Por Rubén Darío Zapata

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El sistema de justicia en Colombia parece concebido para proteger a los grandes poderes económicos y políticos de este país, antes que garantizar la existencia real de la justicia para todos. Eso puede corroborarse, por ejemplo, en los escándalos que han rodeado a la misma Corte Suprema de Justicia, sobre todo con la estructura criminal que operó, y posiblemente sigue operando dentro de ella, como un verdadero cartel, el de la toga. O los escándalos que han rodeado la elección de algunos fiscales, como la de Mario Iguarán, el segundo fiscal general durante el gobierno de Uribe, por quien movieron los paramilitares los hilos secretos del poder en el Congreso, a fin de que garantizara sus intereses.

Pero va más allá de acciones particulares y se expresa precisamente en una crisis carcelaria que en Colombia lleva muchos años, con las cárceles hacinadas de inocentes o condenados por delitos menores, mientras los grandes delincuentes de cuello blanco siguen disfrutando de su fortuna y su prestigio social en las calles. Para eso es que se eligen magistrados y juristas en Colombia. Sería interminable la lista de desafueros, crímenes y sinvergüenzadas que rodean a los altos funcionarios de la justicia en Colombia, baste para evidenciarlo algunos asuntos “menores” de tres de los fiscales más polémicos durante las dos últimas décadas.

Luis Camilo Osorio: el fiscal de los paramilitares

Fue nombrado por el gobierno de Pastrana Arango y se mantuvo durante el primer periodo del gobierno Uribe. Como premio a su labor encubridora, fue elegido luego como embajador en México, donde se hizo dueño de un retiro “tranquilo”, a pesar de su compromiso evidente en actos de corrupción y una protección sistemática a las estructuras paramilitares de finales del siglo pasado y la primera década de este. Tiene hoy más de 70 años y la justicia ya prácticamente no puede tocarlo.

No obstante, el informe de la Comisión de la Verdad volvió a poner en evidencia sus compromisos criminales durante el tiempo que ejerció como Fiscal General de la Nación. Fue ternado por Pastrana y elegido por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2001, y solo un mes después ya enfrentaba un sinnúmero de escándalos por su pasado y por su labor actual. Aun así, o precisamente gracias a los actos que tanto escándalo generaban, se mantuvo en el cargo hasta el final del período, el 31 de julio de 2005. Su fiscalía se caracterizó por dar fallos favorables o cerrar los casos de los paramilitares, al tiempo que desató una persecución intensa contra los fiscales que dieron señales de querer, efectivamente, desmontar el paramilitarismo.

Tal como narra las Dos Orillas en un artículo de abril de 2003, ese fue el caso, por ejemplo, del Fiscal Delegado ante el Tribunal de Bogotá, Gregorio Oviedo, quien evidenció, entre 1997 y 1998, cuando era director del CTI en Medellín, los vínculos de la Policía y el Ejército con los paramilitares. Mostró incluso los nombres de los oficiales que servían de enlace con las AUC. Su destitución fue una de las primeras acciones de la fiscalía de Osorio; así bloqueó la investigación contra los oficiales corrompidos en las Fuerzas Armadas.

Sus mayores logros en esta estrategia encubridora tienen que ver con el cuestionado comandante de la Brigada XVII, con sede en Carepa, Rito Alejo del Río, condenado luego por la Justicia Penal Militar y hoy acogido a la JEP. El general del Río puso sus tropas al servicio de los paramilitares en Urabá y con ellos desarrolló, entre otras, la operación Génesis, que desplazó a más de 3.000 campesinos, y la Operación Cacarica, cuyo punto culmen fue la masacre de 14 personas. Por estos hechos la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez le abrió una investigación en 2001, la misma que fue cerrada por Luis Camilo Osorio en 2004.

