La unión incestuosa UNE-Millicom

Por Álvaro Lopera

Desde el momento en que Medellín escuchó el nombre Millicom, empresa de capital sueco, socia actual de UNE-EPM Telecomunicaciones, no paran los escándalos en torno a su participación accionaria, dirección administrativa y el manejo en general del negocio de las telecomunicaciones. Ahora se alza contra UNE la amenaza final: la venta a Millicom, dejando a la ciudad y al país sin un soporte estratégico, básico para su desarrollo.

Intervención de Carlos Posada presidente de Sintraemsdes el 5 de octubre en el Concejo.

Una breve historia

A comienzos de 1920 nació en Medellín una empresa denominada Empresas Públicas Municipales prestadora de servicios públicos, asociada inicialmente a los temas de agua, telefonía y energía, que construyó varias centrales hidroeléctricas para satisfacer la naciente demanda de energía al ritmo del crecimiento de la población. El 6 de agosto de 1955, como hija de la anterior, nacería Empresas Públicas de Medellín, «establecimiento público autónomo encargado de la prestación de los servicios municipales de energía eléctrica, teléfonos, acueducto y alcantarillado», a lo cual se sumó, en 1998 la oferta de gas. A la luz de la constitución de 1991, se convertiría en Empresa Comercial e Industrial del Estado. Recientemente pasaría a ser parte de sus activos Empresas Varias (EEVV), encargada del aseo y recolección de basuras de la ciudad.

En 2006, EPM, la otrora “empresa de los antioqueños”, fue escindida por la administración de Sergio Fajardo con base en el acuerdo 045 de 2005 del Concejo de la ciudad, proceso del cual surgiría UNE-EPM Telecomunicaciones (que a partir de acá llamaremos UET). Para ese momento siguió siendo una Empresa Industrial y Comercial del Estado con la supuesta pretensión de afrontar los retos competitivos que representaban las nuevas empresas de servicios de telecomunicaciones que empezaban a llegar al país. En este acuerdo –a modo de zanahoria– se ordenó que UET no se podría transformar en otro tipo de sociedad, modificar su composición accionaria ni ceder a terceros la administración sin previa autorización del Concejo.

Lo que se sabría después, y que el sindicato de trabajadores había anticipado, era que esto se convertiría en el primer paso para el proceso de privatización, máxime que el gobierno Santos estaba moviendo las fichas, en ese entonces, para el ingreso de Colombia al club de ricos de la OCDE –ya es miembro activo desde el 28 de abril de 2020–. Y este organismo impulsa, como paradigma, la privatización y reducción del tamaño de los servicios públicos en los países socios.

En 2013 se dio el segundo paso para la privatización de las telecomunicaciones. En la administración de Aníbal Gaviria se fusionaron UET con Millicom Spain Cable (MSC), operación autorizada por el acuerdo 017 del Concejo municipal. Para dicho propósito se violentó el ordenamiento jurídico colombiano al agrupar una entidad pública con una privada, además de haber desconocido el artículo 9 de la ley 1340 de 2009 que prohíbe fusionar empresas que se dedican a actividades económicas distintas, puesto que MSC gestionaba y administraba valores representativos de fondos propios de sociedades y otras entidades residentes o no en territorio español, lo que significa que no tenía nada qué ver con el manejo de la información o las telecomunicaciones.

Además de todo ello, se le cambió la naturaleza jurídica pasando a ser una Empresa de Economía Mixta por acciones, como lo advierte Aldemar González, dirigente sindical, quien agregó: “Las excusas esgrimidas, que se convirtieron en propaganda en todos los medios de comunicación, eran que no había músculo financiero para potenciar tecnológicamente a UET y que, además, esta fusión llevaría a la creación de 3.000 nuevos empleos y a una nueva expansión”. El camino fue despejado así para que Millicom se sentara a manteles –sin hacer una sola inversión financiera (los anunciados COP$ 1,4 billones que entregaría tras la fusión salieron de las arcas de UET) –, a hacer de las suyas tras la constitución de la nueva empresa de economía mixta el 14 de agosto de 2014.

El engaño como disuasión

Hubo, como en un baile de disfraces, demasiadas máscaras para cubrir el engaño a la ciudadanía tanto de parte de la administración pública como del capital privado. La primera artimaña tuvo que ver con el incumplimiento de estatutos y del mismo código de comercio que obligan a todas las sociedades industriales y comerciales a no ejecutar acciones por fuera de los ordenamientos legales. Para el caso que nos ocupa, no se cumplió el protocolo legal que exige hacer asambleas generales de accionistas para la aprobación de una fusión de esta naturaleza, tanto en el caso de UET como en el de MSC, el mismo que figuraba como una empresa unipersonal constituida en julio de 2013 con apenas 20 mil euros de capital.

