Por Julio Rubio

Imagen: panoramapolitico.co

A pocas semanas de la jornada electoral en el país, donde se elegirán los gobiernos locales de alcaldías y gobernaciones, los debates políticos entre los candidatos de la ciudad de Santiago de Cali se han centrado en los ataques personales y en propuestas grandilocuentes sobre la inseguridad, la movilidad, la corrupción y la situación económica crítica en la cual se encuentra gran parte de los habitantes de la ciudad. Pero un aspecto que llama la atención de los candidatos que, seguramente disputarán la elección, es su relación con sectores de la economía. De un lado, Roberto “chontico” Ortiz, representante del sector de las apuestas -de la suerte pagada-. Y, de otro lado, Alejandro Eder, un delfín de la tradicional clase hacendataria de los ingenios en el Valle del Cauca.

Ambos candidatos, además de ser parte del empresariado local, tienen en común su continuo interés de ser alcaldes, pero poniendo de presente un discurso gerencial y/o de la gestión, como aquel que debe ser puesto en marcha para resolver los problemas de la ciudad. Nuevamente se reedita este discurso, que se propone contrario o mejor al de los llamados políticos, tal como lo hizo Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage, quienes están en la campaña de Alejandro Eder. De hecho, Armitage fue quien públicamente invitó -u ordenó- a Diana Rojas, la “caleñisima”, a adherirse a Eder. Así, la contienda electoral se desarrollará entre gentes empresarias que han tenido incidencia en la vida y situación económica de la región.

La presencia e insistencia de Eder y Ortiz para ocupar el cargo de alcalde de Cali abre un conjunto de preguntas que merecen atención, sobre todo en un contexto de profunda crisis y poca credibilidad hacia las instituciones y los funcionarios públicos. La primera pregunta interpela sobre ¿cuáles son las motivaciones que ambos candidatos tienen para insistir en su aspiración? La respuesta a boca de jarro, repetida por ellos en medios y eventos públicos, es su compromiso con la ciudad que aman, una especie de llamado vocacional los anima y se autodefinen como quienes, por su experiencia, pueden cambiar los rumbos de la sucursal, resolviendo los problemas que de antaño padece y haceéndola florecer. Nada nuevo en sus justificaciones electorales, algo parecido dijeron Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage, señores también del mundo empresarial.

Quizás lo que esté sucediendo, sin ser nada novedoso, es la estrecha relación entre economía y política. Es decir, la confirmación de la existencia de una empresarización del servicio público, en este caso de las alcaldías, por dos razones básicas. La primera, muy a contracorriente de los postulados neoliberales negacionistas del papel del Estado en la economía, los alcaldes, sus planes de desarrollo y las decisiones que asumen, configuran un escenario proclive a los desarrollos e intereses de sectores económicos específicos. Tal como lo hizo Guerrero en el vigente Plan de Ordenamiento Territorial y sus decisiones sobre la tesis de que Cali debería ser una plataforma logística de la Alianza Pacífico. O, Armitage con ZonaAmérica (zona franca) en el sur de la ciudad. Esta lógica trae de suyo la mercantilización de la ciudad, un ejemplo palpable es Barranquilla, donde empresarios han gobernado en función de garantizar y reproducir condiciones favorables al mercado turístico, inmobiliario y financiero.

La segunda razón tiene que ver con reconocer que, a pesar de las dificultades institucionales, la corrupción y las quejas de burocratización e ineficiencia estatal, las alcaldías son portadoras de recursos económicos y fuente de empleo flexible y precarizado. Quien llega a ocupar el cargo tiene a disposición posibilidades -quizás restringidas- de inversión, en un contexto donde la tercerización de las acciones estatales son una bolsa codiciada, sobre todo, para empresas privadas “expertas” en los temas priorizados por la administración de la ciudad. El caso Odebrecht, más allá de la corrupción, da cuenta de lo anterior. Igual sucede con la implementación del catastro multipropósito en el departamento del Valle del Cauca, donde privados “expertos” operan el negocio.  A lo cual se le suma la vinculación episódica y condicionada de personas a la nómina que significan votos electorales.

Se dirá que lo descrito aquí no es exclusivo de candidatos y alcaldes relacionados con el sector empresarial, lo cual es cierto, pero tampoco es lo contrario. Es decir, quienes llegan adscritos a este sector, no han puesto en marcha otra lógica de gestión institucional, por el contrario, cada vez son más las evidencias del acaparamiento de sectores empresariales y privados de lo que ellos, sin reparo, han denunciado como ineficiente, corrupto y burocrático. Resulta por lo menos contradictorio esta presencia empresarial en la gestión pública, un terreno lleno de “antivalores” para el management y la perfección de la mano invisible del mercado.

Es loable que los candidatos esgriman una “ética de lo público” subrayando su compromiso e independencia de prácticas deleznables de corrupción e ineficacia gubernamental, pero no así de la práctica empresarial que pretenden reproducir en su periodo de gobierno. En ellos habita la imagen negativa del funcionamiento público y la supuesta eficacia de la empresa privada, su apuesta es empresarizar lo público y, por tanto, mercantilizar la oferta institucional. No solo por la vía de la tercerización a través de operadores, también con la focalización de servicios y la promoción de beneficiarios por demanda. “La suerte esta echada”, dice el viejo refrán popular. Sin duda estamos ante empresas electorales y políticas que se disputan el control y los recursos de la ciudad. De un lado, el hijo de los ingenios cañeros que, educado en la alta sociedad y con experiencia en el gobierno de Juan Manuel Santos, en tema de paz, pretende sacarnos de los tiempos aciagos con su acento valluno golpeado. Al otro lado, un veterano llegado a la ciudad que hizo de las apuestas y sus chonticas un signo de emprendimiento económico y trampolín para su suerte en las lides políticas. Solo queda esperar. Empresarios vemos, alcaldes no sabemos.