Periodismo sicarial

Por Luisa GR.

El Gobierno, a través de los medios, radicaliza a los manifestantes de la ‘primera línea’, con los mismos métodos de hace 57 años en Marquetalia, para justificar su siguiente guerra y garantizar otra reelección en cuerpo ajeno, mientras convierte a la alemana Rebecca Sprößer en la nueva «holandesa de las Farc».

Foto: Rebecca Sprößer, ciudadana alemana que se unió a la primera línea en Cali

Desde la comodidad de su cabina, en el noroccidente de Bogotá, el director de Noticias La FM, Luis Carlos Vélez, increpó a la alemana Rebecca Sprößer por su apoyo a los jóvenes caleños de la autodenominada primera línea durante las manifestaciones antigubernamentales que han tenido lugar desde el 28 de abril.

El tono condescendiente y paternalista del economista revivió las pocas entrevistas en las que periodistas de profesión han confrontado al expresidente y exsenador Álvaro Uribe. El comentador de La FM no concluyó su reclamo diciendo “mijita”, con acento de latifundista antioqueño, porque el centro y la derecha capitalina jamás se igualarían con sus estrategas provincianos, al menos no en su chabacanería.

“Rebecca, creo que la están engañando mucho”, replicó el también administrador público, cuyo medio se ha dedicado a transcribir los comunicados de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional sobre los eventos relacionados con la primera línea, jóvenes que confrontan la represión de los escuadrones móviles antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional en las protestas en las principales ciudades del país. Esto lo dijo luego que la ciudadana alemana narrase cómo fue su convivencia con los jóvenes manifestantes durante varias semanas y participar de las manifestaciones en las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que se han violado los derechos humanos con el uso excesivo de la fuerza y represión policial violenta.

Además, el hijo del bachiller y comentador deportivo Carlos Antonio Vélez le aclaró a la ingeniera industrial: “Se lo digo con todo el cariño y el respeto, para que coja el periódico y lea un poquito más, y se dé cuenta de la gravedad de la situación que está pasando Colombia, ¿no?, mi país, al cual usted está invitada, haciendo cosas que no debería”.

¿Qué “periódico” debería leer Sprößer “un poquito más” para informarse sobre lo que vivió por semanas junto con los jóvenes de la autodenominada primera línea? ¿Las columnas de Vélez en la Revista Semana, cuyo dueño, Gabriel Gillinski, además de autodenominarse —según el periodista Daniel Coronell— “uribista y trumpista”, buscaba (y logró) armar el “Fox News colombiano” con la compra de la publicación? ¿O los artículos de Noticias La FM, cuyo cubrimiento de las manifestaciones en Cali contienen titulares como “¿ELN financia primera línea?” y “hay evidencia que [sic] el ELN ha patrocinado a ‘primera línea’ para vandalismo: Policía”. Esto, además de actuar como un miembro más de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación, resaltando los antecedentes judiciales de algunos de estos jóvenes de barrios deprimidos de la ciudad de Cali, en un país donde ni siquiera el líder del partido del Gobierno y decenas de sus copartidarios pueden ufanarse de no tenerlos.

El 24 de julio, cuatro días después de que Vélez indagara sobre su ideología y la regañara en su emisora, la ciudadana alemana escribió en su cuenta de Facebook que un desconocido les disparó, en un restaurante de Cali, a ella y a un amigo suyo que murió días después por las 13 heridas de bala que recibió en un atentado que la policía ha perfilado como un intento de hurto, aun cuando no hubo contacto verbal ni físico con el perpetrador. Pero Vélez y la Policía Nacional fueron rápidos en resaltar que el “acompañante [de Sprößer] tiene antecedentes de hurto calificado y estafa”, dando a entender que no estaría recogiendo café y se lo habría buscado.

Johan Sebastián Bonilla, asesinado tras recibir 13 impactos de bala
de un desconocido, en la capital del Valle del Cauca. Fotos: perfil de Facebook de Re Linda Marlene Sprößer.

Tres días más tarde, con las heridas frescas, como evidenciaron las fotos de sus hematomas, Sprößer fue deportada por Migración Colombia, supuestamente por haber “adelantado actividades que no tenían que ver con su condición de turista, las cuales afectarían el orden”, al tiempo que Vélez denunciaba ser víctima de ataques en Internet: “Desde el incidente no he parado de recibir amenazas e insultos en redes. La rápida estigmatización [por] un grupo de políticos y sus afines en medios es muy peligrosa. Hacen precisamente lo que denuncian, sin tomarse la molestia de informarse. Irresponsables”. Irónicamente, sus palabras describen cómo en siete días uno de los medios de comunicación más importantes del país le puso un blanco en la espalda a una extranjera desconocida que evadió las balas porque su amigo las recibió.

Sin embargo, el comentarista lamentó “mucho lo que tuvo que sufrir en carne propia Rebecca Sprößer. Ojalá las autoridades sigan en su labor de esclarecer lo sucedido. Ahora, ella es testigo, de primera mano, de lo violento y complejo que es nuestro país”.

