La institucionalización de la pandemia como agente moralizador

Por Daniel Pineda González

Imagen: César Galera

La pandemia, sin duda, vino aparejada con muchos y muy variados cambios; entre ellos, por supuesto, las diferentes medidas sanitarias que buscan mitigar los efectos adversos que esta provoca. En todo el mundo las medidas han oscilado entre periodos extensos de cuarentena y, en términos generales, restricciones a la movilidad. Sin embargo, existen, de acuerdo con cada país, unas particularidades que hacen que el manejo del covid-19 sea muy distinto. Tal es el caso del continente asiático, donde, como lo recalca el filósofo Byung-Chul Han, especialmente Estados como el chino hacen un manejo de esta emergencia a partir de lo que se conoce como el Big Data, destacando las grandes diferencias respecto al manejo que emplea occidente en este mismo sentido.

Así, por ejemplo, destacaba este autor en marzo de 2020, principalmente en referencia a Europa, cuando apenas asomaba este virus, que “Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una huera exhibición de soberanía que no sirve de nada” (diario El País). Esto en comparación, como se dijo antes, con Asia, donde las estrategias parecen retomadas de las mejores películas de ficción, tales como el seguimiento ininterrumpido de la vida de sus ciudadanos a través de los cientos de millones de cámaras ubicadas por doquier, que, combinadas con una férrea disciplina de estos, fueron y siguen marcando serias diferencias respecto al resto del mundo.

Ahora bien, esto de fondo genera grandes cuestionamientos si se atiende a que, en general, la excepcionalidad es una figura que ha venido ganando un espacio tal, que hoy bien podría cuestionarse si el abuso de esta figura no la ha convertido ya en la norma. Pero, además, amparados en la misma, y sin entrar en comparaciones con los Estados asiáticos, puesto que sería un despropósito por obvias razones, no puede dejar de atenderse un análisis algo más detallado sobre lo que sucede en el cono sur de América, especialmente en Colombia. Al respecto, si bien las formas de aplicación de esta excepcionalidad son totalmente diferenciadas de lo expuesto, no dejan de percibirse o al menos así lo han reflejado ciertos episodios, como una seria amenaza contra la privacidad y la libertad misma de las personas. De hecho, podría decirse que dichas nociones han quedado diluidas, pues la esfera de la intimidad no escapa a controles con menos hipervigilancia, pero en todo caso altamente coercitivos.

A pesar de ello, no podría tampoco ubicarse la discusión en una defensa a ultranza de la libertad, so pena de asumir principalmente la carga de los cientos de decesos como una de las consecuencias más graves, aunque no la única. Pero llama especialmente la atención en el caso nacional, los dispositivos a los cuales concurre el Estado en aras de enfrentar este problema de salud pública. En ese sentido algunas personalidades como Alejandro Gaviria lo han advertido: “No a los toques de queda, no a las detenciones arbitrarias, no a los excesos policiales, no al confinamiento absoluto de niños, niñas y adolescentes, no al maltrato a los migrantes… La Constitución sigue vigente” (Twitter).

Lo anterior es una clara respuesta a diferentes episodios difundidos principalmente a través de redes sociales, donde se evidencian situaciones que comprometen la actuación de miembros de la Policía. Y es que no han sido pocos los casos que reflejan intransigencia por parte de integrantes de dicha institución, lo que ha derivado en agresiones físicas y comparendos como las principales consecuencias de un papel que se le endilgó a una institución, cuya función principal consiste en mantener la convivencia ciudadana.

En ese sentido conviene subrayar que, de manera subrepticia, con la declaración de la emergencia vía decretos que se han extendido una y otra y otra vez, se le otorgaron a la Policía Nacional facultades que le permitió convertirse de alguna manera en un agente moralizador, cuyo objetivo en el momento más álgido de la cuarentena pareció estar más ligada a un disciplinamiento social que a la seguridad ciudadana.

En contraposición, algunos podrían argumentar que precisamente ese disciplinamiento obedece al mantenimiento de la seguridad frente a un enemigo que ahora es invisible. Pero ello sería, por un lado, reduccionista, pues indicaría un desplazamiento en el foco de atención sobre lo que se va a entender como una amenaza. De otro lado, continúa en entredicho la idoneidad de una fuerza de orden público y su “licencia” para señalar a las personas como transgresoras de la ley a la luz de lo que moralmente con la pandemia se ha venido considerando como bueno, malo o incluso criminal.

Resulta entonces preocupante que la “indisciplina social” haya escalado a tal punto que no solo la Policía tenga la facultad de sancionar moralmente, sino que dichas sanciones han dado un salto hacia lo punitivo. Luego conductas como salir a la calle tomados de la mano, caminar en grupos de personas convivientes, entre otras cosas, no solo es categorizado como bueno o malo, sino que además pasó incluso a ser objeto de sanciones de tipo penal. Un ejemplo de esto lo resaltaba Moises Wasserman en mayo de 2020: “Veo que sorprendieron a unos niños jugando ‘criminalmente’ en el exterior y ya el ICBF anunció importantes sanciones. ¿Nos estamos volviendo locos?” (Twitter). Si bien es cierto que acá se incluye a otra institución, este tipo de situaciones son reconocidas primero por la Policía, quien asumió el papel de juez y verdugo, porque no se puede desconocer, como ya se dijo, que también han empleado la fuerza para “moralizar” a la población frente al “adecuado” comportamiento que se espera de ella.

Lo anterior parece pasar de manera inadvertida, pues hay quienes, presos del miedo frente al virus, han delegado enteramente su libertad y voluntad para que esta sea administrada por un tercero, justificando, además, actuaciones poco ortodoxas en nombre de lo que Bauman llamaría “la seguridad perdida”. Diariamente se acentúa a la “indisciplina social” como un crimen que ha de ser señalado con vehemencia y para el cual se exige todo el peso de la ley, como si se tratara de un crimen de proporciones épicas. Además, esta tarea que en principio fue de la Policía, hoy es asumida por la sociedad misma, por lo que es visto como normal y un deber ciudadano denunciar cualquier conducta vista como un peligro de contagio. Tal es el caso de las reuniones familiares, fiestas y/o aglomeraciones de cualquier tipo, puesto que el estado de alerta es permanente y opera de manera ininterrumpida, donde se espera toda la colaboración de las personas para “garantizar” que los riesgos se reduzcan de manera considerable.

Finalmente, es importante destacar que esto último puede obedecer en gran medida al producto de un sin número de fuentes de información que van y vienen, en una espiral de indicaciones y contraindicaciones sobre practicas de riesgo, que después dejan de serlo o viceversa, por lo que las sanciones y señalamientos sociales quedan en el mejor de los casos en un sentido común sobre lo que cada quien asuma como potencialmente peligroso. Aunque sus miedos pudieran ser infundados y aunque, como en algunos casos, las medidas “correctivas” sean desproporcionales.

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