Desplazamiento intraurbano: la otra cara de las obras del Metro

Por Álvaro Lopera

Los pretendidos megaproyectos de “desarrollo urbano” que cuentan con un alto perfil de inversión y retorno de capital, nunca son consultados a los pobladores que viven en carne propia la puesta en escena de las obras civiles que afectan su hábitat y que generan desplazamientos intraurbanos y grandes rupturas de tejido social. Son normalmente habitantes de estratos 1 a 3 olvidados por las noticias de los grandes medios y por ende inexistentes en el devenir nacional. Hay que darse cuenta de lo que a ellos les toca vivir cuando una obra afecta no solo su casa, sino también su pasado, su presente y su futuro.

Fotos: Álvaro Lopera

Contexto

El Metro de Medellín atraviesa la ciudad en dos direcciones: Norte- Sur (Bello-Itagüí), con una transferencia por cable –habrá dos- y Centro-Occidente (Centro de la ciudad- Barrio San Javier), con otra ídem. El tranvía, que inicia su periplo en la estación San Antonio del centro de la ciudad, se mueve en la dirección oriente (Centro- Barrio Alejandro Echavarría, comuna de Buenos Aires), a lo que se suman 2 sistemas de transferencias de cables en esta ruta. A todo lo anterior se agregan cientos de buses que conectan las estaciones con los barrios de la ciudad. Es toda una telaraña de transporte masivo.

El funcionamiento del Metro se inició en noviembre de 1995, pero el actual tranvía comenzó a operar el 31 de marzo de 2016, tres años después de haberse iniciado su construcción, y su recorrido es de 4,3 kilómetros.

La “cultura Metro”

En la página del Metro -metrodemedellin.gov.co- encontramos palabras edulcoradas sobre la gran probidad de este sistema de transporte: “…el Metro facilitará la vida de más personas y al mismo tiempo contará con más usuarios para seguir cuidando y queriendo este sistema de transporte con valor agregado, con Cultura Metro”.

En apariencia todo se ve muy bien. Nos venden la idea de los miles de toneladas de CO2 que el Metro le ahorra a la ciudad, así no se deje de vender los miles de carros de gente que no viaja en este sistema de transporte; al fin y al cabo el objetivo no era acabar con la venta de carros para el transporte individual, sino centralizar el transporte masivo. También nos hablan de la movilidad, el tiempo y el dinero que ahorramos usando este sistema.

Lo cierto es que esa cultura fría, precisa, tecnocrática, policiva y de control poblacional que se respira en las estaciones y en los vagones del Metro –tranvía, tren o cables- se hace mucho más visible cuando las obras físicas que exigen la ampliación de ramales del Metro tienen que llevarse a efecto en los barrios a costa de los propietarios de viviendas.

La megaempresa Metro de Medellín tiene estandarizado su comportamiento ejecutivo para los procesos de negociación con los estratos humildes poseedores de vivienda: poca información de las obras que se van a realizar o se están llevando a efecto, cero estudios presentados de suelos y popularizados en la comunidad, pocas alternativas para continuar viviendo por el mismo sector y evitar la ruptura del tejido social; envío de trabajadores sociales de la empresa a las comunidades más para desbaratar la resistencia que para ayudarles a salir avantes en sus aspiraciones; cero negociaciones de precios con los propietarios pues siempre tienen una cifra acorde a un presupuesto, o, si todo lo anterior falla, esgrimen la mano negra de la “utilidad pública” o la “urgencia manifiesta” y la expropiación.

Desde el principio hasta el fin El Metro impone la cultura del monólogo, de los oídos sordos para lo que tiene que decir la población e impone el silencio con medidas draconianas salidas de legislaciones amañadas o de la fuerza.

El tranvía y sus afectaciones

En una esquina esperaban Rubén y Miguel, ambos afectados por la obra del tranvía iniciada en marzo de 2013. Minutos después se sumó Doña Juana, maestra jubilada y lideresa natural del sector de San Luis; posteriormente llegaría Consuelo. Iniciaríamos una corta caminata por los linderos de la calzada del tranvía, cerca de la estación Loyola, y allí estos se despacharían en un solo coro, pues todos han sufrido de los mismos males y tragedias.