Y no se equivoca. Colombia es tan violenta y compleja que, una vez fracasado el intento de desaparecer a una extranjera incómoda, el Gobierno la desaparece legalmente con el pretexto de que unirse a manifestaciones y realizar las labores humanitarias no es turismo. Sí. La expulsa el mismo Gobierno que interviene en la política de Venezuela y Estados Unidos.

La alemana de la Primera Línea

La contextura menuda, el pelo rubio ondulado y la voz mesurada de Sprößer la hicieron un blanco perfecto del lobby uribista en los medios. La propaganda antivandálica que resalta en las paredes pintadas con imágenes y grafitis alusivos a los manifestantes mutilados, abusados sexualmente y asesinados con arsenal prohibido por el derecho internacional la convirtió en la nueva holandesa de las Farc.

Mientras que, en 2007, Tanja Nijmeijer militaba en un grupo insurgente comunista en la selva colombiana, en una época en la que no había celulares con cámara ni redes sociales, la alemana de la primera línea responde preguntas como, “¿le sigue pareciendo romántica la primera línea?”.

“Solo puedo hablar por lo que vi”, dijo Sprößer, cuatro días antes de que le dispararan, y agregó, “yo estuve allá, día y noche, por semanas (…) Yo no soy de izquierda (…) ni derecha. Estoy muy en contra de esto (…) Si hubo financiación [por parte del ELN], nunca recibimos ese dinero”.

¿Qué puede saber de Colombia una extranjera de acento muy alemán que solo ha estado en el país unas semanas, conviviendo con manifestantes y cuyo testimonio coincide con las decenas de imágenes y videos que han circulado en internet? “Lo que vi con mis ojos es que la policía nos estaba atacando. [A] bebés y [a] familias. La violencia vino de la Policía. Yo no tengo nada contra la Policía. Lo que vi yo fue lo opuesto, que fuimos atacados cada noche”, testificó Sprößer ante el tribunal precedido por Vélez —que parece haber aprendido derecho de su padre, el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, que no logró culminar la carrera después de pasar por dos universidades— y sus subalternos. Pero el veredicto se conocía antes del juicio: la evidencia abrumadora que yace en los comunicados de prensa del Gobierno y la Policía Nacional se impone sobre la CIDH y los videos grabados por la misma víctima-sindicada.

Los colombianos de verdad conocemos la realidad porque la leemos en los periódicos colombianos. Los campesinos y las víctimas de la violencia de Estado no son fuentes confiables cuando amenazan la autocracia más estable de América Latina, esa esposa maltratada, violada, con ojos hinchados y moretones en todo el cuerpo que cubre con maquillaje y sale a decir que la libertad de expresión es el derecho que más se respeta en su hogar.

Puerto Resistencia, la nueva Marquetalia

Una ambulancia que lleva a un bebé desde una ciudad puerto como Buenaventura es atacada con gases lacrimógenos —elementos de uso exclusivo de la Policía— y los manifestantes son los culpables porque si no fuera por ellos, el Esmad no estaría allí.

Si Luis Carlos Vélez quiere ser más riguroso, debería mirar aún más atrás, al 4 de octubre de 2018, por ejemplo, cuando los techos de la unidad de cuidados intensivos del hospital de Buenaventura se vinieron abajo por un aguacero. Por este hecho, seis meses después, el exalcalde Eliécer Arboleda Torres, cinco de sus secretarios y cinco contratistas acabaron presos por robar más de cinco mil millones de pesos que debieron invertirse en la estructura de la institución.

Si no fuera por la corrupción y los saqueos de los que son objeto ese y muchos otros hospitales en Colombia, ese bebé no habría tenido que ser trasladado y tal vez estaría vivo. Y aunque una de las quejas del paro nacional es la precarización del sistema de salud, a las minorías con acceso a medicina prepagada (y a EPS, a veces, al mismo tiempo) y a quienes laboran bajo la nómina de la sala de prensa de la Presidencia, pero con otro Número de Identificación Tributaria (NIT), poco o nada les incumbe la suerte de millones de personas que deben viajar horas porque en sus pueblos no hay los servicios que necesitan.

Y está bien. La libertad de expresión incluye la libertad de desinteresarse. Porque Colombia tiene historia de privilegiar la libertad de graduar de terrorista a todo aquel que proteste en masa contra el Gobierno, como aquel 18 de mayo de 1964, cuando el presidente Guillermo León Valencia se propuso destruir las repúblicas independientes y desintegrar, con aviones T-33 y helicópteros Bell Iroquois y Kaman-K, las autodefensas del Partido Comunista Colombiano, 50 hombres y dos mujeres liderados por alias Tirofijo, armados con carabinas San Cristóbal, fusiles M1 y de perilla. Ahora el Gobierno Nacional también busca radicalizar a los manifestantes de la primera línea para justificar su siguiente guerra, su próxima Operación de Seguridad para América Latina, con el apoyo, idealmente, de Estados Unidos, como hace 57 años lo tuvo del Pentágono, y garantizar su hegemonía con una nueva reelección en cuerpo ajeno.

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