La pensión de los pobres en Colombia en alta vulnerabilidad

Por Jorge Álvarez

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Jairo, recientemente, cumplió 62 años, que es la edad requerida por la ley 100 de 1993 para adquirir el derecho a la pensión (mujeres a los 57); ha trabajado toda su vida, pero la mayor parte del tiempo lo ha hecho en el rebusque. Aunque ha tenido algunos contratos que le permitieron cotizar para pensión, no alcanzó las 1.300 semanas exigidas para lograr ese derecho. Recientemente fue contactado por Colpensiones para ofrecerle un cambio: que sus cerca de 500 semanas cotizadas las pasara a los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), creados bajo el acto legislativo 01 de 2005.

Su decisión, sin esperar más explicaciones al respecto, fue reclamar los casi $7 millones que representaban los años cotizados al sistema. Tomó la decisión luego de recomendaciones calificadas sobre lo nefasto de los BEPS. De haber aceptado dicha propuesta habría tenido que empezar a hacer ahorros mensuales hasta cumplir los 65 años, para sumárselos a los $7 millones.

Una mirada a la realidad

Pongamos como ejemplo que en esos tres años ahorre $7 millones; de esta manera alcanzaría la suma de $14 millones. El Estado, de acuerdo a la norma, incrementaría dicho ahorro un 20% más, para un total de $16.8 millones, los cuales se dividirían en cuotas mensuales iguales hasta cumplir los 79 años, que es la expectativa de vida en Colombia. Haciendo las cuentas, a partir de los 65 recibiría $100.000 mensuales durante 14 años; si viviera más de los 79, nada recibiría a partir de entonces. Por eso decidió exigir ese dinero ahora, antes que vivir la miseria en el futuro.

La situación de Jairo es la de millones de colombianos, pues de los 7.2 millones de adultos mayores de 60 años que viven en nuestro país, solo 2.3 millones cuentan con una pensión, de los cuales el 77% está por debajo de 2 salarios mínimos; 4.9 millones viven… de milagro. Hay gran cantidad de trabas y requisitos difíciles de cumplir, que, sumados a la inestabilidad laboral y la gran informalidad, hacen casi imposible alcanzar la pensión en nuestro país. Esta es la dura realidad para millones de Jairos de nuestra inequitativa Colombia.

El tema de los adultos mayores que reciben la pensión tiene también una faceta nada despreciable, a pesar de que no es tan grave como la de los millones mencionados, pues sufren los rigores de un sistema que los desprecia. Este caso se concreta en el hecho de que las mesadas están perdiendo poder adquisitivo con vertiginosa velocidad.

Un poco de historia

Los últimos avances sociales en materia de pensiones se dieron en 1988 con la ley 71, la cual estableció que las mismas deberían ser incrementadas anualmente con el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo; además, ninguna pensión podría estar por debajo de este mínimo ni por encima de los 15 salarios mínimos, salvo lo previsto en convenciones o pactos colectivos y laudos arbitrales.

La Constitución Nacional del 91 creó los mecanismos para afianzar el neoliberalismo en nuestro país y entregarle al capital privado nacional y trasnacional el manejo de nuestros derechos, convirtiéndolos en vulgar mercancía. Luego de la ley 50 del 90, con la cual se empezaron a desvertebrar derechos laborales, la ley 100 del 93 dio un giro más de tuerca en la pérdida de derechos, pues puso la seguridad social en bandeja de plata para el capital financiero.

Lobistas y carroñeros cual gallinazos hacían su trabajo con personajes como Uribe Vélez, artífice de tales maniobras capitalistas contra los derechos adquiridos. La ley 100, que empezó a regir en abril del 94, modificó la forma como se realizaban los incrementos anuales a la pensión, pasando a hacerse con base en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) causado al final de cada año; así, a partir de 1994, empezó un incremento a la baja con respecto al salario mínimo. A partir de esta misma ley, se obligó a los pensionados a asumir el total del 12% de las mesadas para los aportes a la salud. En la misma ley 100 se reconoció, más como zanahoria, la mesada 14, la cual, salvo algunas excepciones, fue posteriormente eliminada mediante el acto legislativo 01 de 2005.

Pérdida de poder adquisitivo

Vamos ahora al incremento anual de las mesadas. Antes de la ley 100, el incremento era igual al del salario mínimo, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el mínimo vital y móvil. El incremento de las mesadas en los fondos privados es muy inferior al del IPC, pues depende de las variables de inversión en el juego del mercado de las bolsas de valores.

De acuerdo con el análisis econométrico realizado por el economista Francisco Albeiro Acevedo, desde 1994, año en el que empieza a aplicarse la ley 100 en lo concerniente al incremento anual de las pensiones, hasta la fecha, 27 años después, la mesada ha perdido 25.66% del poder adquisitivo de compra. El caso lo explica con un ejemplo: quien en 1994 ganaba 3 salarios mínimos, al 2021 solo recibe 2.31.

Acciones reivindicativas

Por esta razón, la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia – FEMPA, en compañía de otras organizaciones de pensionados del departamento de Antioquia, tomaron la iniciativa de presentar una Acción Popular para exigirle a este gobierno que los incrementos anuales de la mesada pensional se hagan con base en el incremento del salario mínimo y no del IPC o inflación anual acumulada, para que no se siga perdiendo poder adquisitivo de las mesadas pensionales. Dicha decisión está motivada en artículos fundamentales de la Constitución Nacional en cuanto a la Seguridad Social, el Pago Oportuno y Reajuste Periódico de Pensiones, los cuales dan fuerza a la irrenunciabilidad, universalidad, solidaridad, eficiencia, obligatoriedad, progresividad y destinación exclusiva de recursos.

Organizaciones de pensionados de otras partes del país y de carácter nacional, como la Confederación de Pensionados de Colombia, se sumaron, fortaleciendo así este proyecto. Albeiro Pulgarín, abogado especializado en derecho constitucional y docente jubilado de las Universidades Nacional y Medellín, además exasesor de la constituyente de 1991, decidió acompañar dicho proyecto, para lo cual asumió la asesoría desde el punto de vista jurídico.

La Acción Popular pretende reivindicar un derecho colectivo, no de grupo, o sea, una reivindicación que beneficie a toda la sociedad y no solo lograr el pago retroactivo de unos dineros. Si a esta se le suma la movilización nacional, la lucha puede llegar a buen puerto.

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