El segundo engaño se selló cuando se hizo efectiva la fusión. Al final de esta, la composición accionaria de la nueva empresa sería: 50% + 1 acción para EPM (se escondió ladinamente que tres acciones de EPM eran preferenciales sin derecho a voto), y 50% – 1 acción para Millicom, lo cual significa que EPM solo quedaría con una acción más respecto de Millicom. Pero Millicom quería manejar administrativamente la empresa y UET accedió a ello con un nuevo y leonino contrato que se haría entre las dos empresas.

Al respecto, Aldemar dice lo siguiente: “Millicom se salió con las suyas al quedarse con el control administrativo de la nueva empresa, y para reforzar esto se hizo un contrato con una cláusula conocida como Drag-Along (derecho de arrastre), la cual es confidencial y, aparte de su junta directiva –con 4 miembros de Millicom y 3 de UET–, nadie ha podido acceder a los detalles de ella aun con acciones jurídicas. Por dicho contrato, Millicom aportaría US$150 millones de dólares, sin que hasta el momento se haya sabido de la entrega de este dinero a entidad municipal alguna”.

Pero ahí no paró todo, hubo manejos de parte de los concejales que dejarían boquiabierta a cualquier persona: “Tanto los concejales que votaron a favor (11) como los que votaron en contra (10) en 2013, aseguran no haber sabido nada de esa cláusula, lo cual es algo muy extraño; asimismo, ningún concejal investigó exhaustivamente lo que significaba Millicom en el concierto mundial de la tecnología y qué tanto iba a fortalecer financieramente a UET”, dice Aldemar, lo que se convierte en un exabrupto para una negociación de ese calado.

Con base en la cláusula Drag-Along, que tiene vigencia hasta 2024, es que el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quiere enajenar completamente UET a favor de Millicom, aduciendo necesidad de dinero para concluir el proyecto Hidroituango, a pesar que esta acción no está contemplada en el actual Plan de Desarrollo de la ciudad.

Consecuencias económicas y laborales

Las promesas de mejoramiento y potencialización del negocio no se vieron reflejadas en los años siguientes a la fusión ilegal. Por el contrario, las pérdidas, no solo tecnológicas sino también laborales y humanas, empezaron a brillar en el nuevo escenario administrativo neoliberal de UET.

La nueva administración de Millicom vendió las 1.200 torres de transmisión de datos y voz que poseía a American Tower Corporation –además de otros activos estratégicos– por valor de COP$448.000 millones de pesos (de acuerdo con la concejala María P. Aguinaga, en entrevista concedida a un periódico de la ciudad en 2017), para después empezarle a pagar arriendo por ellas; es decir, el capital extranjero asaltó la soberanía de transmisión de datos y voz y dejó a UET como una simple arrendataria del servicio que antes prestaba con dichos activos.

Como un agregado más, las nuevas y mejores contrataciones nunca se hicieron y más bien lo que sucedió, desde entonces, fue la precarización laboral de los operadores que realizaban su trabajo con gran eficiencia en UET. Es conocido que Millicom la emprendió contra el sindicato y los trabajadores disminuyendo sustancialmente la planta de personal a término indefinido y pasando de 2.900 en 2013 a 940 trabajadores en 2021. Hoy se cuentan cerca de 7.000 hombres y mujeres precarizados contractualmente –contratos a término fijo, por prestación de servicios, etc. – trabajando en todo el país con un modelo de servicio totalmente burocratizado e ineficiente.

En 2016 se fundó la sociedad HUAWEI SAS con un capital de COP $503 millones (suma inferior a una nómina semanal), encargada de la operación de mantenimiento de redes y daños físicos de la infraestructura en el Área Metropolitana y en las regiones cercanas a ella, además, y en muy pequeña medida, en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Pereira, con un modelo denominado Proveedor de Servicios de Gestión. Cuando este capital chino llegó a la ciudad, el número de trabajadores operativos con contrato a término indefinido era de 601, ahora solo quedan en la nómina 389 y cientos de tercerizados. Sintraemsdes demandó la ilegalidad de la sustitución patronal cuando Millicom tomó esa decisión; pero cinco años después, MinTrabajo no se ha pronunciado al respecto.

