Los médicos empiezan la movilización por las condiciones dignas de vacunación

Por Juan D. Suárez G.

Imagen: Getty Images

En este final de enero han llegado noticias desde Europa: tanto España como Francia han suspendido la vacunación por escasez de vacunas Pfizer. La producción insuficiente de dosis ha llevado a la Unión Europea a suspender las exportaciones desde su territorio para abastecer a su propia población. Este tipo de prácticas expresan el surgimiento de una geopolítica neoliberal de las vacunas; incluso países como Suecia han declarado que no pagarán una vacuna más hasta que esté claro qué pasa con las vacunas y si realmente va a existir una disponibilidad que permita proteger a toda la población. Y es que las transnacionales farmacéuticas han sido una industria que tradicionalmente han extorsionado al mejor estilo mafioso a los países que no se atienen a sus mandados.

El pasado 26 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el 75% de las vacunas ya compradas se concentran en solo diez países. Está claro que la humanidad fracasó en lograr un acceso global a la vacunación, elemento necesario para lograr la cura de la Covid-19. Un gran obstáculo para la producción masiva han sido los derechos de propiedad intelectual de la vacuna, a pesar de toda la financiación pública que recibieron para la investigación las farmacéuticas. Hoy el mundo se enfrenta a una barbarie mercantil, pues apenas los intentos por probar las vacunas se mostraron exitosos, estas se privatizaron convirtiéndose en mercancías de las grandes farmacéuticas. Como es normal, el gobierno colombiano votó en la Organización Mundial del Comercio en contra de la liberación de la producción de vacunas, papel más que lamentable y solo equiparable a la falta de transparencia en la obtención de vacunas y las decisiones que han movido a escoger un tipo de vacuna frente a otra.

Entre tanto, países como Sudáfrica e India han venido insistiendo en que la Organización Mundial del Comercio (OMC) puede eximir a los países de la aplicación de algunas patentes y abrir el mercado a una fabricación libre en cualquier lugar del mundo bajo condición técnicas adecuadas. Lo que se ha llamado los acuerdos ADPIC (Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) podrían ser una garantía de que, en un caso de fuerza mayor, las patentes pudieran ser liberadas en favor de una producción abierta. El gobierno colombiano, fiel a su apuesta neoliberal y su desprecio por los pobres, rechazó unirse a los países del sur global y votó en contra de la liberalización de la patente.

El gobierno nacional, según la doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra y vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, ha tenido una posición profundamente torpe. Según dice la federación médica, “por la vía de un pensamiento sectario y un accionar incompetente han conducido al país a una de las mortandades más altas del mundo. No han entendido la magnitud de la pandemia, esta obliga a cambiar todos los presupuestos que tenían sobre las políticas públicas y el Estado”. La Federación Médica Colombiana y otros gremios se han convertido en la voz que nos recuerda a los colombianos que nuestro sistema de salud no es normal, y que su privatización es la principal explicación del desastre que ha vivido el país frente a la pandemia.

Según la doctora Corcho, la vacunación repetirá el mismo patrón que ahora viven los trabajadores del sector salud: “No se puede aceptar contratos basura para el personal vacunador, pues lo importante sería tener un equipo de trabajo así sea temporal durante el tiempo que dure el proceso. Eso garantiza su bioprotección así como la estabilidad de quienes agenciarán la más grande operación por la vida”. Según la doctora Corcho, es imperativo hacer énfasis en los gobiernos, porque es necesario cuestionar la equivocada idea-fuerza que han hegemonizado de que una pandemia se resuelve solo con “autocuidado” y sin políticas públicas. Por eso los gremios médicos siguen recomendando que se eviten las aglomeraciones como las que pueden darse en instituciones de educación si los estudiantes regresan a clases presenciales. Esto debe ser así mientras no existan las condiciones para una inmunización por medio de las vacunas.

Como una de las alternativas necesarias para movilizar popularmente frente a la inacción genocida del gobierno, se conformó la Veeduría por la Integridad y la Transparencia (VITA). Este es un colectivo integrado por organizaciones de la sociedad civil y la academia, que, desde una perspectiva crítica, pretende ejercer un control estricto en relación con el proceso de negociación y adquisición de las vacunas que ha adelantado el gobierno nacional. Dentro de las condiciones que VITA y el resto del movimiento gremial y de pacientes ha exigido al gobierno nacional están las siguientes:

  • Publicación de los acuerdos de confidencialidad celebrados para la negociación de la compra de las vacunas contra el Covid-19.
  • Publicación de las condiciones impuestas por las empresas farmacéuticas para la venta de vacunas contra la Covid-19.
  • Justificación pública y abierta del modo en el que la publicación de la información relacionada con la negociación y compra de las vacunas puede afectar la seguridad nacional o la salud pública, tal como lo ha afirmado el gobierno nacional.
  • Publicación del plan detallado de vacunación con la definición precisa de tiempos de ejecución, actores, recursos físicos y financieros que serán invertidos.

Esta es la lista inicial de una serie de reivindicaciones necesarias y urgentes que los sectores organizados deben ir comunicando y enriqueciendo con las voces que existen en las regiones, dándole el contexto de un país que se sume cada día en la mayor crisis económica, donde solo parece reinar la oscuridad y el poder de las farmacéuticas. El manejo de la vacuna ha mostrado una mediocridad que raya en el envilecimiento por parte de los dirigentes a nivel nacional, los cuales están decididos a entregar la vacunación a las EPS. Allí están nuestros retos vitales, porque se hace necesario un movimiento por la vida, exigiendo renta básica y vacuna para todos.

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