Leguleyadas para acabar con SINTRAISA

Por Rubén Darío Zapata

Foto: Tomada de unigeep.org

Durante los primeros días de julio la empresa de Interconexión Electica S.A (ISA) sorprendió a sus trabajadores, cuando les informó que su sindicato, SINTRAISA, se había extinguido. En consecuencia, a partir de ese momento la empresa dejaría de descontarles los aportes para consignarlos al sindicato, y, además, desconocía completamente la convención colectiva. Nada de esto parecía coherente, pues el sindicato había funcionado hasta entonces normalmente, su junta directiva operaba como de costumbre y nada en días anteriores había presagiado un cierre tan abrupto del sindicato.

A partir de ese momento, la empresa empezó a desconocer de facto al sindicato, según comenta el presidente de su junta directiva, Jaime Aristizábal. Terminó de manera unilateral los permisos sindicales y les advirtió que a partir del 31 de agosto deberían entregar la oficina y cancelar la línea telefónica, que hasta entonces había venido pagando la empresa como parte de lo acordado en la convención colectiva. También la empresa anunciaba que dejaría de pagar el auxilio anual que, por convención, había venido entregando al sindicato para su funcionamiento y para rematar remitió una demanda que busca la cancelación de la personería jurídica de SINTRAISA.

Una interpretación amañada

La actitud de ISA obedece, según Aristizábal, a su interpretación de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre una demanda presentada en 2014 por Intercolombia, una filial de ISA creada ilegalmente, contra los estatutos de SINTRAISA y que fue resuelta a favor del demandante a mediados del año pasado.

Dichos estatutos fueron reformados por el sindicato en 1992, cuando ya se veía en el horizonte, a la luz de la discusión sobre la reestructuración de todo el sistema eléctrico del país, que la empresa iba a ser dividida con el fin de facilitar su privatización. La reforma estatutaria lo que buscaba era que al sindicato se pudieran afiliar no solo los trabajadores de ISA, sino también de sus empresas filiales o subsidiarias.

El caso es que en su momento ISA no presentó ninguna objeción a la reforma de los estatutos. Y el Ministerio del Trabajo, que en ese momento ejercía control de legalidad sobre los estatutos sindicales, la aprobó. 27 años después, y por fuera de todos los términos según entiende el sindicato, la empresa, a través de su filial Intercolombia, optó por demandar dicha reforma, pidiéndole al juez que eliminara de los estatutos la frase donde se dice que, además de los trabajadores de ISA, también pueden afiliarse al sindicato los trabajadores de sus filiales y subsidiarias.

La interpretación que hace la empresa de este fallo es que los trabajadores sindicalizados están en su mayoría vinculados a empresas filiales como Intercolombia. Al aplicar el fallo, resulta entonces que los trabajadores afiliados al sindicato y vinculados directamente a ISA son tan pocos que no alcanzan a convalidar la existencia legal del sindicato. “Esta es una interpretación amañada de la empresa -asegura el presidente del sindicato-, pues el fallo no es retroactivo y no cuestiona la legalidad de las afiliaciones actuales. Solo dice que, a partir del momento de emitido el fallo, el sindicato no podrá afiliar más trabajadores de las empresas filiales o subsidiarias de ISA”.

El papel que juega Intercolombia

Esta es una filial de ISA creada en 2014 partiendo de lo que anteriormente era la gerencia de transmisión. Pero, según el sindicato, esta no puede considerarse realmente como una empresa independiente; más bien hay que dar por sentada la unidad de empresa. Y es que Intercolombia realiza actividades similares, conexas o complementarias a las de ISA, quien además es dueña el 100% de las acciones. Así que ISA tiene el control absoluto económico y administrativo sobre esta filial. “Según dice el Código Sustantivo del Trabajo -comenta Aristizábal-, en el artículo 194, si hay esas dos características, hay unidad de empresa”.

Además, cuando se creó Intercolombia, a los trabajadores supuestamente trasladados a esta nueva empresa no se les suspendió su contrato ni firmaron uno nuevo con Intercolombia. La gente siguió en sus mismos puestos de trabajo, pero, supuestamente, con un nuevo patrón.

El sindicato pone incluso en duda que haya habido realmente una sustitución patronal. “Tal como está establecido en la convención -explica Aristizabal-, esta solo se da cuando la empresa sea vendida, permutada o arrendada, y sus activos pasen a una persona natural o jurídica distinta. Y aquí ni siquiera se dio eso”.

Sin embargo, ISA alega que a partir de 2014 los trabajadores que entonces hacían parte de SINTRAISA pasaron a trabajar para Intercolombia. “Pero la empresa no puede trasladar al sindicato -dice Aristizábal-, porque no es uno de sus activos. Y aunque eventualmente puede trasladar a algunos de los trabajadores afiliados al sindicato, eso lo hizo como de mentiras. Súbitamente, el primero de mayo de 2014 nos mandó una comunicación en la que aseguraba que a partir de entonces trabajábamos para Intercolombia, con los mismos derechos individuales y colectivos”.

Aparte de eso no hizo ninguno de los trámites que se supone legitimaban tal afirmación. “Ni siquiera pidió permiso al juez laboral -comenta Aristizábal- para trasladar a los directivos sindicales (34 en aquel entonces)”. El caso es que el mismo año de su creación, Intercolombia demandó los estatutos del sindicato para no reconocer la afiliación de sus trabajadores a SINTRAISA.

Las irregularidades del fallo

La misma demanda, según explica Aristizábal, ya había sido presentada por ISA en 2008, esta vez a través de otra filial: XM. Esa demanda la perdió en primera instancia y luego de apelar la perdió también en segunda instancia y en el Consejo de Estado. Cuando Intercolombia presenta nuevamente la demanda, está violando, según explica el presidente del sindicato, un principio legal que dice que no se puede demandar dos veces la misma situación; que cuando esta ha sido fallada en segunda instancia debe considerarse ya como cosa juzgada. El Tribunal Superior de Bogotá pasó por alto este principio legal.

Además, el tribunal aceptó una demanda sin ser competente, pues el acto administrativo que aprobó los estatutos solo puede ser demandado ante el contencioso administrativo; además Intercolombia no estaba legitimada en la causa para atacar los estatutos, porque no habían sido firmados con ella. Eso es, a los ojos del sindicato, una arbitrariedad de orden superior.

Lo que viene

El sindicato ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia una acción de tutela contra el fallo, que ya fue admitida. Y no descarta demandas penales, porque los atentados contra el derecho de asociación están tipificados en Colombia como delito penal. Pero reconoce que la arremetida de la empresa contra el sindicato en este preciso momento está relacionada con las intenciones del gobierno de privatizar la empresa. “Aprovechando las facultades que le concede la declaratoria de emergencia social, el gobierno se autohabilitó con el decreto 811 del 4 de mayo, para enajenar algunos activos del Estado. Entre esos está la empresa Cenit, parte de Ecopetrol y el 51% de las acciones que la nación conserva en ISA”. Lo que sigue, según Aristizábal, trasciende la defensa del sindicato y debe avanzar en combatir las nuevas estrategias de privatización de este gobierno.

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