Construir y destruir

Problemas éticos y humanos en el sector de la construcción

Por Raúl Martínez

Imagen tomada de pares.com.co

A principios de este año, Argos USA, filial del grupo ARGOS que pertenece al Grupo Empresarial Antioqueño (-GEA-, antes Sindicato Antioqueño) llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar una multa de 20 millones de dólares por establecimiento de monopolio en Georgia, Estados Unidos, entre 2010 y 2016. Se trata de una vieja tradición de la cementera antiqueña de aliarse con otros grupos como ellos, para quebrar las pequeñas cementeras que le compiten, además de distribuirse zonas de comercio con otros monopolios y llegar a acuerdos para los incrementos de los productos. En una economía de “libre mercado” esto no está permitido, por lo menos no desde la ley, ni acá en Colombia ni en Estados Unidos.

Son muchos los sectores de nuestra sociedad que evidencian la podredumbre, la violencia que utilizan y el grave nivel de crisis ética y moral en su funcionamiento. Pero quizás el de mayor resonancia es el sector de la ingeniería, la construcción y la arquitectura.

La ingeniería al servicio de los corruptos

Los casos son cotidianos, pero emblemáticos. El Puente de Chirajara en la Vía al Llano, que comunica a Bogotá con Villavicencio, se cayó en 2018 dejando 9 obreros muertos y otros más heridos. Había sido inaugurado en noviembre de 2017 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, vinculado a la empresa COVIANDES, encargada del proyecto y que obtuvo varios reconocimientos, como el Premio Nacional de Ingeniería en Colombia en el año 2010 y el Premio ITS España por la implementación tecnológica, según dice su sitio web. El puente se cayó, sin embargo, porque, al parecer, tuvo problemas de diseño estructural de sus componentes.

Algunos de los dirigentes más representativos del país y de las empresas más emblemáticas se han visto envueltos en escándalos muy graves, imposibles de ocultar, como el tema de Hidroituango. Hay otros, sin embargo, a los que la prensa no les hace mucho ruido para proteger los intereses de estas grandes corporaciones incluso hasta cuando ya había estallado el escándalo, como el caso del GEA involucrado en el escándalo de Hidroituango.

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se localiza sobre el río Cauca, en el llamado “Cañón del Cauca”, en el Noroccidente antioqueño. Ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceño, en donde se localizan las obras principales, y de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, que aportan predios para las diferentes obras del proyecto. Dicha hidroeléctrica pretende ser la generadora de energía más grande del país y para lograr su construcción fueron desplazados y asesinados muchos campesinos de la región. Entre tanto, los medios mintieron u omitieron información con respecto al manejo político que se le dio a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por muchos años, convirtiéndola en la caja menor y una empresa más del GEA, lo cual permitió varios desmanes en el diseño y construcción de la obra.

Estas son sólo dos referencias de los caos más conocidos de irresponsabilidad, violencia y corrupción en obras de ingeniería. Sin embargo, la construcción de vivienda no escapa de la misma situación. ¿Cuánta plata se roban en cada proyecto que no terminan, que prorrogan, o que se cae por mala calidad?

La construcción, un dramático panorama

Todos tenemos el recuerdo de la evacuación obligada y urgente del edificio Space, en 2013, en el barrio El Poblado de Medellín, debido al derrumbe de una de las torres de apartamentos. Este hecho ocasionó 12 muertos y afectó a 700 familias que desde ese momento fueron desplazadas y obligadas a errar por la ciudad. La empresa constructora CDO, de un reconocido empresario del gremio, Álvaro Villegas, intentó ocultar la situación, envió obreros a “resolver” la primera manifestación del problema y esos obreros fueron parte de los muertos el día del desplome.

Según el estudio contratado con la Universidad de Los Andes, la falta de capacidad estructural de las columnas del edificio no les permitía soportar las cargas normales a las cuales se vieron sometidas. Agrega, además, que, de haber cumplido la normativa existente en el país, esta tragedia no hubiera ocurrido.

En forma similar, en octubre de 2019 tuvieron que desalojar a 750 habitantes de la Unidad Atalaya, en el sector La Mota, también en Medellín, debido a “fallas estructurales”.

Al parecer la principal falla estructural está en la mediocridad, mezquindad y baja moral de muchos constructores, que quieren obtener mayores ganancias con malos diseños estructurales, pésimos diseños arquitectónicos y con materiales de baja calidad o en menor cantidad de la necesaria para los requerimientos. Es un problema ético estructural el que está viviendo el sector de la construcción.

Queda la pregunta de las decisiones sobre los diseños, materiales, el cumplimiento de la norma, la interventoría… en general ¿quién cumple y quién obliga a cumplir a los constructores para que esto no se repita? A los habitantes de estas unidades no hay forma de repararlos en los daños psicológicos, sociales, económicos, emocionales con que quedan después de estos sucesos: un señor enfermo de cáncer que se agravó con la pérdida del apartamento y tuvo que comenzar a “rodar” por la ciudad, una estudiante que perdió su vivienda y su calidad de vida, y enfrentó problemas personales y académicos. De esto ¿quién se encarga? Los castigos no son acordes a los daños ocasionados.

Este pequeño esbozo de la corrupción y violencia del sector de la construcción termina con la devolución de predios adquiridos de forma violenta, por desplazamiento directo, o aprovechándose de la situación de los campesinos que tuvieron que dejar sus predios por amenazas o muertes. Es a lo que se vieron obligados Argos y Bancolombia, de nuevo dos empresas del GEA, condenados recientemente por los jueces de Restitución de Tierras, entre 3.500 responsables de despojo de tierras en Colombia y deslazamiento forzado. La guerra en Colombia tiene profundos motivos económicos, y las grandes empresas y conglomerados económicos se apropiaron de tierras de campesinos, una contrarreforma agraria impuesta en beneficio de empresas ligadas al sector de la construcción.

Pensar en el tema de la ética en diversos sectores parece un tema extraño para nuestra sociedad. El sector de la construcción y las empresas de insumos para esta, las de ingeniería y de arquitectura pasan por una grave crisis ética que lleva a la mala ejecución de obras y al perjuicio de miles de personas que han perdido todas sus pertenencias, el ahorro de sus vidas, igual que al desfalco del Estado. Por todo esto nadie responde, ni en el sector público ni en el privado.

Qué falta hace la formación integral, ética y humanista en nuestras universidades, las que forman los constructores, ingenieros y arquitectos del futuro.

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