Otra presa política

Por Lina Marcela Álvarez

En la foto: Greissy Alexandra Perilla, presa política, Cortesía de la familia

Lo que era una noche apacible se convirtió en el inicio de una pesadilla para Greissy Perilla, su hermana Carla Perilla y todos sus seres queridos.

El 18 de septiembre, Carla se encontraba durmiendo cuando recibió una llamada a las 3:00 de la mañana a su celular “para decirme que me fuera para la casa de mi hermana en La Esperanza, había llegado la Policía y que le estaban allanando la casa”, explica la joven. Inmediatamente, junto a su compañero, llegó al lugar, pero no la dejaron entrar; así que tuvo que ver todo el despliegue que significó ese operativo como si su hermana fuera una gran criminal: “había un bus, dos camionetas y un montón de policías”.

Ese día Greissy Alexandra Perilla Vargas enfrentaba una dolorosa realidad, la de convertirse en un nuevo caso de falso positivo judicial, según denuncian su familia y amigos. Ellos no entienden cómo pudo haber sido imputada la joven por concierto para delinquir, obstrucción a vías que afecten el orden público y terrorismo, si lo único a lo que se ha dedicado es al trabajo comunitario y a soñar un país con justicia social.

Greissy vivía con dos personas más en el apartamento que arrendó en La Esperanza, a quienes intentaron confiscarle sus celulares y computadores, pero por fortuna uno de ellos era abogado e hizo respetar el procedimiento; ellos no estaban involucrados, por ende, no tenían porqué confiscarles nada. Sin embargo, sí tomaron fotos a los libros y hasta a los afiches con los cuales los jóvenes decoraban su hogar –como si pensar diferente fuera un delito- y tuvieron que ver con impotencia el allanamiento que le hicieron a su compañera.

Finalizado el procedimiento, a las 5:20 de la mañana, Greissy fue llevada a la URI de Villavicencio, por ello su hermana Carla se fue a su casa a recoger algunas cosas para llevarle ante la difícil situación que estaba viviendo. Sin embargo, al llegar allí, se enteró que su hermana ya había sido trasladada a la capital del país. “La Fiscalía de Bogotá directamente la mandó a pedir, solo duró 20 minutos en la URI”.

Pero la pesadilla que estaban viviendo las hermanas Perilla también la tuvo que afrontar su madre, ya que, ante la falta de certeza de la ubicación de Greissy por parte de la Fiscalía General de la Nación, al mismo tiempo que en Villavicencio estaban adelantando el allanamiento, se lo hicieron a su madre en la ciudad de Bogotá. Quienes adelantaron el procedimiento no sabían siquiera en qué apartamento vivía la licenciada, así que todos los habitantes del edificio tuvieron que sufrir traumas psicológicos y hasta físicos.

“Donde vive mi mamá rompieron la chapa del primer piso a las 3:00 de la mañana”, explica Carla. Su madre escuchó el aviso del allanamiento, abrió la ventana y se preparó para abrirles, pero los nervios la superaron; no encontraba las llaves para abrir la chapa, ya que ella se encierra con llave pues, el barrio en el que viven asegura que es peligroso.

“Mientras ella bajó a abrirles, rompieron la puerta del tercer piso. No mostraron la orden de allanamiento”, lo que Carla considera que, además, fue un procedimiento ilegal, ya que tanto su madre como todas las personas que vivían en el edificio tenían el derecho de saber qué estaba sucediendo. Además, sacaron a todos los inquilinos del tercer piso, los pusieron contra la pared y los hicieron aguantar todo el accionar que para ellos fue desmedido.

Sin embargo, Greissy hace un año se radicó en Villavicencio, especialmente por el fuerte vínculo que tiene con su hermana Carla, quien vive desde hace varios años en la capital del Meta. Primero estuvo buscando opciones laborales, hasta que finalmente se pudo radicar en la ciudad el 04 de noviembre del 2019, cuando firmó contrato con la organización de derechos humanos DHOC.

