Desorden público: Acciones policiales y Derechos Humanos

Por Julio Rubio

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Desde el inicio del Paro, el 28 de abril, la Policía Nacional ha desplegado una estrategia para “reestablecer” el orden público que, muy por el contrario, ha puesto en vilo cualquier garantía de los Derechos Humanos de los manifestantes, sus familias y comunidades en los puntos de concentración y las movilizaciones. Lo sucedido en Buga el día 13 de mayo, así lo confirma. El despliegue de alrededor de 300 hombres del ESMAD, en un operativo sorpresa en la madrugada contra los manifestantes, y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos en los barrios aledaños, dan cuenta de una intención persecutoria y no de orden público. A lo cual se suma el desembarco de hombres de la Policía en la sede del SENA-Buga, tal como sucedió en el colegio Claretiano de Bosa y la poca atención a la Comisión del Senado que hizo presencia en el lugar.

El propósito de capturar a los manifestantes, o a quien se les parezca, está orientando el accionar policial y las acciones antes mencionadas. El afán de obtener “positivos”, en su lenguaje, ha puesto al ESMAD como el protagonista del manejo del orden público que, de facto, dista de cualquier intento de diálogo y deja en un escuadrón policial preparado para la acción directa, la solución de los hechos. Lo anterior, a sabiendas de las múltiples denuncias por exceso de fuerza y violaciones de derechos humanos que existen sobre este grupo. Solo en este Paro, según reporte de Indepaz hasta el 8 de mayo, los casos de violencia homicida de este escuadrón suman 16 (ver tabla 1), de los cuales 11 se concentran en Cali.

Tabla 1

 ESMADPOLÍCIACIVILS.I.
CALI112211
BOGOTÁ2 1 
LA VIRGINIA1   
YUMBO1  1
PEREIRA1  2
SOACHA  1 
IBAGUE 1  
MADRID 2  
MEDELLIN    

Fuente: Indepaz. Corte mayo 8 – 2021

http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

Pero a la par que el ESMAD con sus acciones acrecienta las tensiones sociales y agudiza la difícil situación de derechos humanos, no hay una acción contundente para quienes amparados en camionetas de alta gama y en horas de la noche, disparan contra los puntos de concentración, lo que desde el 5 de mayo es repetitivo. De la misma manera, no se conocen aún los procesos judiciales emprendidos para quienes dispararon a plena luz del día contra la Minga Indígena, a pesar de que existen videos y denuncias públicas sobre estos hechos. Lo cual es de mucha gravedad por dos razones: la primera, y según los datos de Indepaz, es que se han identificado 4 civiles en hechos que atentan contra la vida, y, segunda, la aparición de grupos de civiles que explícitamente manifiestan atacar a los manifestantes con armas de fuego. De no darse acciones legales al respecto, lo que se configura es un trato asimétrico para con los manifestantes, y legitimador de los civiles armados, quienes tendrían vía libre para continuar con sus acciones.

Tanto la preponderancia del ESMAD como la participación de los civiles armados, expande de manera preocupante la nula voluntad de caminos distintos al seguimiento, captura y judicialización de quienes están participando del Paro, particularmente los/as jóvenes de las Primeras Líneas. La situación antes comentada en Buga, es buen ejemplo de ello; el ingreso al barrio por parte del escuadrón fue para capturar a los jóvenes y bajo ese criterio no importó la afectación de los habitantes que ahí habitan. Ir, a toda costa, por los “vándalos” ha derivado en los excesos policiales, que, además, han venido acompañados de violencia sexual. El caso de la joven Diana en Cali y, ahora, la niña Alison en Popayán, es el culmen del aberrante accionar de los policías. Hacer del cuerpo de las mujeres no solo un objeto de abuso, sino de tortura y alevosía machista-policial, es una afrenta y muestra de la degradación a la que está llegando su proceder. Según Indepaz, se han registrado 18 casos de violencia sexual.

      Los hechos evidencian, cada vez más, la puesta en marcha de una guerra indiscriminada, que haciendo uso de dispositivos y acciones no convencionales y violatorias de los derechos humanos, como el irrespeto a las Misiones Médicas, han terminado por acrecentar la confrontación. Con tres agravantes adicionales: uno, la implementación de la política del chivo expiatorio o, la mal habida práctica de los falsos positivos, bajo justificación de recuperar el orden público; dos, la configuración de un juvenicidio ante la resistencia que los y las jóvenes han sostenido en todo el país, particularmente en las Primeras Líneas; y, tres, el aumento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y acciones de tortura con secuelas como el suicidio de quienes la padecen. Los datos son reveladores, según lo han registrado las Ongs Temblores e Indepaz, hasta el 18 de mayo (ver imagen 1):

En este contexto, la agenda de discusión nacional debe poner de presente el manejo del orden público que, en una situación de pérdida de gobernabilidad de las administraciones locales, puede acrecentar la crisis. Por ello, en nada ayuda y deja evidencia de su estrategia en este asunto, el llamado de la Presidencia de la República a las fuerzas armadas en el cual conmina al despliegue de la “… máxima capacidad para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos, recuperemos la movilidad” (ver imagen 2). Mensaje enviado el 17 de mayo, pero ese mismo día y el siguiente, Yumbo padeció confrontaciones muy fuertes, que confirman la máxima capacidad y desdice la proporcionalidad y la defensa de derechos. La agenda prioritaria, ahora, está en la garantía de los Derechos Humanos para quienes se manifiestan, lo peor que puede pasar es un escenario parecido al del Estatuto de Seguridad Nacional del presidente Turbay Ayala.

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