“El barrio San Luis tiene 60 años, y es habitado por obreros y profesionales que estudiaron a puro pulso. Nunca hemos tenido problemas de deslizamientos ni nada por el estilo y somos cerca de 323 familias afectadas por la obra del tranvía. Cuando empezó la construcción de la obra, los ingenieros usaron, por falta de experticia, una gran cantidad de explosivos concentrados en cada una de las explosiones, lo cual afectó a algunas casas del sector, lo mismo que sirvió para que de ahí en adelante nos llenaran de miedo por un potencial derrumbamiento de nuestras casas”, nos contaba Doña Juana agregándole, como buena conversadora, muchas anécdotas tristes y jocosas. Ella ha sido artífice de la resistencia contra los malos procedimientos de El Metro, y tiene en su cabeza toda la historia del despojo y del desplazamiento.

Miguel, que vivía en Miraflores y terminó viviendo en La Milagrosa, asentía con la cabeza, y afirmaba: “Yo vivía más abajo, en la estación Miraflores, en el mismo espacio donde construyeron esa estación. Y yo sí que conozco lo que dice doña Juana. Yo soy uno de los damnificados del mal pago por mi propiedad. A mí me pagaron de acuerdo al avalúo catastral, que es muy inferior al avalúo comercial. Yo los tengo demandados”.

Las negociaciones

Todos los allí presentes estuvieron de acuerdo que el terreno que quedaría vacío tras la salida de los propietarios del barrio San Luis, a raíz del “peligro potencial de deslizamiento” que a toda hora les manifestaban los funcionarios del Metro, sería aprovechado no para un parque como decía la contraparte sino para la construcción de una urbanización, como la que tienen al lado con 720 apartamentos, y la cual no va a ser desalojada a sabiendas que está construida en el mismo tipo de terreno que el sector de San Luis y sufrió los mismos embates de los explosivos.

“La construcción en terrazas significa riesgos de deslizamiento, de acuerdo a los estudios de suelos; sus casas son inestables”, les decían los funcionarios del Metro, primero, y después del ISVIMED, sin que les mostraran los estudios a pesar de haberlos solicitado hasta con derechos de petición.

Doña Juana, que se ha especializado en el avistamiento juicioso y a posteriori de los estudios de suelos hechos por la Universidad Nacional, afirmó socarronamente: “en nuestro barrio no hay conflictos latentes de inseguridad, no hay bandas de maleantes; nuestros suelos son antrópicos igual a todos los que se habitan en el marco de la falla geológica de Santa Elena. Si a eso vamos y nosotros dizque tenemos riesgos y por ello debemos abandonar nuestras casas, entonces todo Medellín tendría que ser evacuado, porque sufre del mismo mal”.

La salida de las casas

La zanahoria y el garrote fueron usados intensivamente en eso que no se puede llamar negociación. Después del susto de las explosiones, por allá en 2015, y de los miedos infringidos a todo el barrio por el potencial peligro de derrumbamiento de sus casas, y ante la eventual resistencia a salir, les enviaron decenas de policías malencarados con inspector a bordo. La amenaza fue completa, a la que se sumó la potencial preocupación por la “inminente pérdida de la vida” que manifestaba la empresa Metro con sus pésimas e interesadas profecías.

“Ustedes se van seis meses mientras arreglamos las viviendas, nos dijeron, pero cuando menos lo esperábamos amanecieron nuestras casas enmalladas. Y ellos tenían las llaves y sellaron todas las casas. Nos prometieron pagar el arriendo en otras viviendas, y lo empezaron cumpliendo con el nombre de subsidio, como para no generar obligación contractual. Después tuvimos que poner cerca de 30 tutelas en 2018 para que continuaran pagando este dinero pues habían decidido suspender dicho pago mensual. Y es así que ganamos 29 de esas tutelas y todavía estamos de arrendatarios de casas ajenas, por acá mismo por el barrio”, narraba doña Juana como parte integral del relato y agregaba: “ahora pagan para que los dueños no puedan entrar a sus casas”.