Lo mismo hizo con la investigación que se adelantaba contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, por el asesinato, en 2003, del alcalde del Roble, Edualdo Díaz a manos de paramilitares. Él había denunciado ante el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, en un consejo comunitario, que era el gobernador Arana quien planeaba asesinarlo. Y, efectivamente, las investigaciones mostraron después que la orden de asesinato la dio Arana. Las pruebas y los testimonios fueron muchos, todos desestimados por Osorio, quien finalmente decidió frenar el caso con un auto inhibitorio.

Por estos graves hechos y muchos otros, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de mayoría uribista, abrió investigación contra Osorio. Y, como era de esperarse, no llegó a ningún lado. Por eso hoy Osorio disfruta de un retiro tranquilo, que no puede perturbar siquiera el informe de la Comisión de la Verdad que le dedica un amplio capítulo.

Néstor Humberto Martínez y su emboscada al proceso de paz.

El escándalo más sonado de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez (1016-2019) tiene que ver con su implicación en el caso de corrupción de Odebrecht, que en Colombia vincula al grupo Aval como su socio principal. Antes de ser Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez hacía parte del equipo de abogados del grupo Aval y, sin embargo, no sintió la necesidad de declararse impedido para dirigir las investigaciones contra este grupo cuando el escándalo Odebrecht le estalló en las manos, ni procedió, como era su deber, a nombrar un fiscal ad hoc. La función que cumplió en este asunto fue la de impedir precisamente que las investigaciones avanzaran e implicaran al socio colombiano mayoritario de Odebrecht en la cadena de corrupción que se había tejido en torno a la concesión de la polémica Ruta del Sol II.

En este sentido, la Fiscalía de Martínez desestimó la información presentada por el testigo clave en el caso, el auditor de la Ruta del Sol II por parte del grupo Aval, Jorge Enrique Pizano. Es más, cerró el caso de la muerte de este último como si hubiera sido un simple suicidio, cuando muchas evidencias apuntan a que fue un asesinato motivado posiblemente por la necesidad de callarlo. El historial de este asunto lo ha desarrollado la periodista María Ximena Duzán, a quien Pizano entregó una copia con múltiples documentos que probaban las coimas y los contratos ilegales o falsos tramitados desde Corficolombiana, empresa del grupo Aval, para comprar a los funcionarios y otras personalidades del gobierno claves en la concesión de dicho proyecto. Además de eso, le compartió varios audios de conversaciones sostenidas con funcionarios de Corficolombiana y con Néstor Humberto Martínez en donde advertía de dichas irregularidades, por lo cual el fiscal no podía alegar que no conocía aquellas denuncias ni los documentos que las probaban.

El Fiscal, ya en su cargo, no solo no les prestó atención a las denuncias de Pizano, sino que ocultó y alteró las pruebas, en un iPad, que la familia de éste le entregó tres días después de su muerte. La familia entregó al Fiscal General este iPad, que contenía material probatorio de la red de corrupción en la que participaba la empresa del grupo Aval, pero él nunca ingresó formalmente ni el aparato electrónico ni la información que contenía al proceso de investigación que desarrollaba la Fiscalía. Más bien se lo llevó consigo y lo regresó al otro día, sin que nunca hiciera parte de materia investigativa alguna.

Pero, al parecer, no lo devolvió tal cual lo había recibido. Análisis posteriores comprobaron que la información contenida en el dispositivo había sido manipulada. Faltaban los archivos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, justo en el tiempo en que Pizano había grabado los audios con funcionarios de Corficolombiana y con el abogado Martínez. De esa manera se logró que, al mismo tiempo en que la compañía firmaba un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que reconocía su participación en la red de corrupción, la Fiscalía colombiana concluyera que no había responsabilidad de la empresa ni del grupo Aval en dichos hechos.

Pero la actuación más aberrante de la fiscalía de Martínez, y la menos difundida, tiene que ver con su emboscada al proceso de paz, cuando empezó a demandar a la JEP la extradición de Jesús Santrich, por pedido de la justicia norteamericana, por hechos de narcotráfico. Para tal efecto, la Fiscalía nunca quiso aportar las pruebas que le exigía la JEP, alegando asuntos de confidencialidad.

