Editorial No 66: Por un nuevo proyecto moral y cultural

Portada: Sin Título – Pavel Égüez

Por estos días en las calles de las principales ciudades de Colombia se respira una calma chicha, en un ambiente lleno de terror. Prácticamente todos los bloqueos que mantuvieron los manifestantes durante los últimos tres meses han sido levantados, unos gracias a acuerdos con los gobiernos locales y otros forzados por la fuerza bruta de la institucionalidad. Las marchas y plantones son cada vez más intermitentes y escasos, aunque siempre con grandes saldos de manifestantes heridos por las armas de la Policía. Todo ello podría hacernos pensar que la indignación ha cedido al cansancio y la impotencia y que, al final, hemos terminado por acomodarnos nuevamente a las circunstancias miserables en que nos han obligado a vivir. Pero no hay que llamarse a engaños: Colombia es hoy por hoy una olla a presión a punto de estallar, hemos llegado a pisar la línea de lo intolerable y el gobierno, y la élite que representa, en su desespero, no hace sino correr esa línea hacia nosotros.

Entre otras cosas, no le bastaron al gobierno los más de 80 manifestantes muertos en las protestas a manos de la fuerza pública o sus cómplices paramilitares, las centenas de heridos, muchos de ellos con mutilaciones graves, y las muchas mujeres violadas: toda una prueba de barbarie efectiva. No le bastó el desconocimiento de las recomendaciones y observaciones de la CIDH, ni La ignorancia de las peticiones de múltiples organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos a nivel internacional y las declaraciones de la ONU y hasta de la OEA, una institución tan reaccionaria de la que jamás se hubiera esperado siquiera un reproche al accionar policivo de este gobierno frente a las protestas: así de grave e inocultable ha sido la brutalidad estatal. No le bastó, decimos, nada de esto, sino que ahora andan la fuerza pública, la Fiscalía y hasta la Procuraduría en una verdadera cacería de brujas contra los protagonistas de las movilizaciones. Todos los días se producen decenas de allanamientos, muchas detenciones arbitrarias y miles de atropellos que buscan no solo amedrantar a los rebeldes, sino desarticular el embrión de organización que ha empezado a gestarse a raíz de esta coyuntura tan fecunda.

A nadie puede caberle duda hoy de que estamos gobernados por una banda de delincuentes. Y no cualquier tipo de delincuentes, sino los de peor ralea: aquellos que han ayudado a desplazar a los habitantes de pueblos enteros, que han promovido horrendas masacres y que han convertido el asesinato extrajudicial en práctica normalizada de la fuerza pública, todo ello para sostener e incrementar las astronómicas fortunas que han amasado de manera legal e ilegal en las últimas décadas de desgobierno. Esta banda también se ha tomado el Congreso, en donde hablan duro y sin pudor alguno los más grandes estafadores de las finanzas públicas y aliados del paramilitarismo regional, casi todos ellos uribistas como el exsenador Richard Aguilar. Este señor está preso hoy por los robos sistemáticamente realizados, con su banda de atracadores legales, cuando era gobernador de Santander, algo que aprendió de su padre, gamonal regional, preso hoy por asuntos parecidos y por vínculos con el paramilitarismo.

Una voz de la sabiduría popular acumulada en los últimos años afirma que para pertenecer a la clase gobernante de este país es necesario tener un prontuario criminal de alto vuelo, lo cual es ya verdad evidente. Y como entre delincuentes el crimen se hace hábito y naturaleza, nada les impide a estos delincuentes exhibirse con orgullo y cinismo en sus más perversas prácticas. Ahora se ha hecho costumbre que los senadores investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus delitos cometidos renuncien a su curul para pasar a ser investigados mejor por la Fiscalía, que desde tiempos de Camilo Osorio se ha convertido en un fortín de protección para los criminales y asesinos más grandes del país.

La moda realmente la inauguró el propio Uribe cuando era presidente de la República y buena parte de su bancada (banda) en el Congreso resultó investigada por la Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo. Entonces, por orientación del mismo presidente, empezó la desbandada de congresistas que renunciaban a su curul para evitar la investigación de la Corte, no sin antes votar los proyectos del gobierno, tal como se los demandaba Uribe. Y para seguir su propio ejemplo, el año pasado el mismo expresidente Uribe renunció a su curul en el congreso para que, en vez de la Corte, lo investigara la Fiscalía y le garantizara la impunidad. De hecho, la Fiscalía no tuvo siquiera recato en presentarse como institución neutral, sino que de inmediato formó equipo con el set de abogados defensores de Uribe, hasta el punto que todo su empeño se orientó, no a investigar, sino a desvalorizar las pruebas aportadas en contra de Uribe por la Corte y finalmente pedir ante un juez, de forma descarada, la preclusión del caso.

Esta desfachatez de la élite gobernante es la que ha llevado la situación a la línea de lo intolerable, no solo por las medidas neoliberales que asfixian cada vez más a la población y precarizan las condiciones de vida de la mayoría, sino por la degradación moral y el cinismo con el que aprietan la soga en el cuello de los pobres mientras sus fortunas se agigantan. Nada bueno puede esperarse de esta élite, ciega y sorda a la suerte deplorable en que han hundido a Colombia. El país urge un cambio de timonel, no solo político y económico, sino sobre todo moral. Esta es una tarea inaplazable, pero no por ello inmediatista.

Nos abocamos a la tarea de construir una nueva dirigencia, una que ponga en el centro de sus preocupaciones la vida buena al alcance de todos antes que a las fortunas de unos pocos. Y esta tarea solo puede tener éxito si empieza desde abajo, desde la comunidad misma e impacta en lo inmediato la cotidianidad de esta. Son pocos los dirigentes nacionales y regionales que desde la institucionalidad han mantenido su contacto con el pueblo y con sus necesidades; primero, porque muchos de los mejores líderes han sido asesinados sistemáticamente por la élite, segundo porque la maquinaria política obstruye su llegada a escenarios estratégicos de la política como el Congreso y, finalmente, porque cuando llegan a estos escenarios son relegados a la marginalidad o terminan alineándose con los intereses y prácticas clientelistas de los partidos tradicionales.

La cultura mafiosa, las prácticas del atajo y la trampa, la posición del interés particular por encima de todo y a cualquier precio han echado raíces en la vida cotidiana de todos y todas. Sacudirnos esa cultura implica, primero, reconocer las maneras en que se manifiesta en nuestra vida y, además, asumir su superación como una tarea colectiva y nunca individual. Solo la colectividad nos da la claridad, porque opera como espejo, para ver serenamente aquello en lo que nos hemos convertido y la fuerza para confrontarlo de manera consecuente. Eso es lo que implica la construcción de un nuevo sujeto individual y colectivo, con una dirigencia política, moral y cultural que nos ayude a sacar la cabeza del pantano en que nos ha hundido esta banda de delincuentes que se ha tomado todas las instituciones del Estado y ver un horizonte nuevo de posibilidades.

Es una tarea de largo plazo, pero, por fortuna, ya aparece esbozada en las demandas que los jóvenes y los sectores excluidos han empezado a hacer a la izquierda tradicional de este país, en la que todavía, y con razón, no se sienten representados. Ojalá los encuentros de la Asamblea Nacional Popular y otros espacios de diálogo y convergencia se mantengan con una frecuencia mayor y alienten, más allá de la concreción de una agenda económica y política, que es muy necesaria, hacia la configuración de un nuevo proyecto moral y cultural al servicio de la vida.

Contraportada: Destinos(2014) – Pavel Égüez

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