Rubén echó más picante a la sopa: “Después vendría el corte de servicios de agua y energía en 2018, taponando tuberías y cortando todo tipo de líneas. Antes habían preguntado a los propietarios quién de ellos quería que se le suspendiera el servicio para evitar el doble pago, tanto en la casa propia –el cargo fijo- como en la nueva casa alquilada. Al no tener respuesta positiva, procedieron a hacerlo por la fuerza, violentamente, aún sin llegar a ningún acuerdo comercial con los propietarios”.

Los violentos daños colaterales

Miguel, a estas alturas, tiene muchas querellas contra el Metro, una de ellas corresponde al no pago de los cargos fijos de las casas que fueron prácticamente expropiadas en el sector de Miraflores. Se supone que si el Metro tiene a su cargo las nuevas propiedades en un proceso de compra de estas a los viejos propietarios, pues tiene que encargarse de dicho pago, y ni eso hizo en Miraflores, donde los afectados directos fueron 10 familias.

Consuelo, por el contrario, dice que su madre se resistió y no se dejó amedrentar por ese gran número policías que amenazaban a los dueños de las casas con sacarlos a la fuerza. “Ella tenía un temperamento muy fuerte y a todos los trató como debía hacerlo. Les recordó que nadie le había regalado esa casa y que de allí saldría, pero con los pies por delante. Y efectivamente murió en 2017 a causa de un infarto, después de haberse afectado mucho por la potencialidad de perder su morada”.

Y no fue la única víctima de esta desposesión. Consuelo aseguró que supo de varias muertes de personas mayores y la causa siempre fue la misma: la tristeza por la pérdida evidente del estatus, de la ubicación, de las facilidades educativas, de esa troncal de transporte, de los equipamientos urbanos que no los encontrarían en ninguna otra parte de la ciudad máxime que los ofrecimientos de pagos, a cuotas, por metro cuadrado construido, rondaban los $600 mil, cuando las nuevas urbanizaciones en sectores cercanos a San Luis estaban cobrando hasta $3,1 millones.

“A la gran mayoría de familias que negociaron les pagaron muy mal; supimos de apartamentos y casas compradas por sumas irrisorias de $40 y $50 millones. Y mucha gente, ingenua, creía que era mucho dinero y entregaron su propiedad sin siquiera haber recibido en firme este, y por ello muchos terminaron con grandes deudas bancarias”, nos contaba con cierta sorna doña Juana.

“Divide y reinarás, fue lo que hicieron las instituciones en el barrio”, afirmó muy convencido Rubén. Lo cierto es que después de más de 5 años, el tejido social quedó vuelto añicos, más del 50% de la población salió del barrio; unos cuantos resisten sin salir, y otros resisten en casas arrendadas con amenazas de expropiación y malos pagos de las casas propias.

Por el barrio desfilaron, en la pasarela de las vanidades y las complicidades, todas las instituciones: procuraduría, contraloría, personería; el ISVIMED, el Metro en pleno, la comisión accidental del Concejo y el alcalde Federico Gutiérrez que siempre actuó como la tabla de salvación del Metro con las medidas más draconianas contra la población y la política de oídos sordos a sus quejas y reclamos.

Doña Juana recuerda que en este país para todo hay leyes, pero que ellas se cumplen dependiendo de a quién se la aplican como es el caso de la ley 388 relacionada con la expropiación que en su articulado habla de que las obras a llevarse a cabo y que ocasionan la medida arriba dicha, tienen que ser consultadas con la población. Y en el caso de Miraflores y San Luis, ello no ocurrió.

Ella definió muy bien con un gran sentido humano, lo que significa para ella una casa: “Lugar donde vivo, me protejo del sol y el agua y hago mis nexos familiares”. Después se preguntaría: “¿Dónde se consigue en Medellín una casa al pie del tranvía y de la calle Ayacucho, cerca de tantos colegios, tan cerca del centro de la ciudad, con tantas rutas que pasan por allí para el aeropuerto, a cinco minutos del túnel y a boca de jarro de tantas vías troncales, con ese dinero irrisorio que nos ofrecen?”

La “Cultura Metro” va dejando la huella de la gentrificación que lentamente se ha ido posicionando en la ciudad de Medellín y en toda Colombia sin que la población se dé por enterada a sabiendas que la amenaza es general, pero especialmente para los estratos bajos que son los que habitan normalmente los linderos de las megaobras, las mismas que están cargadas de intereses más no de humanidad.

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