Regresión de los derechos laborales en Colombia

Por José Alfonso Ibáñez

Foto: EFE

La clase trabajadora colombiana viene siendo víctima de la política neoliberal que han practicado los gobiernos de turno desde cuando fue aprobadas la ley 50 /90. Desde ese momento empezamos un proceso de regresión de los derechos laborales, con la pérdida de la retroactividad de las cesantías, reducción de la tabla de indemnización y la flexibilización laboral a través de modalidades de contratación a término fijo, obra y labor, prestación de servicios y la tan criticada tercerización.

En ese sentido, se aprobó la ley 100 /93, que reformó el sistema general de seguridad social, liquidando el Seguro Social, entrando en vigencia la privatización de la salud y la mercantilización; se reformó el sistema pensional, ampliando la edad de jubilación en mujeres a 57 años y en hombres a 62 años, e incrementando el número de semanas cotizadas a 1.300. Como si fuera poco, en el año 2005 el gobierno uribista, mediante el acto legislativo 01, reformó el sistema pensional acabando con el régimen de transición y colocó una cortapisa, impidiendo que los sindicatos consiguieran puntos convencionales de carácter pensional mejorando lo estipulado por la ley.

Sin duda, los empresarios y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo de América Latina y recientemente la OCDE, son actores principales y autores intelectuales de portafolios reformistas; las bancadas derechistas en el Congreso de la República sirven como títeres del sistema capitalista para la aprobación de leyes en contra de la clase trabajadora, acabando con la estabilidad laboral; de ahí se desprende la tasa de desempleo que supera el 15% y la informalidad que está por encima del 60%. El Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), en sus estudios de investigación afirma que solo un 7% de los trabajadores del país se benefician de convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos y acuerdos laborales, cifras irrisorias si tenemos en cuenta que la Constitución Política de Colombia manifiesta que somos un Estado Social de Derecho.

En el gobierno de Uribe se llevó a efecto otra reforma laboral con la ley 789 /02, que agudizó la precariedad del trabajo, modificando la jornada laboral ordinaria de las 6 am hasta las 10 de la noche, asaltando el bolsillo de los trabajadores, conllevando la reducción del recargo nocturno y disminuyendo nuevamente la tabla de indemnización, e impulsó los contratos sindicales que tienen una tendencia a incrementarse al interior de las entidades de salud.

El año pasado apareció en el mundo la pandemia del Covid-19, que desnudó la crisis del sistema capitalista, pues veníamos de una recesión desde el año 2008 que ya había generado desastres sociales; por ello, el premio nobel de economía, Joseph Stiglitz, quién en el pasado fue director del FMI, llamó a los capitalistas a hacer un alto en el camino y cambiar el modelo económico. Pero no fue así. La crueldad del capitalismo continúa en el mundo haciendo estragos sociales, y Colombia no escapa a los impactos negativos, teniendo en cuenta que quienes han gobernado nuestro país entregaron la soberanía y legislan para las empresas multinacionales y grupos económicos.

Seguimos adelante con reformas laborales que limitan nuestros derechos humanos fundamentales de carácter laboral; prueba fehaciente es cómo en el marco de la pandemia el gobierno Duque, amparado en la emergencia económica y sanitaria, expidió más de 100 normas que violaron derechos laborales de la clase trabajadora, con circulares, resoluciones, decretos y leyes, que conllevaron a despidos masivos en empresas, modificaciones en el pago de la prima de servicios del mes de junio, fraccionamiento de pagos en el segundo semestre del año 2020. Se vieron cosas tan descaradas como empresarios que obligaron a sus trabajadores a salir dos veces a vacaciones en un mismo periodo, pero sin pago, desvirtuando la naturaleza del descanso vacacional; se suspendieron contratos laborales, presionaron a trabajadores a tomar licencias no remuneradas, obligaron a trabajadores a retirar las cesantías de los fondos privados y descapitalizaron las cajas de compensación, obligándolas a dar subsidios de desempleo.

Este gobierno expidió el Decreto 1174 /20, denominado piso social, como regulación del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo y que no fue otra cosa que una reforma laboral parcial, puesto que deslaboraliza el trabajo en condiciones dignas y justas, permitiendo a las empresas contratar por horas, sin derecho a prestaciones sociales e indemnizaciones, con salarios inferiores al salario mínimo legal mensual y con una reforma pensional implícita que modificó la indemnización sustitutiva que tiene derecho a reclamar un trabajador cuando no cumple los requisitos de ley para adquirir la pensión (edad-número de semanas cotizadas). Para fortuna de la clase trabajadora del país, en estos días la Corte Constitucional, en fallo de sentencia, lo declaró inexequible, ya que el Congreso de la República debía regular por una ley ordinaria y no incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). La Corte dice que los efectos de la decisión se implementarán a partir del 20 de junio del año 2023.

Por último, recientemente el Congreso, por iniciativa de Uribe Vélez, aprobó la Ley 2101/21, que reduce la jornada ordinaria de trabajo y que gradualmente se irá reduciendo de 48 horas semanales a 42 horas semanales. Comenzará dentro de 2 años con una reducción de 48 horas semanales a 47 horas semanales; un año después se disminuirá otra hora hasta alcanzar 46 horas, mientras que en el año 2025 la jornada será de 44 horas. Finalmente, para el año 2026, la jornada se estipulará según lo concibe la ley.

Aunque la ley menciona que no debe haber desmejora salarial y se conservarán todos los derechos laborales, lo real es que esta ley tiene un trasfondo, máxime que viene del principal enemigo de la clase trabajadora, y es el electoral, en el entendido que el año entrante estaremos enfrentando un proceso electoral presidencial y del Congreso. Hoy el Centro Democrático es señalado porque varios de sus congresistas están siendo investigados por corrupción y violación de los derechos humanos, comenzando por el señor Uribe Vélez que tiene en su haber procesos penales y no cabe duda que también tiene nexos con el paramilitarismo.

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