“Porque estamos con el pueblo, estamos en la Catedral”

Por José Abelardo Diaz Jaramillo

Libro “excomulgados” de la Editorial Universidad del Cauca

El 29 de abril de 1980, en horas de la mañana, cerca treinta de estudiantes de la Universidad del Cauca ingresaron a la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el costado sur del Parque Caldas de Popayán. Sin el consentimiento del arzobispo, los estudiantes se instalaron en el recinto sagrado por varios días, dando forma a lo que, en el argot popular, se conoce como una “toma”. El acto tuvo efectos visibles en la sociedad payanesa. “Hay que entender que eso fue un acontecimiento histórico a nivel local, regional y nacional (…) por las implicaciones del hecho”, observó un testigo de los hechos, destacando que el suceso ocurrió en una ciudad extremadamente religiosa, y lugar de residencia de una elite “blanca” que presumía -todavía lo hace- de un abolengo colonial. Tomarse la Catedral era, en tal sentido, un acto que desafiaba la estructura local de poder.

La prensa -pieza clave en la estructura de poder local- puso sus páginas a disposición de las autoridades oficiales, difundiendo una interpretación parcializada de lo sucedido. No faltaron los reclamos de los fieles católicos, para quienes se había cometido un sacrilegio que demandaba de las autoridades católicas de Popayán, medidas firmes sobre los responsables. El arzobispo Samuel Silverio Buitrago, en comunicado de prensa, no dudó en considerar la toma de la Catedral como un acto de profanación que constituía un atropello a Dios y al “pueblo católico del Cauca”. Los “invasores” del templo, a juicio del arzobispo, habían cometido un “atentado terrorista”. La excomulgación de los estudiantes se esgrimió como una amenaza de castigo si aquellos se rehusaban, en lo inmediato, a abandonar la Catedral.

También hubo manifestaciones de simpatía y apoyo a los estudiantes. En momentos de tensión, cuando surgían rumores de que sectores conservadores pretendían ingresar a la Catedral para sacar a la fuerza a los ocupantes, unas letras acompañadas de música se hicieron fuerza entre la multitud que se había congregado con el paso de las horas en las afueras de la edificación: Ayer que estuve en el Parque / los estudiantes estaban / fuera de la Catedral / otros de adentro gritaban / Porque estamos con el pueblo / estamos en la Catedral / Y las muchachas dijeron: / eso sí que no está mal / Porque estamos como estamos / con tanta mediocridad / Que sostiene este gobierno aquí en nuestra Universidad / Que expulsa a los estudiantes cuando dicen la verdad / Y si las bases apoyan cierra la Universidad / Sabueso cara de perro nunca vuelvas por aquí / Porque si otra vez te veo te convierto en maniquí.

Cuatro días después, el 3 de mayo, los estudiantes abandonaron el templo a través de un plan de escape que logró burlar a las autoridades policivas. La decisión del retiro estuvo condicionada al compromiso del gobernador del Cauca, Gilberto Cruz, de obtener recursos económicos para adelantar o concluir obras de interés social (canalización del Rio Ejido, iluminación de ciertos espacios públicos), cumplir los acuerdos firmados entre la Gobernación y varios sindicatos, y mediar en un conflicto estudiantil en un colegio de la ciudad. Además, se comprometía el mandatario a recibir en su despacho una comisión de estudiantes que participaron en la toma de la Catedral, con el fin de exponerle “la problemática de la Facultad de Humanidades y de la Universidad del Cauca”.

¿A qué problemática se hacía referencia en el acuerdo que puso fin a la toma de la Catedral? La respuesta a la interrogante -el principal motivo que dio origen a los hechos que hemos narrado- nos remite al segundo semestre de 1979. Por esa época, la Universidad del Cauca -en especial, en ciertos programas académicos- adolecía de dificultades que ponían en riesgo la calidad de la formación de los estudiantes. La frágil planta de profesores, sumada a la mediocridad y el ausentismo de que hacían gala ciertos docentes, eran problemas a los que se debían enfrentar los estudiantes en los periodos semestrales.

