Por nuestros muertos, Duque tiene que renunciar

Por Rubén Darío Zapata


Ilustración: Fernando Robuschi

Decía alguna vez el famoso luchador social sudafricano, Nelson Mandela, que podemos estar seguros de que el fin de un dictador está cerca cuando lo único que tiene en las calles son sus fuerzas armadas. Este mensaje lo han posteado en las redes sociales infinidad de veces en estos tiempos de movilización y represión, como para confirmar que, efectivamente, la dimisión de Duque está cerca. Pero creo que este es un falso optimismo que nace de la descontextualización de la frase de Mandela.

En primer lugar, Duque no es un dictador, o al menos gobierna arropado en la cuestionable figura de la democracia colombiana, supuestamente la más estable de América Latina. Y, en segundo lugar, la represión armada como única respuesta del Estado colombiano ante las justas exigencias del pueblo o las alternativas de vida que pretende construir, no es un privilegio del gobierno Duque, sino la característica más sobresaliente de esta élite política mafiosa enquistada en el gobierno y en toda la institucionalidad colombiana desde hace ya demasiado tiempo. Es un hábito, o mejor, una cultura que bien define a la clase gobernante de este país. Eso explica los mal llamados falsos positivos, cuya escandalosa cifra revelada por la JEP (más de 6.400 en diez años, y la mayoría durante el gobierno Uribe) es apenas la punta del iceberg, pues la mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales quedan sin denunciar, por miedo y amenazas, o sin investigar, por negligencia institucional.

Y no son solo las fuerzas armadas constitucionalmente establecidas las que ejercen esta represión cada vez más espantosa: la alianza estructural entre estas fuerzas armadas y estructuras criminales mafiosas son ya parte del ADN de esta élite que ha sembrado el terror por todo el territorio nacional con sus ejércitos paramilitares, ahora renombrados simplemente como Bacrims o Gaors.

Plomo han recibido los estudiantes cada vez que se han movilizado, baste recordar la forma como atendió el gobierno de Pastrana el paro estudiantil de 1971. Plomo recibieron los campesinos de Marquetalia y Guayabero, que querían mantener sus proyectos de economía campesina y fueron señalados de querer construir repúblicas independientes. Plomo recibió la Asociación de Usuarios Campesinos-ANUC que se organizó para hacer realidad la Reforma Agraria que los gobiernos querían mantener dormitando en un papel. Plomo recibieron los manifestantes durante las protestas del paro cívico de 1977. Plomo recibió la Unión Patriótica cuando las Farc quiso trasladar su lucha al escenario institucional.

Plomo han recibido en estas últimas décadas las organizaciones sindicales, prácticamente diezmadas por el paramilitarismo en los años 90. Plomo siguen recibiendo las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas por reclamar el acceso a sus tierras y la reforma rural integral que les permita vivir de su trabajo y preservar sus territorios. Plomo siguen recibiendo los ambientalistas que se oponen al extractivismo salvaje. Y plomo reciben diariamente los defensores de derechos humanos, pues mientras el plomo sea la estrategia gubernamental por excelencia la defensa de los derechos humanos es al mismo tiempo una condena a muerte.

Y el mejor representante de esa cultura política mafiosa es, por supuesto, el expresidente Álvaro Uribe, quien tiene siempre a flor de labios la invocación de las fuerzas militares para sofocar cualquier protesta. La acusación de terrorismo para referirse a los manifestantes en él no es una simple muletilla, sino el mantra que, como por encanto, deslegitima la protesta y, al mismo tiempo, justifica la matanza institucional. Ya había sugerido, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, militarizar y bombardear Urabá para sofocar una protesta campesina, tal como él hizo con la comuna 13 de Medellín en la desafortunadamente famosa Operación Orión. Ahora, ante las masivas movilizaciones y la rabia popular que se ha expresado en las calles contra el gobierno de Duque, vuelve a invocar su fórmula mágica e incendiaria: respaldar el uso de las armas por parte de la fuerza pública contra los manifestantes. Esta vez su propuesta fue prácticamente una orden acogida por el presidente Duque, quien ya había dado pruebas de estar plenamente sintonizado con este sentimiento.

