Del millonario endeudamiento de Bello

Por Betty Ciro

Foto: Sebastián Morillo

El pasado viernes 21 de mayo de 2021, el Concejo del municipio de Bello, en una actuación apenas digna de la mayoría de la clase dirigente de este país, ciega, sorda, muda, y de espaldas a la comunidad, aprobó la solicitud que había sido presentada por el actual alcalde Óscar Andrés Pérez Muñoz, para tramitar un endeudamiento por valor de 181.000 millones de pesos. La iniciativa fue elevada a Acuerdo Municipal por 14 de los 19 concejales.

La decisión del Concejo es considerada muy grave por la comunidad bellanita, “es como poner al gato a cuidar el queso”, afirma Juan, dirigente social de Bello. Es que los bellanitas conservan en su memoria ingratas recordaciones que rodearon las actuaciones del señor Pérez Muñoz en su anterior período de alcalde (2008-2011), contrario a afirmaciones de copartidarios del Centro Democrático para quienes “la gestión del señor Pérez recibió las más altas calificaciones, razón por la cual aún tiene la mejor recordación entre la comunidad” .

Es imposible que los habitantes de Bello olviden lo sucedido durante el período del alcalde Óscar Andrés Pérez con el Colegio San Elías, cuando todos los días ven ese elefante blanco construido en el inicio de las laderas del emblemático Cerro Quitasol de Bello. Para la construcción de ese edificio, el municipio de Bello fue codeudor de nueve mil millones de pesos, préstamo cuyo titular fue la Fundación Taller de Los Niños. Allí se calculó un lucrativo negocio en educación: el operador privado usufructuaría durante 20 años 4.000 cupos anuales pagados con dineros del Sistema General de Participaciones a razón de un millón cuatrocientos mil pesos, reajustables cada año.

Por las cuentas que calcularon tanto el contratista, municipio de Bello, como el contratante, Fundación Taller de Los Niños, el préstamo se pagaría rápidamente y el particular empezaría a gozar de la rentabilidad que representa el negocio de la intermediación en educación. “Cómo no va ser muy rentable este negocio de la educación cuando a los docentes les pagan un salario mínimo o un poco más, pero deben laborar dos jornadas, en la mañana con preescolar y en la tarde con cuarto o quinto o cualquier otro grupo”. Así lo declara Alexandra, licenciada en educación, que no ha pasado el concurso para aspirar a un cargo en la educación oficial.

El negocio se enredó

El colegio San Elías funcionó durante un poco más de un año. Fue la movilización de padres de familia y estudiantes lo que frenó el negocio allí. Ellos entendieron los problemas que les acarrearía el traslado de sus hijos hasta ese lugar, el hacinamiento; la dificultad que significaría pasar de un colegio muy cerca de sus casas y ahora tener que acceder a un transporte para el desplazamiento; el desmantelamiento de colegios públicos tradicionales en su barrio por el traslado masivo de estudiantes al nuevo colegio. En fin, en últimas el negocio no resultó y la nueva construcción fue desocupada, los estudiantes regresaron a sus anteriores colegios y el edifico empezó a ser desvalijado.

Al principio se llevaron los cables de la luz, los sanitarios, los lavamanos y todo lo que estaba hacia el exterior, pero luego se fueron entrando para alzar con puertas, ventanas, tejas hasta el punto que hoy es solo un coco.

Los vecinos de la parte alta de Pachelly y Las Araucarias se preguntan dónde están las distintas administraciones de Bello que permitieron semejante detrimento patrimonial cuando ellos propusieron que instalaran allí un puesto de salud o una sede del Sena. La preocupación de los habitantes de esta zona es aumentada por la actuación de la Contraloría General de la República que, según informe del Periódico Causa Popular Nº 174 de junio 15 de 2018, por auto del 16 de abril de 2015 ordenó el cierre de la Indagación Preliminar Nº 024-14 codificada como ANT-IP-2014-05067 y que abrió Proceso de Responsabilidad Fiscal al Secretario de Educación José Rolando Serrano y a la Representante Legal de la Fundación Educativa Taller de los Niños por detrimento patrimonial de 1.500 millones de pesos.

Otro ingrato recuerdo

Los bellanitas tampoco han olvidado la tragedia del Barrio La Gabriela, sector Calle Vieja, lugar donde perecieron 80 personas al ser sepultadas 37 casas por el desborde de la quebrada. Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2010, por omisión de la administración municipal al no dar cumplimiento a la Resolución 3002 de 2005 que le ordenaba a la alcaldesa de ese entonces, Olga Suárez, y al presidente del Concejo Carlos Alirio Muñoz, el cierre de las escombreras explotadas por la Sociedad Minera Peláez Hermanos y Compañía en comandita y del lavadero de carros que funcionaba en la parte alta del barrio. En febrero de 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió fallo condenatorio por 1.300 millones de pesos en contra del municipio y de un particular. Bello deberá responder por el 60% de la condena y el particular por el 40%. Este fallo será precedente para las otras muchas demandas en curso por el mismo hecho.

El actual mandatario municipal, al llegar al cargo, también hizo caso omiso de todos los llamados a prevenir la tragedia anunciada.

Solicitan acción de repetición

Dirigentes populares de Bello solicitan que se ejerza la Acción de Repetición contemplada en la Constitución y la Ley en contra de los mandatarios que por acción o por omisión han permitido el detrimento patrimonial del presupuesto del municipio. Esta Acción consiste en que sea el funcionario responsable de la acción u omisión quien deba pagar de su propio pecunio el dinero que se le cobre a la entidad que representa o representó.

De igual forma exigen que se aplique la misma Acción en contra de Óscar Andrés Pérez, para que también responda por los 89.000 millones de pesos que deberá devolver a EPM por cobro de plusvalía del terreno sobre el cual construyeron la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, sobre lo que ya existe fallo condenatorio en contra de Bello. Los bellanitas recuerdan que este dinero se esfumó en manos de este mandatario.

A todo lo anterior se añade que en el último año de mandato del señor Pérez Muñoz, se desviaron los dineros del pago de la nómina de los docentes, a quienes dejó sin el salario de diciembre y prima de navidad en ese fin de año.

Por la falta de transparencia en el manejo del presupuesto del municipio, es que los bellanitas están preocupados por el abultado endeudamiento que acaba de ser aprobado en el Concejo del municipio.

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