz con las FARC. Nada puede sorprender de un grupo político que rechaza la llegada de médicos cubanos para apoyar al país en la lucha contra la pandemia, considerando su misión como terrorista, mientras califica de humanitaria la llegada de militares estadounidenses para acosar a los campesinos cocaleros de Colombia y, de paso, incendiar la frontera con Venezuela.

Lo que sí tiene que sorprender es que el movimiento social y los sectores populares, tan arrinconados por la política neoliberal de Duque, que aún en medio de la pandemia desarrolla una estrategia de redistribución de la riqueza social en favor de los más ricos, no recojan la bandera de la desobediencia civil. Pero eso puede tener que ver con la propia situación que estamos viviendo: el asesinato sistemático de líderes sociales, que evidencia una política de represión contra todo aquello que ose impugnar el orden establecido; o el empobrecimiento cada vez mayor de la gente, que la obliga a dedicar la mayor parte de su tiempo y su energía a la supervivencia, o la proletarización del trabajo intelectual que ha terminado por minar las bases del pensamiento que podrían ayudarnos a iluminar un posible futuro mejor.

Todo ello, sin embargo, más que causas de la apatía y la indiferencia política de los sectores populares, deberían convertirse en motivos contundentes para levantarse y confrontar este sistema político y económico impulsado por esa élite gamonal y sinvergüenza que cabalga a lomo del Centro Democrático. Por tanto, si aún la propuesta de desobediencia civil no agita los ánimos de grandes sectores del movimiento social es porque todavía no presenta un espíritu realmente subversor y no se identifica con las problemáticas concretas que hoy arrinconan a la población.

La ilegitimidad del gobierno Duque no está únicamente en el hecho de que haya sido elegido con votos puestos por el narcotráfico. Desde el inicio de la consolidación del narcotráfico en Colombia, a principios de los años 80, no ha habido un solo presidente que no tenga las manos untadas de pasta blanca y, por tanto, de sangre, ilegalidad y muerte. El gobierno de Duque es, además, ilegítimo porque gobierna abiertamente contra los pobres, se ha empeñado a los grandes poderes económicos de este país y del extranjero y ataca, a nombre de ellos, todo movimiento tendiente a transformar las cosas. En eso es igual a su patrón Uribe, aunque más hipócrita. La ilegitimidad de este gobierno, como de casi todos los que lo han precedido en la historia de Colombia, radica en que gobierna con los votos de los pobres para asfixiarlos económicamente, perseguirlos políticamente y asesinarlos físicamente en favor de los privilegios de los ricos, de aquellos que le garantizan a él su propia riqueza.

Por eso se equivoca el doctor Petro cuando piensa que la legitimidad de su llamado a la desobediencia civil se la dan los 8 millones de votos que obtuvo en las pasadas elecciones, insinuando con ello que fue a él a quién se las robaron. Está pensando con la misma lógica de sus adversarios en el gobierno y no se da cuenta que en una democracia mediática y corrupta como la nuestra los votos no legitiman nada, los ponen o los quitan en la Registraduría o se compran y se venden como cualquier mercancía, o se regalan y se niegan por capricho, rara vez por convicción. De ser así, el llamado de Petro hubiera tirado inmediatamente a sus votantes a la calle. Pero en este tipo de democracia el contacto de los elegibles con sus electores se pierde siempre pasadas las elecciones y se renueva solo hasta las siguientes.

Por más acertada que sea la propuesta de la desobediencia civil, esta no puede realizarse jamás si no se encarna en las organizaciones sociales y se articula con el proceso permanente de construcción de poder popular. El rechazo al poder legítimo que nos oprime solo puede materializarse en la construcción de un poder alternativo, que nazca de las dinámicas propias de las organizaciones de base, allí donde la gente realmente confronta sus penurias cotidianas y teje solidaridades para superarlas. De lo contrario la desobediencia civil no pasará de ser una objeción de conciencia individual inocua, prácticamente imposible de aplicar, porque quien se atreve es molido inmisericordemente por la máquina económica y militar del sistema, ante la indiferencia o celebración de los demás.

Es en la calle donde se puede materializar la tan necesaria desobediencia civil, y en las universidades y en los hospitales y en las iglesias y en las fábricas, en todos los espacios donde se mueven los menesterosos, donde sufren la desigualdad, la opresión y el miedo. Y no se limita a la movilización para rechazar las políticas de un gobierno que se ha hecho el sordo ante los clamores más multitudinarios y exigir su renuncia, sino también en el ejercicio organizativo que ayude a construir un sujeto colectivo que encarne ese poder alternativo de quienes soñamos con una sociedad más humana, más justa. En términos más inmediatistas podríamos hablar de un gobierno de transición, con respaldo popular, cuyo programa deberíamos empezar a construir desde ya, y con la gente, en sus territorios; no como generalmente se hace, desde un escritorio, para presentárselo luego a la gente y pedirle su respaldo.

Contraportada Edición No 55: “Sin título”/Sin autor

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