El año pasado, cuando la policía desenfundó sus armas y disparó temerariamente (e impunemente) contra los manifestantes que salieron a rechazar el vil asesinato de Javier Ordoñez a manos de dos policías, el gobierno legitimó esa acción con un desdén impresionante hacia las víctimas. Mientras la alcaldesa de Bogotá organizó un acto público para pedir perdón a las víctimas por la barbarie cometida, el presidente se puso el uniforme de policía y asistió a una ceremonia de respaldo y desagravio con los uniformados, a pesar de que acababan de asesinar a más de 14 personas.

Eso explica que las imágenes que en aquel entonces nos aterraron tanto: policías en las calles disparando a diestra y siniestra contra las manifestaciones masivas, hoy sean simplemente cotidianas. Las redes sociales y los medios alternativos nos muestran todo el tiempo a los policías disparando en la calle contra los manifestantes como si se tratara de una película de gansters gringos; o a la recua de civiles que salen de los Cais o las estaciones de policía para infiltrarse en las marchas, generar el caos y justificar la matanza posterior; de hecho, hay imágenes que muestran a estos mismos civiles desbandados disparándole a las manifestaciones. Ocho días después de iniciadas las movilizaciones ya van más de 30 muertos, la mayoría en la ciudad de Cali, centenares de heridos, muchísimos desaparecidos, muchísima gente retenida y más de 10 mujeres violadas en los Cais de la Policía.

Los videos de aficionados capturaron las imágenes de los militares invadiendo un colegio claretiano en Bosa para que allí aterrizara un helicóptero con gran material de guerra. También evidenciaron a un helicóptero militar disparándole desde el aire a una manifestación en Buga. Y esa misma noche, cinco de mayo, los videos mostraron a paramilitares disparando contra la manifestación en un viaducto de Pereira, en donde dejaron dos muertos. Es la turba institucional desbocada.

Los periodistas y defensores de derechos humanos (incluso de organizaciones internacionales) han sido amedrentados, golpeados y hasta detenidos para que no evidencien la barbarie ya inocultable. Entre tanto, los órganos de control, controlados ellos mismos por el gobierno, se mantienen tibios, con pronunciamientos ambiguos o justificativos del desmán policial y militar.

En ese contexto no puede leerse la respuesta militar del Estado como una muestra de debilidad del gobierno. Su fortaleza ha sido desde siempre militar. Entre otras cosas, no cabe en Colombia la esperanza de que en un arrebato de dignidad las fuerzas armadas del Estado, aterradas ante la sangre de su pueblo por ellas mismas derramada, le vuelvan la espalda al gobierno, como ha sucedido en otros países, para permitir una solución democrática y pacífica del conflicto. La doctrina militar imperante en Colombia ha formado verdaderas máquinas de guerra, pero no simplemente obedientes como haría pensar el término máquinas, sino al servicio de sus intereses particulares, cercanos al capital y a las mafias, que en Colombia son una y la misma cosa.

Lo que sí evidencia la respuesta militar del gobierno es su estatura moral y la necesidad del pueblo de ponerse por encima de ella para ganar su dignidad. Evidencia la necesidad urgente de transformar esta institucionalidad mafiosa y poner al gobierno al servicio de las necesidades de la gente, al servicio de la justicia y de la vida digna para todos. No es la debilidad del gobierno la que debe movernos a exigir su renuncia, sino la dignidad del pueblo que ya no está dispuesto a tolerar tanta bajeza y despotismo.

2 comentarios

  1. No solo que Duque renuncie, sino que hay que acabar con esa vieja Constitucion oligarca, conel narcotrafico y el uribismo, narcoparamilitar. Castigar a todos los responsables de los crimenes de guerra cometidos y que se siguen cometiendo, hacer pagar a las bandas criminalesnarcoparacos, echar las bases gringas del pais, en fin hay que reconstruir a Colombia, hermanos. Fuerza y lucha.

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