La pandemia del Covid-19: ¿una oportunidad para que la Alcaldía de Bello desvíe recursos?

Por Betty Ciro

Foto: agencia EFE

El municipio de Bello, como para no desentonar en la andanada de actos de corrupción que se han evidenciado en el país, no se ha quedado atrás en la práctica de este flagelo que corroe a Colombia y que ha aflorado con bastante ímpetu en este año largo que llevamos de pandemia del Covid-19.

Sin embargo, la Alcaldía de Bello ha superado a otras del país, pues no solo realizó contratos con sobrecostos entre el 40% y el 75%, sino que aprovechó el mismo contrato para adquirir insumos que nada tenían qué ver con elementos necesarios para combatir la pandemia. Y como para no dejar duda de posibles delitos en la contratación, existen serios indicios de que la empresa contratante no cumple con los requisitos de idoneidad para ello.

Con el objeto de combatir los efectos de la pandemia, la Alcaldía de Bello entregó en dos oportunidades un bono de $60.000 para algunas de las familias más necesitadas durante la cuarentena estricta del 2020. Estos bonos fueron entregados, los primeros, por intermedio de las Juntas de Acción Comunal, quienes aportaron las listas de las familias que en su comunidad enfrentaban la más difícil situación económica. En la segunda oportunidad, fueron las Juntas Administradoras Locales las que aportaron las listas. Entre algunos presidentes de Acciones Comunales se generaron inquietudes por la forma como en la Alcaldía priorizaron la entrega de los bonos, pues aseguran que mientras que para su comunidad solo alcanzaron los bonos para 40 familias de las 86 reportadas, en otra comunidad vecina, con características similares, los bonos fueron entregados a 120 familias. ¿Acaso contaron los afectos entre los miembros de la Junta de Acción Comunal y la Administración Municipal?

El contrato para combatir el Covid-19 que no lo combate

Pero no fue la entrega de estos bonos lo que le valió al alcalde Óscar Andrés Pérez el debate de control político ejercido por 3 concejales de la oposición, pertenecientes al Partido Verde dirigido por Felipe Restrepo. El instrumento democrático se suscitó por las irregularidades encontradas en la firma del contrato de urgencia manifiesta 0261 del 07 de abril de 2020 por cerca de 1.900 millones de pesos. Por las presuntas irregularidades en este contrato también cursa en la Fiscalía una denuncia penal, cuyo denunciante es Juan Sebastián Montoya Cardona, inspector primero de Bello. Los presuntos delitos a imputar son peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente.

Y es que, aunque el contrato se firmó con la “finalidad de conjurar la crisis del coronavirus covid-19”, llama demasiado la atención que los productos detallados en el anexo técnico sean: escobas suaves, escobas duras, jabones, trapeadoras, toallas, botella de agua, bolsas de agua, dispensadores, marcadores, rótulos, cintas de enmascarar, tijeras, recogedores, bolsas de basura, bolsa de papelera, bolsas rojas, bolsas de clasificación de residuos, escobillones, guantes de vinilo para aseo, canecas, baldes, esponjas, sacudidores, ambientadores y carpas para puesto de control. ¿Será que el alcalde pensaba barrer, trapear, cortar, recoger y embolsar el coronavirus?

Hallazgos de esta naturaleza son los que llevaron al concejal Restrepo a ejercer el control político y al doctor Montoya, denunciante ante la Fiscalía, a concluir que no existe conexión entre el objeto del contrato y los insumos adquiridos, toda vez que estos corresponden a gastos frecuentes del funcionamiento de la Administración. El alcalde, según Montoya, estaría abusando de la “declaración de urgencia manifiesta” para atender asuntos ordinarios y recurrentes de su oficina.

Los sobrecostos

En el mencionado contrato del municipio de Bello tampoco falta el lugar común de muchos de los contratos por los cuales están procesados otros mandatarios: se trata de los sobrecostos de entre 40% y 75% en la compra de tapabocas. En el anexo técnico del contrato aparece que se compraron tapabocas N95 referencia 9010 al por mayor a $20.801, cuando el valor unitario está en $12.000. También se adquirieron al por mayor tapabocas N95 referencia 8210 a $27.000, cuando el valor unitario está en $6.600.Según esta lógica sería mejor comprar al detal porque por el precio de un tapabocas al por mayor se comprarían 4 al por menor y todavía sobraría dinero.

Otro punto que presenta irregularidades del contrato es el relacionado con los beneficiaros. Mientras que en la destinación se habla de “tomas”, “pedidos” y “salud barrios”, en realidad los únicos destinatarios son la Alcaldía de Bello, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, el Ejército y la Cárcel de Bellavista.

Qué tal la empresa contratante

Como para completar el rosario de irregularidades, la empresa contratante En-Corales S.A.S, a juicio del denunciante ante la Fiscalía, no cumple con los requisitos de idoneidad porque su actividad está “circunscrita a la comercialización de productos de papelería, tal como se conoce su objeto y experiencia específica publicada por la empresa en redes sociales”. Así aparece en pantallazo anexo a la denuncia instaurada en la Fiscalía. ¡Vaya sorpresa! Al consultar, a finales de enero de 2021, la página de En-Corales S.A.S en redes sociales, aparece otra actividad:“Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados”. En esa misma página se informa que la compañía fue actualizada el 25 de agosto de 2020; recordemos que el contrato 0261 fue celebrado el 7 de abril de 2020.

La dirección que aparece actualmente sí es la misma que aparece en el contrato, pero según el denunciante, él se desplazó hasta esa dirección, que además es la que aparece en Cámara de Comercio, y comprobó que allí no funciona ninguna empresa: es una casa de familia ubicada en el barrio Calasanz de la ciudad de Medellín.

En la denuncia ante la Fiscalía también se aporta otra dirección que aparece en redes sociales y que coincide con la póliza de seguro del contrato 0261. En ella tampoco funciona ninguna empresa, corresponde a una casa de familia ubicada en el sector la Asomadera del barrio La Milagrosa.

Solo les queda a los habitantes de Bello unirse para realizar seguimiento y defender sus derechos, porque por el lado de los entes de control está bastante difícil: la Contraloría que debería estar vigilante de los recursos no encontró ninguna anomalía en el contrato y ¡cómo podría encontrarla! si el actual contralor hizo parte de la campaña del alcalde. Se repite lo mismo de la Administración pasada en la cual el contralor había sido jefe de debate de la campaña del alcalde.

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