Precisamente, para el segundo semestre de 1979, los estudiantes del programa de Antropología perdieron la paciencia con un profesor de nombre Manuel José Guzmán, acostumbrado, semestre tras semestre, a un injustificado ausentismo de las aulas, configurando lo que, con justificada razón los estudiantes definían como un “fraude”. Cansados del descarado comportamiento del docente, los afectados pusieron su queja ante el Consejo de Facultad y solicitaron el despido del profesor. En resolución de octubre del mismo año, esta vez el Consejo Superior Universitario desatendió los reclamos de los estudiantes, juzgados como procedimientos de intimidación, amedrantamiento y ultrajes, y procedió a imponerles matricula condicional.

Al no surtir efecto la sanción adoptada, ya que los estudiantes continuaron manifestando el rechazo a la presencia del profesor, el Consejo Académico, en cabeza del rector Gerardo Bonilla, en sesión celebrada el 28 de diciembre del mismo año, salió en defensa del profesor acusado (quien estuvo presente en la reunión) y procedió a aplicar castigo a quienes, con su comportamiento, se habían atrevido a cuestionar el “ordenamiento” interno del programa académico: decidió expulsar a diecisiete estudiantes (seis mujeres y once hombres) de la universidad. De paso, impuso matricula condicional por término indefinido a todos los estudiantes de la Facultad de Humanidades.

La medida, impugnada por los estudiantes, fue ratificada dos meses después por el mismo organismo. Fue en ese momento cuando surgió la idea de ocupar la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, con el fin de denunciar lo que, a juicio de los estudiantes, había sido una medida arbitraria tomada por la Universidad. Tiempo después, en el segundo semestre de 1981, ocho de los diecisiete estudiantes expulsados, pudieron retomar sus estudios, aunque con matrícula condicional y con la obligación de “observar intachable conducta”.

El recuento de los hechos que se recogen en esta nota -hechos que conjugan situaciones como el abuso de poder de las autoridades universitarias y la mediocridad e irresponsabilidad de profesores protegidos por esas estructuras de poder que son las instituciones educativas – ponen de manifiesto a qué debían enfrentarse los estudiantes de las universidades en aquellos años -, aunque bien podría decirse que mucho de eso se sigue replicando en la actualidad.

Hechos que podemos conocer, gracias a la investigación que, bajo el título de Excomulgados, realizó Héctor del Campo Bonilla Herrera, hoy profesor universitario y protagonista de los mismos -Héctor fue uno de los estudiantes expulsados que participó en la toma de la Catedral-, quien, a su manera, ha hecho suyo el postulado de Paul Ricoeur del deber de memoria como deber de no olvidar. A raíz de esa responsabilidad ética, tenemos conocimiento del conflicto estudiantil ocurrido entre 1979 y 1980 en Popayán, un aporte que cobra importancia ya que no pocos de los protagonistas de aquella historia “han fenecido para infortunio de la memoria”, como afirma el autor.

Precisamente, la indagación histórica y los ejercicios de memoria permiten saber de la existencia del estudiante que concibió el plan que condujo a la toma de la Catedral. Nos referimos a Luis María Calderón Llanten, fundador del Comité por los Derechos Humanos en Popayán y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Perfilado desde los tiempos de la universidad como dirigente cívico, Luis María fue colaborador del «Foro por la Vida»; además, participó en la organización de la «Marcha por la Vida», en julio de 1983. Como dirigente estudiantil había participado en la fundación de la «Corporación por la Reconstrucción del Cauca» después del terremoto de Popayán. En julio de 1983, Luis María fue asesinado por agentes del extinto F-2. Para ese momento cursaba la carrera de Filosofía y Literatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca.


Luis María Calderón Llanten

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