Por Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño- ASOVISNA

Foto: Ricarcdo Ruiz para la Verdadabierta.com

En 2016, la empresa minera canadiense Grand Colombia Gold (hoy Aris Mining) inició una demanda de 700 millones de dólares contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La empresa denuncia que pequeños mineros de los municipios de Segovia y Marmato han invadido sus minas, extrayendo ilegalmente minerales y afectando así los intereses de la compañía. Considera, entonces, que el Estado no ha reprimido eficazmente a los pequeños mineros para garantizarle una seguridad y protección completa.

Lo paradójico de esta situación es que la empresa está acusada de haberse beneficiado directamente del robo de la propiedad de la antigua empresa Frontino Gold a los pensionados y trabajadores, quienes eran sus propietarios legales y legítimos. Y está acusada, además, de ser cómplice de grupos paramilitares de extrema derecha, de violaciones de derechos humanos, derechos laborales y de varios actos de corrupción.

Criminalización de los mineros independientes

La pequeña minería independiente siempre ha existido en Colombia. Hasta 1994, los pequeños mineros no necesitaban poseer un título y la minería de hecho representaba el 85% de toda la minería del país. Pero ese año, el gobierno creó el título minero, declarando así ilegal la minería artesanal, y dio dos años a los pequeños mineros para legalizar sus explotaciones mediante procedimientos inalcanzables porque estaban hechos a la medida de las grandes empresas.

En los municipios de Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas), la minería independiente es una práctica ancestral que está en conflicto con las empresas nacionales y transnacionales. Estas últimas, armadas de capital y poder político y militar, han desarrollado la minería a gran escala, expropiando a las comunidades de su fuente de ingresos y contaminando sus territorios.

La Aris Mining actualmente está despojando a las comunidades mineras de sus derechos ancestrales a través de diversos mecanismos legales. De hecho, la llegada de la empresa a estas regiones ha coincidido con una fuerte militarización y la presencia de grupos paramilitares que amenazan a las comunidades para que acepten los designios de la empresa.

Las minas de oro de Frontino robadas a trabajadores y pensionados

En 1852, cuando la compañía británica Frontino Gold Mines (Frontino) llegó a Segovia, el gobierno colombiano le concedió títulos perpetuos sobre amplias zonas de los municipios de Segovia y Remedios. Casi un siglo después, los británicos vendieron Frontino a la empresa estadounidense International Mining Corporation (IMC), que ya era propietaria de otras tres grandes compañías mineras en Colombia.

En 1974, un grupo de influyentes inversores colombianos creó Mineros Colombianos S.A. y ese mismo año compró dos de las empresas de la IMC: Pato Consolidated Gold Dredging y Choco Pacífico. Para que Mineros Colombianos pudiera completar la compra, la IMC le hizo un préstamo a partir de los fondos de pensiones de los trabajadores de la Frontino. Esta ocurrió justo antes de que la empresa solicitara un concordato para la Frontino, alegando que no podía cumplir sus obligaciones de pago de pensiones. Esto significa que parte de la compra de las dos empresas se pagó con dinero de los trabajadores.

El empresario y diplomático colombiano Francisco Urrutia Holguín desempeñó un papel central en la malversación de fondos de los trabajadores. Él fue también cofundador de Mineros Colombianos S.A. y asesor de la IMC en las negociaciones con el Gobierno. Para compensarle por sus servicios, la IMC lo incluyó en la nómina en Colombia y acordó pagarle el equivalente a un porcentaje de los fondos recibidos en dólares en Nueva York, una vez vendidas las propiedades mineras.

Varios documentos oficiales firmados ante las autoridades competentes de Nueva York y Colombia (especialmente en 1977 y 1979) y comunicaciones internas demuestran que la IMC transfirió sus activos a los pensionados y trabajadores en compensación por sus obligaciones legales. Pero esta información se ocultó a los pensionados y trabajadores, y la Frontino y la Superintendencia de Sociedades insistieron en decirles que la empresa no tenía medios para pagarles y que, para no perderlo todo, debían colaborar con la administración y renovar el concordato. Y la renovación se hizo varias veces durante 27 años.

Entre la represión y las triquiñuelas legales

Entretanto, tres factores cambiaron por completo la situación de la minería del oro en Colombia. En primer lugar, los precios internacionales del metal alcanzaron máximos históricos; en segundo lugar, los grupos paramilitares de extrema derecha consolidaron el control político y militar de las regiones ricas en recursos; y en tercer lugar, bajo los auspicios de los intereses canadienses, y en el contexto de la privatización y la adaptación al modelo económico neoliberal, toda la legislación colombiana (laboral, medioambiental, minera, fiscal) fue modificada para favorecer la explotación masiva de los recursos y el capital internacional.

En este contexto, en 2002, empresarios y políticos colombianos decidieron liquidar la Frontino. En respuesta, los trabajadores y pensionados emprendieron diversas acciones legales y protestaron para que se les reconociera la propiedad de la empresa. Entonces la represión contra ellos se intensificó: 12 dirigentes sindicales y 34 trabajadores fueron asesinados entre 1998 y 2015. Muchos otros fueron desaparecidos u obligados a desplazarse.

Además de la represión, los propietarios legítimos y legales de la empresa se han enfrentado a acciones fraudulentas por parte de funcionarios de diversos niveles e instituciones estatales y del liquidador y los administradores de la empresa. Por ejemplo, en 2006, un juez civil de Medellín reconoció la propiedad de la empresa a los trabajadores y pensionados. La decisión fue impugnada por la Frontino, pero fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral. Posteriormente, bajo la presión de la administración de la Frontino, otros tribunales dictaminaron que no correspondía al juez decidir quién era el propietario de la empresa, sino a la Superintendencia de Sociedades: ¡la misma institución que durante 27 años había ocultado información a los trabajadores!

Una de las personas que actuó para anular el reconocimiento de los derechos de propiedad de los trabajadores sobre la Frontino fue Luis Eduardo Otoya Rojas, asesor jurídico de la liquidación y quien había dado contratos de minería de oro a conocidos jefes paramilitares. En 2016, Luis Eduardo Otoya Rojas fue condenado por financiar el paramilitarismo, pero las acciones que promovió contra los trabajadores siguen impunes.

Muchos de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares tenían como objetivo impedir que mineros independientes, trabajadores y pensionados se beneficiaran de la riqueza de las minas. Así crearon las condiciones para la adquisición de la empresa por parte de la compañía canadiense Gran Colombia Gold, quien la compró, tras 6 años de estar en liquidación, a través de sus filiales Medoro Ressource y Zandor Capital, por 200 millones de dólares. Aris Mining no es un tercero de buena fe; conocía la violencia ejercida contra los trabajadores, se benefició de ella y la continuó.

Esta es la empresa que hoy tiene demandado al Estado por 700 millones de dólares, supuestamente por no proteger sus inversiones y permitir que los mineros tradicionales ejerzan su oficio tradicional en una tierra que antes era de ellos.