Avalúo social y exigencia de reglamentación de la política pública hacia moradores en Medellín

Por Álvaro Lopera

Foto: kavilando

El 31 de julio se realizó la Mesa de Interlocución de Comunidades Afectadas por el Desarrollo Urbano con la Alcaldía de Medellín; este encuentro fue previamente acordado en la Audiencia Pública “Víctimas del desarrollo y protección a moradores de Medellín”, realizada en octubre de 2019. El propósito de este encuentro era debatir en torno a las afectaciones y vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín.

Allí participaron representantes de las comunidades que han sufrido graves vulneraciones en su hábitat, producto de las megaobras realizadas o por realizar como son San Luis, La Paralela, Moravia, Chagualo, El Volador, Vecinos de la 80, el Movimiento por el Aire y la Salud Pública, entre otros procesos presentes en El Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad. También hubo presencia de delegados de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), del Metro de Medellín, del Instituto Social y de Vivienda y Hábitat (ISVIMED), de la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, la Personería, y el Concejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia (CONPAZ)

En la Mesa se trataron a viva voz temas como la socialización de los proyectos, visión de los avalúos tanto desde lo social como desde lo catastral, afectaciones económicas y psicosociales, y afectaciones ecológicas. Lo que se buscaba era que todas estas inquietudes fueran tenidas en cuenta en la reglamentación de Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP), Acuerdo Municipal 145 de 2019. Y es que, como lo dijo la lideresa de San Luis, Juana Cardona, “sin reglamentación ese acuerdo está sin dientes, casi agonizante. Toda política pública para que opere debe estar reglamentada y tener recursos económicos”.

Ya es tiempo para que los afectados por las megaobras neoliberales en Medellín sepan con qué cuentan y a qué se apegan desde lo legal, en tanto esa política pública está concebida desde 2014 en el artículo 573 del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 048. Son pues siete años perdidos.

Neoliberalismo y megaobras

La historia de las megaobras en un régimen económico neoliberal es la historia de los abusos, saqueos, desalojos, expropiaciones, desarraigos y, en general, es el relato de la injusticia, de la gentrificación hecha carne. Tanto en las ciudades como en el campo, la impronta de esas acciones es pasar por alto lo concerniente a lo social comunitario, como el tejido en torno a la vivienda y al trabajo; el relacionamiento poblacional que es la historia conjunta de las comunidades que resuelven sus problemas básicos casi sin contar con la institucionalidad; y la misma construcción de todas y cada una de las viviendas, que, como bien dijo Juana, además de los valores comerciales de ellas, tienen unos intangibles que se deben valorar como elementos sociales de la propiedad.

Ella habló del barrio San Luis, afectado por las obras del tranvía de Ayacucho, como un barrio expropiado, desarraigado y vulnerado, calificativos que tienen más que ver con la denuncia de un delito que con el aplauso a la institucionalidad.

El avalúo social, un tema central

Para el capitalismo la Naturaleza es un banco del cual toma a su antojo el recurso que requiere; para el capital inmobiliario y financiero, las ciudades como Medellín también lo son, de las cuales toman lo que se les antoja con formas violentas y degradadas. Por ello y para efectos de disminuir costos de inversión, los avalúos de las propiedades afectadas que producen en serie las distintas lonjas nada tienen que ver con el valor real social de dicho patrimonio.

Juana Cardona habló del avalúo social como un mecanismo para la defensa y el reconocimiento colectivo del territorio a partir de la tasación de los intangibles sociales. Propuso una nueva metodología avaluadora alternativa de la propiedad del suelo, donde, además de los valores tangibles y comerciales de la vivienda, se reconozcan monetariamente los elementos sociales propios de la territorialidad. Afirmó con mucha propiedad: “Existen en las comunidades valores tales que el desarrollo urbano, inclinado a un desarrollo económico o a un desarrollo capitalista, no podrá ignorar a quienes construyeron estos territorios”. Desde ese punto de vista “se debe valorar la historia de la construcción, la historia de haber hecho familia, de haber hecho barrio; de haber hecho posible una ciudad”.

Hizo una exposición, entre otras, que fue una cátedra no solo de derechos humanos sino también de derechos sociales, ambientales y económicos. “La planificación debe apuntar a disminuir impactos negativos futuros; debe ser sostenible donde pueda conservarse los recursos naturales”. Hizo hincapié en que los avalúos catastrales y comerciales tienen en cuenta solo la percepción de la economía, del mercado nacional e inmobiliario, y las características de la vivienda, entre otras.

“Para el caso de los avalúos que ha realizado la Lonja de Medellín en los procesos de expropiación o enajenación voluntaria, las ofertas de compra en general desconocen el valor del metro cuadrado en el mercado inmobiliario, excluyendo con ello la posibilidad de dimensionar la valorización de los inmuebles de acuerdo a las obras de desarrollo y a su plusvalía”, afirmó con mucha pertinencia. “Por tanto, deben imponerse los avalúos sociales”, acotó. Y si hay inconformidad es porque las comunidades saben que no se les está valorando su patrimonio.

La política pública hacia moradores y actores productivos

Hace falta una política pública democrática que tienda puentes con los pobladores cuando se trata de hacer una obra que favorezca a la ciudad pero que afecte el hábitat de las personas. Esto no solo para evitar malos entendidos, sino para que todos los actores que participan de una u otra manera estén informados de sus derechos y los hagan respetar por cualquier autoridad encargada de llevar a cabo el proyecto.

En nuestro periódico se ha demostrado hasta la saciedad que el último en ser tenido en cuenta es el poblador, y en este caben las categorías de inquilinos y propietarios, pues en la primera categoría existen miles de habitantes que llevan decenas de años pagando un arriendo con un precio asequible. La nueva obra lo llevaría al empobrecimiento soterrado al no ofrecérsele solución a ese traslado inesperado.

Esta Mesa en acción, que seguirá casi en asamblea permanente, se propone exigir que la PPPMAEP sea efectiva y favorable al pueblo raso, por medio de una reglamentación coherente que garantice los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales ante la planificación e implementación del Desarrollo Urbano.

Como afirmó Jaime Lopera, dirigente del Volador, cuando le pregunté sobre la importancia de este evento: “Estos eventos son importantes por la divulgación que se hace en la comunidad, por la capacitación, pero definitivamente nada de esto puede reemplazar a la presencia en la calle, a los plantones comunitarios en las oficinas de la burocracia, a las manifestaciones reales de la gente afectada y solidaria”.

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