Tercera reforma tributaria de Duque

Un retrato digno de su gobierno

Por Rubén Darío Zapata

Imagen tomada de celag.org

En el Estado de Bienestar, la política tributaria tenía un claro sentido redistributivo y de justicia social. El Estado debía cobrarle impuestos sobre todo a los más ricos, a los grandes empresarios y terratenientes, para invertir en programas sociales que atendieran necesidades fundamentales de las clases más pobres que el mercado no estaba dispuesto a atender de gratis. Así surgieron los programas sociales que dieron vida a la red de hospitales públicos, a las escuelas, colegios y universidades oficiales, a los programas de vivienda financiadas por el Estado, a los mercados subsidiados, como el Idema, etc.

El neoliberalismo desmontó el Estado de Bienestar y acabó con la mayoría de estos programas o los redujo a su mínima expresión. Después de que el Estado había construido la infraestructura para la mayoría de estos servicios, el negocio resultó redondo para los grandes capitalistas, sin tener que invertir prácticamente nada.

En consecuencia, el Consenso de Washington, que fue el recetario con el que se impuso el modelo neoliberal en nuestro país, sugería reducir drásticamente el tamaño del Estado y reducir al máximo el gasto público. El propósito era alivianar la carga impositiva que pesaba entonces sobre los empresarios y financiaba los programas sociales, al tiempo que dichos programas se convertían en negocios rentables para los mismos empresarios.

Un Robin Hood a la inversa

El problema es que el Estado colombiano no redujo su tamaño, sino que, incluso, lo ensanchó a causa de la ineptitud de la clase política que opera como funcionaria, del clientelismo que auspicia las nóminas paralelas y de la corrupción descarada. Esta misma corrupción y la cooptación del Estado en manos de las élites económicas ha hecho que los grandes capitales se vuelvan intocables para la política tributaria y que el gobierno tenga que echar mano del bolsillo de las clases medias y pobres, cada vez más rotas y desahuciada s. Eso explica que desde los años 90 no haya habido un gobierno que no recurriera mínimo a una reforma tributaria.

Pero el gobierno de Duque ya va por la tercera reforma, en la cual repite y profundiza la misma receta. Al principio anunció que pretendía recaudar unos 15 billones para tapar el déficit fiscal y luego elevó sus pretensiones a 25 billones. El 60% de este recaudo lo pondrán las personas naturales, mientras solo un billón de pesos saldrá por concepto de dividendos y otro billón por cobro a los grandes patrimonios.

La estrategia del gobierno es profundizar el impuesto al valor agregado- IVA, extendiendo el impuesto a una diversidad de productos de la canasta familiar que antes estaban exentos de él; con ello castiga mucho más los ingresos de las familias pobres, exprimidas hasta el hueso por el modelo neoliberal y aplastadas por la pandemia. La otra estrategia es ampliar la base gravable para el impuesto sobre los ingresos, reduciendo el tope del salario gravable, que estaba en 4 millones de pesos mensuales, a 2.5 millones. Según el propio ministro de hacienda, un trabajador que devengue 3 millones de pesos tendrá que pagar mínimo 400 mil pesos de impuestos al año. Esto no toma en cuenta que, gracias al desempleo, hoy difícilmente una familia cuenta con dos personas trabajando y que ganen más del mínimo cada uno, y que ante el encarecimiento que ha sufrido la vida en Colombia durante los últimos años, 3 millones de pesos escasamente alcanzan para que una familia viva al ras.

Según el gobierno, el déficit fiscal actualmente ha sido profundizado por los recursos que tuvo que invertir para atender la pandemia. Pero es un hecho que pocas familias pobres fueron beneficiadas con estos recursos, que muchos de ellos se diluyeron en la red de corrupción y que algunos fueron a subsidiar las empresas de los grupos más poderosos del país, mientras las pequeñas y medianas industrias se quebraban por montones.

Según un informe de la Silla Vacía del 22 de febrero de este año, “mientras el 80% de las empresas del país eran destruidas por la crisis generada por las medidas para combatir la pandemia, el gobierno ayudaba con subsidios a empresas de Sarmiento Angulo como la Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina”. También otorgó subsidios a empresas de Ardila Lulle como Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports. Y de Jaime Gilinsky como Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana.

Para conocer el destino de los recursos desembolsados por el gobierno para atender a los sectores más vulnerables ante la pandemia y las cuarentenas decretadas, baste recordar los trapos rojos que pulularon y pululan en los barrios populares de las principales ciudades anunciando familias que mueren de hambre porque no pueden salir a rebuscar su diario, o a los microempresarios que han denunciado las trabas que ponen los bancos para desembolsar los créditos, mientras el gobierno ofrecía un crédito fabuloso a Avianca, cuya crisis poco tenía que ver con la pandemia y más con sus problemas administrativos.

Pagando una guerra ajena

Ahora anuncia el gobierno su propósito de comprar en Estados Unidos 24 aviones de combate por el valor de 4.000 millones de dólares, algo así como 18 billones de pesos. Esta cifra es el 70% de lo que espera recaudar el gobierno con la reforma tributaria e iguala la cifra que pedían los estudiantes y profesores en 2018 para resolver el déficit de las universidades públicas en el país.

La motivación para la compra de estos aviones, según el gobierno, es supuestamente la amenaza que representan para el país Venezuela y Cuba. Pero ¿Qué tipo de amenaza son realmente Cuba y Venezuela para Colombia? Hasta ahora no se conoce que Cuba entrene en su territorio un ejército para invadir países vecinos y ni siquiera se conoce un conflicto de intereses reales con Colombia. Por su parte, Venezuela se arma frente a la amenaza, esa sí real y expresada por todos los medios, de invasión por parte de los Estados Unidos. Pero, con toda seguridad, buena parte de la guerra se librará en la frontera con Colombia, pues los últimos gobiernos han ofrecido su territorio (y al parecer sus fuerzas armadas) como punta de avanzada para el ingreso de las tropas gringas a Venezuela.

Como están las cosas, todo parece indicar que Duque les comprará a los gringos los aviones de combate, que los pagaremos los más pobres en esta reforma tributaria, para abrirle paso a la flotilla norteamericana desde nuestras fronteras. Lo que pasa actualmente allí, con los combates entre el ejercito venezolano y grupos amados ilegales (que parecen ser la avanzadilla para los proyectos de intervención gringa) y con la actitud ambigua del gobierno Duque, es el augurio de lo que viene.

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