El año pasado la JEP ha demandó penalmente a varios funcionarios de dicha Fiscalía (sin atreverse a nombrar a Martínez como el responsable intelectual) por mentir y ocultar información correspondiente al caso Santrich. Según el magistrado y presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, “se trató de mentir en el sentido de manifestar hechos que no eran ciertos, en particular cuando los magistrados de la sección de revisión indagaron sobre la existencia o no de un proceso de asistencia judicial internacional. La directora de asuntos internacionales negó la existencia, en principio, de dicho proceso”.

Lo que quiere decir que la Fiscalía expresamente llevó a cabo un proceso de seguimiento e infiltración a Santrich, en colaboración con el FBI, que siempre negó a la JEP. En este proceso hubo una clara incitación al delito que fue utilizada para incriminar a Santrich y, de paso, a Iván Márquez, con lo cual se hacía evidente la intención de fracturar el proceso de paz. Hecho que finalmente se logró con éxito, cuando estos dos excomandantes, firmantes del acuerdo de paz, en reacción a las amenazas de extradición, decidieron retomar las armas.

Barbosa y la nulidad perversa

Ya es un lugar común escuchar decir que Francisco Barbosa es, de lejos, el peor fiscal en la historia de Colombia; aunque eso podría ser concederles mucho a los fiscales anteriores. Lo que es claro es que su descaro no tiene límites en tanto utiliza sin recato los recursos de la Fiscalía para sus propios asuntos y sus lujos, como pagarles, con recursos de la Fiscalía, escoltas y carros de seguridad a sus mascotas o llevar a su casa como empleadas domésticas a contratistas de servicios generales de la Fiscalía. Pero ese es, para la tradición colombiana, signada por la corrupción y el despropósito, un dato menor.

Los más preocupante es lo que hay de fondo en el ejercicio de la Fiscalía dirigida por Barbosa. La ha convertido en una entidad para proteger a sus caciques políticos y hacer oposición política descarada y de frente al actual gobierno. Amén de hacer lo que han hecho sus predecesores: proteger los clanes delincuenciales y paramilitares que sustentan el poder regional de las mafias políticas.

En una columna reciente, el periodista Daniel Coronel denunciaba como un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia (designado obviamente por Barbosa) “archivó la invetigación que se seguía en contra de la vicefiscal general de la nación, Martha Janeth Mancera y de la delegada para la seguridad territorial Luisa Fernanda Obando por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buena Aventura, Valle del Cauca y el Magdalena Medio durante 2020 y 2022”. Los propios investigadores del CTI de la Fiscalía que trabajaban en cubierto en Buenaventura le informaron a la vicefiscal que tenían pruebas que implicaban al director del CTI en el puerto, Francisco Ardila Martínez, alias Pacho Malo, como persona clave en el comercio de armas y narcóticos allí. Los denunciantes fueron quienes terminaron encausados por concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Todo ello, sin duda, será olvidado. Pero el fiscal Barbosa pasará a la historia por archivar, sin justificación alguna, las investigaciones de la ñeñepolítica, que implicaban seriamente al presidente Iván Duque, y por haber montado una estrategia para defender (cuando se supone que su papel es fungir como ente acusador) y dilatar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado por la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos, que tiene de fondo su compromiso con el paramilitarismo. A todas luces, es una Fiscalía al servicio de los delincuentes de la alta sociedad.

No hay que olvidar que al Fiscal General de la Nación lo propone el Presidente mediante una terna, que la cual debe elegir un nombre la Corte Suprema de Justicia, después de estudiar su perfil y su historial. De esta manera es fácil llegar a la conclusión de que el aparato de justicia en Colombia está hecho para mantener la injusticia estructural en este país y garantizar la impunidad de los delincuentes de alta alcurnia que se benefician de ella.