Huelga en la India

Por Juan D. Suárez Gómez

En la foto: Enfrentamiento entre campesinos y policías en Nueva Dehli. FUENTE: asianews.it

En los años 90 Francis Fukuyama, uno de los grandes ideólogos de la dominación norteamericana en el mundo, había declarado pomposamente el “fin de la historia”, pues la derrota de la Unión Soviética había supuesto la caída final del socialismo y, consecuentemente, de la siempre denostada lucha de clases. Sin embargo y a pesar de las previsiones de Fukuyama, el triunfo del libre mercado no se ha mostrado más que como una fantasía. El país más poblado de la tierra, India, vive la huelga agraria más grande de la historia, lucha que ha paralizado completamente el país desde noviembre de 2020. El origen de la huelga fue la promulgación de unas nuevas leyes de comercio agrario que ha impulsado el gobierno derechista de Narendra Modi, uno de los ejemplos del populismo neofascista del siglo XXI y hasta hace poco aliado de Donald Trump. Las protestas han reunido a más de 50 millones de personas a lo largo del país y han puesto a tambalear a un gobierno que creía que su idea de modernización era imparable.

Desde los años 60 en la India se desarrolló la llamada revolución verde, que implicó la transferencia tecnológica de las plantaciones a gran escala que se habían desarrollado en Estados Unidos a partir de la mecanización de la agricultura. Pesticidas, fertilizantes y semillas homogeneizadas fueron el paquete tecnológico que se desarrolló de manera experimental en la India y que generó un mercado de productos como el trigo y el arroz que sirven como base de la alimentación de este país de 1.400 millones de personas. A pesar de haber logrado ese avance en la alimentación, la aplicación de esta revolución verde en términos agropecuarios implicó la inserción de una sociedad campesina en el mercado capitalista de alimentos, causando la quiebra masiva de los pequeños productores familiares.

Durante las últimas cuatro décadas, esta agricultura campesina ha sobrevivido precariamente con base en unas exiguas leyes de protección que garantizan un precio base para algunos alimentos básicos como el trigo, el arroz y la cebada. Según la Procuraduría de la India, entre el año 1995 y 2019 se han suicidado un promedio de 10.000 campesinos debido al acoso de los préstamos y la imposibilidad para pagarlos, un fenómeno social con tristes consecuencias para las familias y que demuestra la escala del problema del agro en un país de tal tamaño. Por ello, la actual movilización frente a lo que se ha llamado popularmente como las “leyes negras” tiene los alcances de una revuelta donde el mundo rural y la producción familiar intentan resistir el asalto de las grandes corporaciones agrícolas que pretenden adueñarse de la comercialización de la producción de granos que alimenta a la población.

Las “leyes negras” son un conjunto de medidas que liberalizan el sistema de aseguramiento de precios basado en los “mandis”, que son mercados locales que pagan los precios fijados por el gobierno. Este precio fijo pagado al productor ha permitido de manera irregular la sobrevivencia de la producción campesina, la cual se pondrá en riesgo con el cambio de los “mandis” por sistemas de subastas donde los grandes comercializadores de productos agrícolas impongan sus deseos. En cierta medida, lo que se puede observar en la India es la paulatina desaparición de una sociedad campesina en favor del capitalismo expansivo, proceso que ya había sido descrito por Marx en la Inglaterra del siglo XVIII, y está aconteciendo en sociedades como la India, que ha sido mayoritariamente agrícola.

Este tipo de liberalización de la producción agrícola ha seguido un libreto desde la ya denostada Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés). Una de las medidas más criticadas es la posibilidad de crear mercados paralelos que destruyen los acuerdos existentes. Esto demuestra que el neoliberalismo, más que una entronización de los mercados que siempre han existido, lo que hace es garantizar que las corporaciones se aseguren el control de ganancias en mercados ya existentes, exprimiendo a los más pequeños. Un segundo punto de las leyes es la posibilidad de crear contratos donde cada pequeño productor tiene que negociar directamente con la corporación, reforzando de esta manera la desigualdad de poder. Un tercer punto que afecta a los agricultores es la imposibilidad de recabar productos y generar stocks que garanticen la distribución todo el año; ahora este acaparamiento se dejará en manos de las corporaciones privadas.

Las protestas actuales en la India son la última muestra de resistencia de una sociedad campesina ante los embates del capitalismo neoliberal. Como lo dijo la ONG Oxfam: “La desigualdad en India cayó después de la independencia, pero ha subido recientemente a niveles vistos en la era colonial”. El gobierno ha atacado estas poblaciones con toda su fuerza, aplicando ampliamente las leyes antiterroristas que permiten encarcelar por décadas a cualquiera que sea detenido. Esta crisis se suma a la que había abierto el gobierno de Modi desde el 2018, cuando, emulando las ideas etnocentristas y proto-nacionalistas de Donald Trump, declaró a los 200 millones de musulmanes que viven en el país como personas sin ciudadanía que deben probar su nacionalidad, dejando de ser ciudadanos en su propio país de un momento a otro. La confluencia de un gobierno fascista con las reformas pro-corporaciones muestra como la extrema derecha contemporánea en todos los lugares intenta combinar una retórica social con las medidas antipopulares más feroces.

Esta crisis del campo en la India también es una muestra de las consecuencias que trajo la aplicación de la revolución verde, donde pesticidas y fertilizantes de marca exacerbaron la pobreza y produjeron una nueva ola de “modernización” que significa garantizar el negocio para los grandes y el sufrimiento para los campesinos. Esta supuesta mejora del campo genera un escenario donde se suman la explotación económica de los campesinos pobres con daños ambientales brutales y enfermedades, por la utilización masiva de fertilizantes químicos y pesticidas. Este escenario no es diferente del que hemos vivido en Colombia, donde, en nombre de la formalización del campo, se ha entregado en bandeja de plata la soberanía alimentaria a los grandes empresarios con su apetito de ganancia.

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