Tanto en UET como en HUAWEY primó la presión administrativa sobre los trabajadores para el “retiro voluntario” al que se vieron forzados cientos de ellos. MinTrabajo también jugaría su papel aceptando la cancelación de decenas de contratos solicitada por ambas empresas. Es de anotar que la organización sindical también hizo la gestión comunicativa con la embajada china en el país, denunciando la flagrante violación de derechos laborales, sin lograr pronunciamiento alguno.

Realidad económica de UET

Antes de la fusión había rentabilidad social y las ganancias de la empresa eran sumadas a las de EPM, de acuerdo con González. No se percibía en el mundo del negocio de telecomunicaciones ninguna amenaza de peso, pues UET era sólida y para sostener esto narró una historia interesante, con él como protagonista, de un análisis patrimonial en los años cercanos a la fusión de las dos empresas.

Cuenta que hizo el inventario de miles de kilómetros de líneas telefónicas y de equipos que soportaban el viejo servicio con líneas de cobre en el Valle del Aburrá, además de las torres de microondas y redes de internet que para entonces contaba UET en sus activos. “Hice unos cálculos, puesto que yo conocía perfectamente el entramado de las redes telefónicas y de internet de la ciudad y de todo el país, y para 2013, de acuerdo a precios comerciales, puedo asegurar que el valor de los activos superaba los COP$24 billones, cifra respecto de la cual ninguna administración de la ciudad se ha pronunciado”.

Actualmente se debe tener en cuenta que los activos de UET consisten en redes, equipos (computacionales, tableros, etc.), infraestructuras (edificios, postes) y el espectro electromagnético en donde se tiene la frecuencia de 700Mhz que sirve para la implementación del 5G, el cual se negoció con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en COP$ 4.5 billones.

El último informe del MinTIC habla de que el número de usuarios de UET en el primer trimestre de 2021 era 13.040.917 y posee en su haber 45.000 kilómetros de fibra óptica, con puntos de conectividad en todo Medellín, sin contar los miles de teléfonos inteligentes y veredales sin cobro que una administración privada acabaría por bajas o nulas utilidades.

El último asalto: el acuerdo 065

Daniel Quintero denunció el contrato que se hizo con Millicom haciendo efectiva la cláusula Drag-Along. “Afirma que quiere vender, sin aún avaluar la empresa, porque es el mejor momento en tanto las acciones tienen un precio alto y está pensando en la ridícula cifra de COP$ 2 billones, pues, de lo contrario, si vende cuando estas bajen, sería acusado de detrimento patrimonial”, nos cuenta Aldemar, como si el negocio fuera comprar y vender empresas de telecomunicaciones. A lo que agrega: “Esgrime un argumento ridículo para apoyar su deseo, pues afirma que si le compra a Millicom hay que invertir, y no hay con qué, a sabiendas de que existen activos de EPM en el extranjero que se pueden vender y que no están generando utilidades sino gastos”.

La bomba para derrumbar esta propiedad pública es el proyecto de acuerdo 065 que se empezó a discutir el 5 de octubre de este año tras múltiples aplazamientos hechos por la presión de los trabajadores y de una parte de la ciudadanía que han impulsado múltiples acciones jurídicas para no solo detener el adefesio de la venta sino para lograr la devolución de UET a manos del gobierno municipal.

Quintero elaboró los considerandos de este proyecto como un dèjá vu, y regresó a los postulados de 2006, repitiéndolos casi al pie de la letra. De acuerdo con González, las frágiles bases de su actual y neoliberal discurso, que se alinea con los paradigmas de la banca de inversión, son: “Si le compramos a Millicom se requerirían grandes inversiones de acá en adelante; UET tiene un alto nivel de obsolescencia tecnológica; existe una fuerte competencia que crea un alto nivel de riesgo. Todo lo anterior afectaría la tasa de retorno y haría necesario contar con un personal costoso y especializado” afirma. “Nos quieren inyectar miedo”.

Con estos débiles argumentos, sin tener en cuenta las necesidades sociales de universalización de la cobertura de voz y datos con precios subsidiados o acordes a los ingresos familiares, quieren embaucarnos para poner en la picota el futuro tecnológico del Área Metropolitana. Esto afectaría ostensiblemente los planes soberanos de crecimiento en el cubrimiento de las telecomunicaciones nacionales e internacionales, el goce de internet como un derecho y el disfrute asequible de los avances tecnológicos por todos los colombianos en el marco de la cuarta revolución industrial.

El capital extranjero está al frente del juego de la desinformación y de la privatización de UNE-EPM Telecomunicaciones y Quintero es su mejor ficha.

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