Esto se convierte en el primer argumento contra las pruebas manejadas por la Fiscalía, quien, además de asegurar que Greissy está implicada en los desmanes que hubo en el marco de #21N en Bogotá, aseguran que su cargo en la banda criminal es que “participa activamente en protestas sociales en Bogotá” y que es la “encargada de seleccionar y reclutar el personal para un grupo denominado COLECTIVO”.

A Greissy en el informe de la Fiscalía del operativo denominado “21N” la identifican como alias “La Pola”, a pesar de que, según su hermana Carla, nadie la llamaba de esa manera. Efectivamente, la joven licenciada y madre de dos hijos conocía a las otras personas que están implicadas en la investigación, pero su relación no pasaba de una amistad, no llegaba hasta el punto de conformar una “banda criminal” que pretendiera que jóvenes participaran en las protestas de Bogotá para que dañaran las estaciones de Transmilenio de Las Américas, Las banderas, y, en general, en los desmanes que ocurrieron en esa fecha.

Su participación en la supuesta banda criminal radica en dos reuniones que tuvo con “Rut” en el conjunto donde ésta última residía en Bogotá, el 26 de octubre del 2019 y en enero del 2020 –quizá la reunión más “comprometedora” por ser antes de la fecha de la movilización-. “Justo” en una cafetería y el 25 de febrero con todos, charlando en un parque, ambas este año. Sin embargo, ninguna evidencia más allá de que se conozcan, que estén o fueran a cometer concierto para delinquir.

Hay una llamada del 10 de enero del presente año, donde Greissy habla con “Martín” a propósito de que si van a asistir a movilizaciones que se adelantarían en el país en los próximos meses; a lo que él responde que hace mucho tiempo no volvió a asistir a marchas y ella dice que no sabe si asistirá, porque está muy ocupada y está priorizando solucionar sus problemas económicos. Además, hablan de lo jodido que está el país con tantos actores armados, sobre las diversas disidencias, sobre el ELN y el EPL y que hay que hacer algo por mejorar las condiciones de vida de las y los colombianos. Hablan de todo, pero en realidad no generan ninguna conclusión, inclusive mencionaron que tal vez sus llamadas podrían ser monitoreadas como pasa con quienes se animan a pensar diferente, pero como quien no teme nada, hablaron durante 50 minutos. Y efectivamente sí tenían sus líneas interceptadas.

Entre las pruebas anexadas por la Fiscalía también está el que a ella le hicieron un giro de $46.000 pesos, el 14 de enero de este año, sin un destinatario específico, que era, según el ente acusador, posiblemente para adelantar su labor delictiva, como si ese valor fuera una suma destacada. Curiosamente la mayoría de pruebas contra Greissy y su relación con las ocho personas a quienes les imputaron estos cargos, son de este año y no de antes, cuando aún vivía en Bogotá y estaba supuestamente formando células delincuenciales.

Es importante tener en cuenta que, aunque en el “Informe Final del 21N” se habla sin mayor profundidad de su labor reclutando jóvenes para el “Colectivo”, sus familiares y amigos sí explican que Greissy desde muy niña se ha caracterizado por su pasión hacia la escritura, la lectura y el dibujo y en general, hacia la enseñanza. Por ello es docente e investigadora y siempre tuvo claro que su papel para aportar a la sociedad es su rol de educadora, “porque para ella la educación es la herramienta que permite conocer la sociedad para transformarla. Para transformar esas condiciones de desigualdad en la que vivimos algunas personas”, comenta Carla. Esa sensibilidad la llevó a desde mucho joven a trabajar en los barrios populares de la capital del país, realizando preicfes populares y talleres de alfabetización.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, quienes conocen a Greissy Perilla, solicitan que avance con celeridad la investigación, ya que confían en que ésta evidenciará la inocencia de la lideresa, debido a que, dentro del material probatorio, no hay más argumentos que el hecho de conocer a los implicados en la investigación y creer que desde su profesión puede aportar a los procesos de transformación social en el país.

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